La historia podría repetirse, pero ahora en el terreno político, con saldos igualmente trágicos y por los mismos motivos: la falta de decisiones entre el equipo que llega y el que sale.

El conflicto de Oaxaca podría convertirse en el equivalente a un peso sobrevaluado y a punto de explotar. En el otoñó de 1994 nadie quiso asumir la factura política de una devaluación que desde meses antes era imprescindible. Carlos Salinas y Pedro Aspe (su secretario de Hacienda) no quisieron comprometer los elevados índices de popularidad con los que cerraron su sexenio. A los 20 días de haber asumido el poder, en aquel diciembre funesto, la bomba estalló en la cara de Zedillo y del nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche. La tragedia le granjeó a Salinas un exilio forzado y a Serra Puche el fin de su carrera política. Pero sobre todo, condenó al país a una recesión que todavía no cicatriza del todo.

El caso de Oaxaca anticipa un infortunio que podría alcanzar tales proporciones. Hay un consenso generalizado a favor de resolver el conflicto de manera urgente e inmediata, pero las vías dividen a la clase política y a la opinión pública.

Por un lado, están los que consideran que el gobierno federal debe enviar fuerzas policiacas para desalojar a los manifestantes y "restablecer el orden". A su juicio, los riesgos de un desenlace violento son preferibles que el caos y la impunidad que representa una ciudad en manos de una organización radical.

Los sectores más conservadores quieren ver a la APPO como una extensión del grupo guerrillero EPR. Es una simplificación que han rechazado incluso empresarios como Harp Helú y políticos como Diódoro Carrasco (ex gobernador, ahora con el PAN), pero que se ha esgrimido en la capital para justificar la aplicación de mano dura. Parecería un argumento pensado para tranquilizar conciencias por anticipado, en caso de que una operación militar deje las barricadas sembradas de cadáveres. Si los disidentes eran prácticamente "guerrilla subversiva" las bajas habrían sido un mal necesario.

Es un argumento absurdo. Cinco mil personas marchan hacia la capital y miles más resguardan la plaza de Oaxaca. Si todos esos contingentes fueran del EPR habría que cambiar al Cisen, la Secretaría de Gobernación y los cuerpos de inteligencia militar, por ineptitud (¿decenas de miles de insurrectos habían pasado inadvertidos?). En realidad, la APPO es una amalgama de organizaciones e impulsos que se alimenta de grupos sociales resentidos por la pobreza y la injusticia. No son la mayoría de los oaxaqueños, pero posee una base social real y extendida, y probablemente una gran cantidad de simpatizantes no movilizados. Preferiríamos que todos ellos fueran buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero aunque muchos no lo sean, tampoco deben descalificarse sus reclamos. Podemos dar por descontado que algunos cuadros del EPR y otros activistas radicales han acudido con el propósito de reventar y manipular, pero son docenas entre miles. De lo que podemos estar seguros es que una represión convertirá la mentira en una autoprofecía cumplida: cientos ingresarán a los movimientos clandestinos de insurrección.

Del otro lado, otra corriente de opinión, entre los que me incluyo, considera que la única salida posible es la renuncia de Ulises Ruiz, o su separación mientras es investigado. Hace una semana, en este espacio, expuse los argumentos al respecto. Ser gobernador legalmente elegido no es una patente de corso para cometer las tropelías y delitos en los que incurrió este sátrapa trasnochado. Durante un año se dedicó a golpear a la disidencia, a los medios de comunicación adversos y a grupos campesinos incómodos.

Estos grupos que hoy "violentan el orden" recurrieron en primera instancia, aunque infructuosamente, a tribunales y ministerios públicos para denunciar asesinatos y despojos. No consiguieron nada. En junio, cuando las fuerzas estatales intentaron desalojar a los maestros con saldo de un muerto, todos estos grupos y agravios se unieron a su causa. Eso es la APPO, con todos los defectos que pueda tener.

El viernes en la madrugada corrió el rumor en Oaxaca de que la policía federal estaba a punto de tomar la plaza. La crónica de un corresponsal de EL UNIVERSAL señala que "en cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas". Recomendar el uso de la fuerza, pero "sólo para disuadir y con precaución", como pretenden algunas buenas conciencias, no es más que otra manera de pedir un baño de sangre, pero buscando no ser salpicado.

Tomémosle la palabra a los que piden el restablecimiento de las instituciones y del estado de derecho, pero vayamos a la raíz del problema. Se requiere de una instancia federal que investigue la veracidad de las denuncias de los delitos cometidos por Ulises Ruiz. No se trata de ceder u ofrecer la cabeza del gobernador a unos manifestantes. Se trata de construir la democracia a partir de la aplicación de una justicia real, y no la que imparten los tribunales del gobernador en cuestión. La exigencia de la opinión pública nacional para reinstalar el estado de derecho en Oaxaca es genuina, pero debe ser integral. No se puede reestablecer la ley reprimiendo violentamente a los que exigen se les haga justicia.

El gobierno panista está paralizado ante la disyuntiva de reprimir y derramar sangre, o investigar a Ruiz y enemistarse con el PRI. Ha llegado el momento de asumir costos y tomar decisiones. O pueden no hacerlo y esperar a que el tema estalle en su cara en el interregno de la transición, como hace 12 años. Ya conocemos las consecuencias.

(www.jorgezepeda.net )

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Economista y sociólogo