Es cierto que no hay recursos nacionales suficientes para combatir a organizaciones criminales que cada año acrecientan su poder económico en más de 60 mil millones de dólares, según la estimación que hace EU sobre la ganancia que arroja la venta ilegal de drogas en su territorio.

Sin embargo, el gobierno de Calderón no demuestra la misma urgencia para crear una política de seguridad nacional y reorganizar los esfuerzos de todas las agencias de seguridad y de las propias Fuerzas Armadas alrededor de un plan estratégico común.

Las Fuerzas Armadas mexicanas han empezado por su parte un proceso lento y cuidadoso para intercambiar experiencias y desarrollar operaciones, con la mira a largo plazo en un sistema de planeación estratégica conjunta. Aunque el proyecto ha implicado un intercambio de información, entrenamiento y personal entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, cada una de las dependencias sigue luchando por separado por allegarse el máximo de recursos para sus instituciones.

Una situación similar ocurre en los cuerpos de policía. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración propuso la creación de un cuerpo policial único a nivel federal, no hay ningún plan similar para resolver la desintegración y distribución ineficaz e inequitativa de los recursos que prevalecen en los cerca de mil 600 cuerpos policiacos mexicanos.

Según el Comité de Abogados por los Derechos Humanos de EU, 87 del total de municipios que existen en el país (INEGI asegura que son 2 mil 445) concentran 68% de los 330 mil policías preventivos que hay en el país. Unos 335 municipios carecen de policía local y los cuerpos de policía preventiva de 2 mil municipalidades tienen no más de 100 elementos en cada uno.

El paquete que negocian los gobiernos de Calderón y George W. Bush está alejado de esta realidad. El llamado Plan México intenta conseguir una sinergia operacional eficaz entre las agencias de seguridad de México y EU, principalmente entre sus Fuerzas Armadas.

Pero es difícil pensar que esa sinergia binacional pueda existir rápidamente, pues no existen aún niveles adecuados de sinergia interna, interoperabilidad y confianza entre los cuerpos de seguridad en México.

El gobierno estadounidense se ha mostrado dispuesto a entregar a México un paquete de tecnología policial y militar, valuada en por lo menos mil 400 millones de dólares, el equivalente aproximado a 30% de la suma de los presupuestos anuales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. El pasado fin de semana, el Congreso de EU autorizó al Departamento de la Defensa a utilizar recursos extraordinarios para fortalecer el combate a las drogas en México.

Aunque los detalles de esa ayuda aún no emergen en forma oficial, el procurador general de la República ha adelantado que se trata de la creación de una plataforma de detección e interceptación, tanto aérea como naval, de cargamentos de drogas.

Normalmente, el monto de ese tipo de ayuda militar está calculado con base en los precios subvencionados que, año con año, autoriza el Congreso de EU para su entega a gobiernos extranjeros que cooperan con la lucha contra el tráfico de drogas. Los precios reales de esa tecnología de detección podrían representar hasta 10 veces el valor subvencionado.

Mientras el Congreso de EU examina ese proyecto de ayuda a México, antes de aprobarlo, el Senado mexicano no parece realizar un escrutinio similar para saber qué dependencias recibirán la transferencia de tecnología militar, con qué objetivos, de acuerdo con qué plan, con base en qué diagnóstico.

Acuerdos similares en el pasado han resultado en un desastre, como sucedió en 1996, con el caso de la transferencia de 73 helicópteros Huey que animó a la Secretaría de la Defensa Nacional a crear un número similar de grupos aeromóviles de fuerzas especiales.

Los departamentos de logística de ambas Fuerzas Armadas, las estadounidenses y las mexicanas, no tuvieron comunicación entre sí y México se agotó en unos meses las refacciones que estaban programadas para todo un año. México tuvo que bajar a tierra esos helicópteros y devolver la mayor parte, porque encontró después que el Departamento de la Defensa había decidido suspender el uso de esos helicópteros por razones de seguridad. Los grupos de fuerzas especiales del Ejército mexicano se quedaron entonces sin la capacidad de aereomovilización.

Ese incidente enfrió las relaciones militares binacionales durante varios años. En realidad, la decisión estadounidense de donar esa tecnología aérea fue caprichosa y espontánea. No correspondía a ningún plan para diseñar una fuerza militar adecuada ni construir una capacidad efectiva. Oficiales cercanos al entonces secretario de Defensa recuerdan que William Perry preguntó, al abordar el avión, a qué país iba y qué iba a hacer. Va usted a México y a visitar al secretario de la Defensa, le dijeron al secretario.

Esa experiencia demuestra acaso que la toma de decisiones apresurada en materia de política de defensa o política militar podría acarrear más problemas que beneficios.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas