En el 2024 se llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos. Y todo indica que el fentanilo, seguridad en la frontera y el tema migratorio definirán quién será el siguiente presidente.
Síndrome de la emboscada. Con esta frase el Embajador
John Feeley, describe cuál es el estado de la relación bilateral entre México y
Estados Unidos. Con más de 30 años de experiencia en el Departamento de Estado,
Feeley fue el encargado de negocio en la embajada de Estados Unidos durante
parte del sexenio de Felipe Calderón. En una entrevista para mi programa de TV
“Gabinete de Seguridad”, entrevista que en su mayoría fue transmitida en la mañanera
esta semana a petición del Presidente López Obrador, Feeley narró cómo, desde
el 2010, un agente de la DEA no compartió su conversación con Sergio Villagrán,
“El Grande”, quien le había proporcionado información que vinculaba a Genaro
García Luna con el Chapo Guzmán. En la entrevista, el Embajador Feeley asegura
que de haber tenido esta información (misma que el agente Miguel Madrigal
detalló cuando testificó en el juicio de García Luna), hubiera tomado los pasos
necesarios para acotar el daño y desvincularse del Secretario. Hay que recordar
que el Gobierno de Estados Unidos entregó millones y millones de dólares en
equipo y capacitación, mediante la “Iniciativa Mérida” para apoyar a García
Luna en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal.
Y es que, como muchos analistas han subrayado en las
últimas semanas, y yo me incluyo entre ellas, no solo enjuician a García Luna,
también está en la picota pública la relación bilateral en materia de seguridad
de los últimos 30 años. Al igual que en México, en el gobierno de Estados
Unidos la pregunta surge de quién sabía y por qué se continuó trabajando con
García Luna, aún después de que dejara la Secretaría de Seguridad Pública en el
2012. Obviamente los funcionarios estadounidenses que procesaron la visa y la
eventual ciudadanía del ahora condenado en Nueva York no tenían la información
que tenía la DEA, de lo contrario, no le hubieran proporcionado los documentos
necesarios que le permitieron vivir en Estados Unidos hasta su arresto y
detención.
Y ahora en México y Estados Unidos continuará la cacería
para identificar quién sabía, por qué no se informó, quién se benefició y quién
asumirá los costos políticos. El Senador Chuck Grassley exigió que, en menos de
un mes, el FBI y la DEA entreguen todos los videos, audios y documentos donde
se haga referencia a García Luna. Seguramente el Departamento de Estado buscará
arrastrar los pies ante la demanda de los legisladores. Como lo explicó el
Presidente López Obrador, todos tenemos que esperar a la audiencia en junio
para que se defina no solo la sentencia que recibirá el condenado, pero muchos
estarán a la expectativa de descifrar si García Luna estuviese dispuesto a
cooperar con las autoridades.
En la última parte de la entrevista con John Feeley, que
no se transmitió en la mañanera del Presidente López Obrador, el embajador
contesta una pregunta fundamental: ¿Qué sucederá con la relación bilateral
después del juicio de García Luna? En México se vivirá el síndrome de la
emboscada”, contestó el invitado: después de cooperar con los estadounidenses,
funcionarios mexicanos se estarán cuestionando en qué momento estos “pinchi
gringos” me perseguirán usando información que el gobierno de México les ha
proporcionado. A la luz de los operativos Rápido y Furioso, la detención del
General Salvador Cienfuegos, y ahora el juicio de García Luna, desconfianza
será la definición del futuro de la relación bilateral. Esto se está
traduciendo en un grave deterioro en la cooperación y coordinación entre ambos países,
por lo menos unos ocho años.
Y continuarán las investigaciones en ambos países. En los
Estados Unidos, las agencias tendrán que responder ante legisladores
republicanos y demócratas del apoyo en millones y millones de dólares del
erario que recibió México, dinero que estos argumentarán se tiraron a la
basura. Ante la cerrazón en la relación, tampoco sorprende que entre las
soluciones que de nuevo surgen por parte de los legisladores estadounidense es
que se declaren a las organizaciones criminales en México como terroristas.
Obviamente es una solución política que posiblemente no
tenga un impacto inmediato en la persecución de los “terroristas” mexicanos que
trafican fentanilo a los Estados Unidos y que están resultando en la muerte de
un número histórico de jóvenes. Pero el impacto sería político. En el 2024 se
llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos. Y todo indica que el fentanilo,
seguridad en la frontera y el tema migratorio definirán quién será el siguiente
presidente. Y a falta de cooperación, entonces lo único que queda es la
pantomima y el síndrome de la emboscada.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/2023/03/03/sindrome-de-la-emboscada/