El proceso educativo está relacionado directamente con el éxito de las tareas que un país se propone realizar para alcanzar nuevos estadios de bienestar y calidad de vida.

Nuestro país abrazó conscientemente la premisa del reto educativo para impulsar la transformación de la sociedad, a partir fundamentalmente del establecimiento del derecho social a la educación y las acciones estatales para lograr gratuidad, obligatoriedad y laicismo en la acción educativa pública. En México se ha alentado a la función social educativa como, tal vez, el proceso fundamental del cambio en nuestra sociedad.

No es factible participar en un concierto mundial de alta competencia sin un nivel óptimo de preparación del pueblo para asumir tareas propias de desarrollo político, económico y cultural. Bien se afirma que la mayor riqueza de una nación es su pueblo y éste puede realizar una aportación singular al cambio cualitativo si se encuentra debidamente preparado y capacitado para generar una convivencia política armónica, elevar la productividad en todos los órdenes e impulsar las actividades del intelecto en beneficio de una vida plena.

Recién se inicia una nueva administración federal. Con responsabilidad frente a las generaciones presentes, el gasto público federal destina recursos sin paralelo para atender la demanda de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Ahí está marcado el énfasis de la trascendencia que se asigna al proceso educativo como eje de la igualdad de oportunidades y de la superación colectiva de nuestro pueblo.

En esa tarea existe una responsabilidad compartida entre las autoridades educativas del país y el personal a cargo de la docencia en las aulas. Si en cualquier actividad humana es relevante la conjunción de los diversos factores que pueden permitir un resultado positivo, en la labor educativa los maestros descuellan por la alta responsabilidad que han asumido.

Sabemos que el sindicalismo no puede ser ajeno a las preferencias políticas, pero también debemos afirmar que la legítima organización gremial de los docentes, al convivir con la diversidad política, requiere que la contribución de los maestros al diseño de la política educativa y a la concreción de sus objetivos sea ajena a interpretaciones excluyentes, partidistas o cerradas al mundo de la pluralidad de las ideas.

El nuevo régimen federal y el Congreso deben reflexionar sobre la pertinencia de impulsar auténticas políticas del Estado mexicano en las materias que puedan generar acuerdos sólidos de beneficio para el país, con base en criterios suprapartidistas.

En la responsabilidad de alentar la mejor contribución de los docentes al proceso educativo y de impulsar un diálogo incluyente de la diversidad política nacional, se encuentran los retos fundamentales de la secretaria Josefina Vázquez Mota. Su experiencia en propiciar el diálogo, buscar entendimientos y establecer acuerdos será fundamental para que las tareas educativas atiendan el objetivo de incrementar la formación de niños y jóvenes y, en general, de todo compatriota a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El sentido de la educación mexicana obedece a la filosofía política inscrita en el artículo tercero constitucional. Practicarla puede ser la principal fuente de credibilidad a los programas por realizar.

Ex gobernador de Querétaro