Pretender concentrar todo el poder constituye de suyo una actitud antirrepublicana y antidemocrática. Porque ni aun en las monarquías contemporáneas se busca que haya un soberano con poderes supremos y control absoluto de toda la cosa pública. Cuando eso ocurre o se está ante una tiranía o ante una forma de absolutismo posmoderno. Y ninguna de esas figuras son deseables para nuestro país (el autor se refiere a México).
La división de poderes es una de las condiciones más
elementales de la democracia moderna. En las grandes obras de Montesquieu,
Locke y Sieyes, pero igualmente en las obras de los ilustrados norteamericanos:
Paine, Jefferson y Franklin, se establecieron las bases del planteamiento de un
poder dividido para evitar la concentración excesiva del poder, pero también
para garantizar que el poder central de una República pudiera avasallar a los
poderes locales de los estados que la componen.
La democracia, en ese sentido, ha establecido
tradicionalmente mecanismos para la conservación y fortalecimiento del poder
central del Estado nacional, pero igualmente equilibrios y contrapesos para
lograr que todas las estructuras orgánicas del poder estatal tengan voz,
representación y posibilidad de incidir en las decisiones públicas con el
propósito de garantizar la solidaridad y el desarrollo integral de los países.
La tradición democrático-republicana en México ha
apostado por esos senderos. Nuestro Constituyente de 1917 determinó,
efectivamente, que el nuestro debía ser una República democrática. En efecto,
con las reformas que se le han hecho a lo largo del tiempo, el artículo 40 de
nuestra Carta Magna dice claramente: “Es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal,
compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una Federación establecida según
los principios de esta ley fundamental”.
Tener esto siempre en consideración es relevante; porque
si algo está en juego en la próxima elección del 2 de junio es precisamente la
garantía de respeto al orden constitucional y a la división de poderes que debe
prevalecer, de la mano con los espíritus federalista y municipalista contenidos
en nuestra Ley Suprema.
De manera afortunada, ninguna de las candidatas punteras
ha planteado hasta el momento la idea de una reforma constitucional que buscara
reformar el artículo señalado. Sin embargo, en los hechos, de manera histórica
los titulares del Ejecutivo se las han arreglado para controlar o pretender
controlar e incidir no sólo en la integración de los otros Poderes de la Unión,
sino que incluso han intentado, con mayor o menor éxito, someterlos a sus
lógicas y decisiones.
El ejemplo más cercano y poderoso lo tenemos en la figura
del presidente López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha definido tanto
al Legislativo como al Judicial, en la dicotomía de ser, en lo que en su visión
es una “facción”, como instancias que “buscan frenar su proyecto de
transformación” y, en sentido opuesto, habla de “un bloque progresista,
comprometido con el cambio y la renovación moral de México”.
Sin duda alguna, tanto el Legislativo como el Judicial y,
en la misma tesitura, los gobiernos estatales y municipales, deben estar al
servicio del pueblo de México, pero, en todo caso, el pueblo debe ser entendido
como la totalidad de la ciudadanía y no sólo como el conjunto de personas que
simpatizan con el Ejecutivo federal.
En ese sentido, la elección habrá de definir, en sólo
seis semanas, el modelo de gobierno que podrá o no implementar quien gane la
Presidencia; pues si de la elección resulta, por ejemplo, un Congreso dividido,
se tendrá una mayor posibilidad de abrir nuevos canales de diálogo, de
interlocución y de debate abierto y respetuoso sobre las cuestiones centrales
del desarrollo democrático y social del país.
La división de poderes, en ese sentido, implica no sólo
una estructura orgánica sólida del Estado, sino, al mismo tiempo, la
posibilidad de que la ciudadanía esté adecuadamente representada; pues el
pluralismo democrático es otro de los presupuestos fundamentales de nuestro
orden constitucional y legal.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/concentrar-todo-el-poder-no-es-democracia/1647805