Assadi fue condenado a 20 años de cárcel —la pena máxima— por un tribunal de Amberes por "intento de asesinato de carácter terrorista" y "participación en actividades de un grupo terrorista". El atentado que planeó fue "concebido en nombre de Irán y bajo su impulso", según la Seguridad de Estado belga. A sus tres cómplices les cayeron entre 15 y 18 años de cárcel y la pérdida de la nacionalidad que habían adquirido años atrás.

El "intento de asesinato" consistió en acabar con la vida de Maryam Rajavi, la lideresa del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, más conocido como los Muyahidines Khalq, el principal grupo opositor al régimen de Teherán. Ese día celebraba en Villepinte, en la periferia de París, un acto en el que participaron varios expolíticos españoles, empezando por Fernando Maura Barandiarán, que fue eurodiputado de Ciudadanos.

Assadi entregó unos días antes, en el Pizza Hut de Luxemburgo, a un colaborador, Amin Saadouni, belga de origen iraní, un artefacto explosivo compuesto por medio kilo de peróxido de acetona (TATP) que debía hacer estallar junto a Maryam Rajavi. Saadouni y su esposa, Nasimeh Naamani, pusieron rumbo a París, a bordo de un Mercedes. En Villepinte les esperaba un cómplice que les guiaría hasta la lideresa. Aún no habían salido de Bruselas cuando la policía belga les interceptó. El Mossad (servicio secreto israelí) le había dado el soplo, según cuenta el diario Wall Street Journal.

Assadi invocó durante el juicio la inmunidad que supuestamente le otorgaba su estatus diplomático y se negó a sentarse en el banquillo. Siguió el juicio desde la prisión. Su inmunidad era válida en Austria, el país donde estaba acreditado, pero no en Alemania, donde fue detenido cuando regresaba a Viena.

"El juicio y el veredicto son ilegales y constituyen una flagrante violación del derecho internacional", declaró entonces Said Khatibzadeh, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. La reacción iraní no se circunscribió a una mera declaración de protesta. En febrero, fue detenido el cooperante belga Olivier Vandecasteele, que llevaba seis años en el país trabajando para la ONG Relief International y, previamente, para el Norwegian Refugee Council.

Quedó pronto claro que Vandegasteele no era uno más de esos extranjeros detenidos en Irán para presionar a países de la Unión Europea o, más recientemente, para tratar de demostrar que las protestas callejeras desde septiembre son instigadas por agentes a sueldo de potencias occidentales. Dos españoles, Santiago Sánchez Cogedor, desde hace tres meses, y Ana Baneira, desde hace casi dos, están también detenidos en Irán.

"Parece que [su encarcelamiento] es el reflejo de la condena a 20 años que cumple en Bélgica un ciudadano iraní", comentó con cautela Olivier Van Steirtegem, portavoz de la familia del cooperante Vandegasteele. Expresó su preocupación por el estado de salud de su amigo en Irán, que en noviembre pasado inició una huelga de hambre.

Al Gobierno belga solo se le ocurrió una solución para conseguir que Vandegasteele regrese a su país: firmar un acuerdo de cumplimiento de condenas con Teherán mediante el cual Assadi sería enviado a Irán para, en teoría, pasar allí en una prisión los años que aún tiene pendientes. En el fondo, todos saben que sería puesto de inmediato en libertad. El cooperante belga sería, a su vez, entregado a Bélgica.

El Gobierno belga presentó al Parlamento federal, con carácter de urgencia, un tratado internacional sobre cumplimiento de condenas penitenciarias con Irán que, en la práctica, permitiría ese intercambio. Fue aprobado al mes siguiente y, en noviembre, también lo ratificó Ebrahim Raissi, el presidente de la República Islámica.

La Corte Constitucional belga se cruzó, sin embargo, por medio y desbarató el proyecto. En un auto, suspendió cautelarmente el tratado, asumiendo, en parte, los argumentos de los exiliados iraníes en Europa. La entrega a Irán y posterior puesta en libertad de un condenado por terrorismo supone para los refugiados "un riesgo grave y difícilmente reparable", argumenta. Ahora la Corte dispone de tres meses para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

La reacción iraní al auto no se hizo esperar. El Gobierno belga supo que Vandegasteele había sido juzgado y condenado a 28 años de cárcel, aunque desconoce de qué se le acusa. Cumple la condena en la cárcel de Evin en Teherán. El primer ministro, Alexander De Croo, y los titulares de Asuntos Exteriores y de Justicia se reunieron de inmediato con la familia del cooperante para comunicárselo.

"La Corte ha echado por tierra todo el montaje puesto a punto por el Gobierno belga" para rescatar a Vandegasteele, comentó desolado en Bruselas el portavoz de la familia. "No hay un plan B", afirmó. El Ejecutivo belga prepara, no obstante, con sus servicios jurídicos la respuesta al auto del Constitucional. Intentará así que en marzo no se ratifique en su anterior decisión.

Ante el riesgo de que Irán incremente aún más la presión deteniendo a más ciudadanos belgas, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a los 200 belgas que residen en el país que se marchen cuanto antes. "Cualquier visitante o residente (...) corre un elevado riego de ser detenido de forma arbitraria y de ser juzgado sin garantías", reza un comunicado. "Este riesgo también incluye a las personas que efectúan un viaje turístico", añade. "En caso de detención, el respeto de los derechos fundamentales y la seguridad de las personas no están garantizados", recuerda.

El único pequeño consuelo para la familia de Vandegasteele ha sido en estas fechas navideñas que, por primera vez en 10 meses, han podido verle. Las autoridades penitenciarias iraníes le permitieron hacer una breve videoconferencia en Nochebuena, pero con la condición de que se expresara en inglés y no mencionara el juicio al que había sido sometido. Aun así les dijo de pasada que fue un "simulacro". En las imágenes aparentaba estar muy delgado. Vestía una mera camiseta pese a que en Teherán el termómetro no rebasa los 10 grados y en la cárcel de Evin hace frío. Supieron también que padecía una infección en un pie.

La Unión Europea empezó a aprobar, a partir de enero de 2019, sanciones específicas contra el titular del Ministerio de Inteligencia iraní, Mahmud Alavi, y varios miembros de su equipo. Sus haberes fueron bloqueados y pasaron a formar parte de la lista de viajeros que no pueden entrar en Europa. Son medidas insuficientes para disuadirles de practicar el chantaje.

https://www.elconfidencial.com/mundo/2023-01-09/chantaje-iran-jefe-espias-condenado-terrorismo_3551228/