Este aserto se dio en el marco del seminario “Seguridad y derechos humanos” organizado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey (campus ciudad de México) junto con la embajada de Colombia.

El revuelo causado por la presencia aquí de una delegación de alto nivel de ese país sudamericano ha sido mayúsculo. La atención se ha centrado en dos revelaciones fundamentales: la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo mexicano y, de acuerdo con las declaraciones vertidas por el fiscal general, Mario Inguarán, la posible existencia de agentes de seguridad colombianos en nuestro territorio para combatir a los cárteles de la droga.

En realidad, en ese seminario se trataron una gran cantidad de temas que fueron expuestos por funcionarios y expertos de ambos países. Del conjunto de las exposiciones quedó claro que para los colombianos fue un error permitir que el Estado se abstuviera de intervenir en la economía y en la sociedad. Adelgazar al Estado significó debilitarlo. Eso facilitó la infiltración de los grupos delincuenciales en las instituciones públicas.

De igual manera, el proceso de retracción gubernamental provocó que las FARC avanzaran política y territorialmente. De hecho, según se dijo, esta organización subversiva es el cártel más grande de Colombia y “trafica con todos los grupos de la droga en México”. En paralelo mantienen un aparato político clandestino: “A través de grupos de estudios y círculos bolivarianos en los que pregonan la lucha de clases, el odio de clases y la lucha antiimperialista”.

En una reacción de supervivencia los colombianos cambiaron su estrategia para fortalecer al Estado y ganarle la iniciativa a las organizaciones que actúan fuera de la ley. Echaron a andar un programa integral de combate al narcotráfico y a la guerrilla. Apuntaron, prioritariamente, a desmantelar el vínculo entre la política y el crimen organizado: hoy, por ejemplo, están en la cárcel 40 parlamentarios relacionados con la delincuencia al tiempo que se están poniendo en práctica programas de reintegración a la vida civil de personas que por diversos motivos se habían levantado en armas.

Es significativo que el 10 de septiembre pasado se haya logrado capturar a Diego Montoya, líder del cártel del Valle del Cauca, hecho que constituye un golpe al crimen organizado sólo comparable con la caída de Pablo Escobar en 1993. Con esta y otras acciones los colombianos están revirtiendo la tendencia degenerativa de su país. Y lo están haciendo en el marco de la ley. Para ellos la seguridad nacional representa el cinturón de protección de la democracia, no su sustituto.

Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo a los asistentes: “Mírense en nuestro espejo antes de que sea demasiado tarde”. La cuestión es saber si en México podremos sacudirnos el dogmatismo según el cual el Estado es un mal que debe ser reducido a su mínima expresión. Elemental: sin instituciones políticas y sociales fuertes no hay democracia digna de tal nombre.

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Académico del ITESM-CCM