El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Perú, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso en un autogolpe que despertó la genuina indignación de los demócratas del continente americano, pero que le brindó gran popularidad en su país. Esta medida arbitraria concentró el poder en sus manos, barriendo con un escenario para la expresión de las fuerzas opositoras, siendo un paso clave para la instauración del régimen fujimorista que se extendió por ocho años más combinando el uso de la violencia, la corrupción y la espectacularidad.

En el siglo XXI se ha puesto de moda el neofujimorismo: los presidentes neopopulistas que están surgiendo por las urnas están emulando a Alberto Fujimori, recurriendo en forma abierta o solapada a disposiciones para reducir o eliminar a los congresos de sus respectivos países, acallando a quienes tienen como uno de sus roles fundamentales el control de las acciones del poder ejecutivo. Los neofujimoristas tienen el mismo discurso de "limpieza" que su mentor: descreen del sistema de partidos políticos, del parlamento, del debate democrático y proponen soluciones rápidas, simples y efectistas. Tras la generalizada acusación de corrupción de los políticos tradicionales -que en muchos casos resulta cierta-, se elimina el equilibrio y división de poderes que define al régimen republicano, colocando a los congresos y al poder judicial como meros apéndices de la voluntad indiscutible del Poder Ejecutivo.

El neofujimorismo viene encarnado por la oleada de nuevos presidentes que dicen ser de izquierda, pero que no sólo no logran definir qué entienden por socialismo, sino que además tienen un tufillo que recuerda el histriónico estilo de Benito Mussolini. El presidente venezolano Hugo Chávez tiene la potestad de legislar por un año y medio, tras la delegación que le hizo el congreso de su nación. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, recientemente asumido, ha logrado la destitución de parlamentarios opositores y la asunción de diputados suplentes que están de acuerdo con su plan de reforma constitucional. El nicaragüense Daniel Ortega también acaricia el proyecto de cambio del texto constitucional, contemplando la creación de "asambleas del poder popular" que disminuirían las atribuciones del parlamento.

La fantasía del "hombre fuerte", del "líder providencial", sigue cautivando a muchos latinoamericanos, como si las experiencias pasadas, vía electoral o por el atajo de los golpes de estado, no hubieran acabado en fracaso. La fragilidad institucional, la inseguridad jurídica y la concentración del poder presidencial son los síntomas de sociedades en las que predomina una lógica plebiscitaria del "sí" o el "no" en términos absolutos que anula el pluralismo. Y esto, en medida considerable, es resultado de la baja calidad de los liderazgos democráticos en la región, no sólo fallidos en la gestión, sino que tampoco se han preocupado en transmitir los valores republicanos a los sectores sociales más receptivos al discurso paternalista autoritario.

El autor es historiador, Director de la Carrera de Ciencia Política en la Universidad de Belgrano,  investigador de la Fundación Hayek e Investigador Asociado de CADAL.