Hoy lo estamos viviendo con el caso del señor Fox y su esposa, la señora Marta Sahagún, quizás la pareja presidencial más siniestra que ha tenido nuestro país en toda su historia. No sólo no quiere entender que ya ha dejado el poder, sino que quiere seguir apareciendo en los medios. Y lo está logrando, con los peores resultados. De nada sirve lo que ha afirmado el aspirante a presidente del PAN, el señor Germán Martínez, de que fue un gran presidente y espera que sea también un buen ex presidente. No ha sido lo uno ni lo otro.

Gracias a su protagonismo y a los actos de corrupción que poco a poco han ido surgiendo y que fueron realizados durante el sexenio pasado, dentro de los cuales aparecen involucrados familiares de la señora Fox, además de su irresponsabilidad en el manejo informativo sobre sus posesiones, la Cámara de Diputados decidió crear una comisión investigadora de los bienes de la familia Fox.

Y es aquí donde radica el problema de la confusión de responsabilidades en materia de combate a la corrupción, ya que uno se pregunta: ¿qué no existe en la Cámara de Diputados un órgano especializado en la investigación del uso y aplicación de los recursos públicos como es la Auditoría Superior de la Federación? Este debería haber sido el órgano encargado de realizar las pesquisas que ordenaran los diputados y no al revés.

El comunicado del pasado martes sobre la primera reunión de la citada comisión es la mejor demostración de lo que pueden hacer personas con buena voluntad pero inexpertas en el tema, ya que de inicio han decidido citar a comparecer a los titulares de Petróleos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria, además de funcionarios del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, agregando a los señores Lino Korrodi y Luis Miguel Moreno. Esto sólo como resultado de la primera reunión.

Lo anterior corrobora lo que generalmente ha ocurrido en nuestro país cuando el Congreso decide, de manera espectacular, crear comisiones para averiguar tal o cual denuncia. El final, el terrible final es que no llegan a nada, pues la inexperiencia y el tiempo los comen.

En el caso concreto de la familia de los Fox es muy sencillo lo que buscan, por lo que no se entienden las razones para citar a algunos funcionarios que para el efecto no pareciera que tengan que ver, por lo menos en esta instancia.

De lo que se trata es de averiguar si el patrimonio del señor Fox es congruente con sus ingresos y, sobre todo, con lo asentado en sus declaraciones de situación patrimonial, las cuales debe tener en su poder la Secretaría de la Función Pública.

Han aparecido ya algunas notas en las cuales se revela que el ingreso declarado por el ex presidente es mucho mayor al que recibió por el cargo que tenía. Esto es lo que debe explicar y para ello no se necesita citar a tanta gente. La comisión creada tiene vigencia hasta el mes de abril del próximo año, y durante ese lapso de tiempo difícilmente obtendrá algún resultado con el esquema de trabajo que se ha planteado.

Parte del problema radica en el desmantelamiento de la Secretaría de la Función Pública realizado a ciencia y conciencia por el gobierno panista de Fox, razón por la cual durante todo su sexenio poco se supo del actuar de esta dependencia en materia de combate a la corrupción, a pesar de las denuncias que se presentaron concretamente contra los hijos de la señora Fox, y más bien se dedicó a promover el servicio civil de carrera, lo cual está bien, pero su misión fundamental era y es otra.

Ahora, tal y como hemos visto, con el gobierno panista actual se cometió el error de politizar esa secretaría; le ha servido al señor Germán Martínez de mero trampolín para conseguir la presidencia del PAN. ¿Qué hizo durante el año que estuvo al frente de esta dependencia tan importante el próximo presidente panista? Nadie lo puede decir.

Hoy hay un nuevo secretario y habrá que comenzar de nuevo la historia, pero si los panistas consideran que este organismo del Ejecutivo puede ser un buen trampolín político, la corrupción y la componenda seguirán vigentes como, por lo visto, fue la norma en el sexenio pasado.

Si verdaderamente se pretende combatir la corrupción en el servicio público, la Secretaría de la Función Pública deberá actuar con mano severa y, en caso de encontrar ilícitos, proceder a denunciarlos ante la Procuraduría General de la República, situación que rara vez ocurre.

El Congreso debe investigar lo que crea conveniente, pero a través de su órgano autorizado y no como una ocurrencia de algunos diputados sin la experiencia necesaria en materia de encontrar la corrupción, que en muchos casos es muy sofisticada. Acordémonos de la frase que dice “los acusan de corruptos, no de tontos”.

La comisión que investigó a los hijos de la señora Fox y esta última que investiga la fortuna de la “familia presidencial” deberían desaparecer y dejar que los profesionales hagan su trabajo, en el entendido de que efectivamente se pretende llegar a las últimas consecuencias y a la verdad, porque si el objetivo es otro, el camino es el correcto. El tiempo dirá si se puede proceder contra un cínico copresidente de la Internacional Democrática de Centro, que sin duda deben estar orgullosos de él, que declara textualmente que “la ética, la transparencia y la rendición de cuentas ha sido norma permanente a lo largo de mi vida”.

Analista político y economista