Algunos dirán que ambas competencias se asemejan más de lo imaginado, ya que ambas son a muerte, y tendrían razón, lo cual exhibe la miseria moral de la sociedad hoy.

Prioridad de prioridades y expediente mediático, ¿pero será duradero? ¿Y se justifica el derrotero elegido por Calderón? Ya a los pocos meses de iniciada la guerra brotan la polémica, las contradicciones y los peligros: el Ejército, constitucionalmente, está impedido para ser policía interna. Pero además de la inconsistencia jurídica se le están imponiendo al Ejército tensiones adicionales para lo cual no está preparado. Tensiones que se transfieren a la sociedad entera.

Una primera consecuencia: el Ejército cazando delincuentes entre el pueblo se convierte en un irremediable violador de derechos humanos, con su consecuente degradación y la del gobierno que lo dirige. Pero no sólo el deshonor del Ejército, sino que sectores cada vez más amplios terminarán por perderle respeto, negándolo, despreciándolo, temiéndolo.

Porque además de la violación de los derechos humanos, que denuncian ya distintas instituciones, las funciones de policía del Ejército hacen que la sociedad sufra la represión que inevitablemente se produce en una sociedad militarizada. O, para usar un término más suave, la "inhibición" de las movilizaciones sociales que también produce es vista ya como una nueva situación en que, si el Ejército en las calles es la "prioridad de prioridades", la sociedad vive inevitablemente en un escenario en que la fuerza priva sobre el derecho y la "seguridad" sobre las prerrogativas constitucionales. La militarización de la sociedad irrevocablemente es contraria al respeto de los derechos humanos y de los derechos democráticos.

Pero además, colocado el Ejército en el medio mismo de la corrupción que invade al país, la pregunta inevitable es: ¿terminará también por ensuciarse, a todos los niveles, lo cual no sería ninguna novedad vistos antecedentes bien conocidos? ¿Estamos ya en esa ruta?

Surgirán además roces desgastantes entre Ejército y cuerpos de policía que participan en los operativos. La peligrosidad inherente de la guerra y sus "candilejas" publicitarias originan también competencias interinstitucionales por fama y dinero que contribuyen a su deterioro, a su corrupción.

Por ejemplo, debe explicarse el anémico resultado de la movilización del Ejército por lo que hace a delincuentes aprehendidos, y la multiplicación de crueles atentados a miembros del mismo Ejército y a jefes policiacos y funcionarios que están siendo eliminados. Sobre los magros resultados en detenciones el obvio motivo se anuncia por el lado de la corrupción: cada movimiento del Ejército o de la policía se advierte por adelantado a los delincuentes, preparándolos para la respuesta o facilitando su escape.

La prensa diaria ha dado cuenta de una reacción sangrienta de los criminales, que todos los días asesinan a jefes militares, policiacos o civiles de un cierto nivel. ¿Qué persiguen con ello? Amnistía Internacional de Londres afirma: "Los gobiernos poderosos y los grupos armados están fomentando ´deliberadamente´ el miedo ´para erosionar los derechos humanos´ y crear un mundo ´cada vez más peligroso´ y tan polarizado como en los peores tiempos de la guerra fría".

No se trata de acuerdos entre pandillas que libran una guerra sin cuartel por mercados y territorios, sino de un "estilo" de trabajo coincidente para implantar el terror y ablandar a los agentes del gobierno, cualquiera que sea su uniforme. Para el personal militar y policiaco, y para los funcionarios involucrados en esta lucha, de la que no escapan jueces y variados agentes judiciales, no queda más que la siniestra alternativa colombiana: "Plata o plomo". Plomo (y flagrantes violaciones humanas) a las que también recurren los agentes gubernamentales con la ilusión de "ablandar" a los capos respectivos, y corrupción desencadenada. Tenaza de hierro que sufre la sociedad entera.

Guerra de complejidades infinitas, pero con la impresión de que el gobierno, con su "prioridad de prioridades" movilizando al Ejército, se ha lanzado gravemente a la militarización de la sociedad entera. ¿O al menos de un buen número de regiones en que el Ejército se convierte de facto en la suprema autoridad? ¿Y las terribles consecuencias en derechos humanos y en el freno a la protesta social, en la práctica la disminución de las libertades, negaciones que a la postre son más destructivas que la acción del propio crimen organizado?

Las preguntas están en el aire pero con un profundo sentido de insatisfacción, como si la decisión hubiera sido la más próxima y obvia pero sin medirse a fondo sus peligros. ¿Se trata sólo de violencia contra violencia y de armas contra armas? ¿Y dónde quedan la democracia y los derechos humanos? La simplificación es la peor consejera de un gobierno.

Escritor y analista político