¿Qué mejor manera de luchar contra las denuncias de lavado de dinero que proponer una amnistía financiera? Parece ciencia ficción, pero es la “estrategia” de un Gobierno argentino rodeado de denuncias de corrupción y con un modelo económico evidentemente agotado.

El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no pasa por un buen momento. Las encuestas bajan y la inflación sube; el dólar se dispara a medida que los controles de capital aumentan. Y las protestas sociales, poco a poco, se hacen más masivas. Pero la ideología se mantiene firme ante los embates de la realidad.

Hace ya unas semanas, en Argentina se habla casi exclusivamente de un solo tema: el escándalo de lavado de dinero descubierto por un equipo de investigación periodística ligado al Grupo Clarín, aquel que tanto odia el Gobierno. La trama es tan alevosa que parecería un invento si no hubiera tanta evidencia de que es, al menos, plausible. Hay denuncias de vuelos privados a paraísos fiscales con tanto dinero en efectivo que se pesaba en vez de contarse. Y por supuesto se preferían los euros a los dólares, dada su alta cotización.

Desde la Patagonia natal de los Kirchner, el dinero volaba, mediante testaferros, hasta una “cueva financiera” [centro donde se cambia el dinero negro] en Buenos Aires, y luego fuera del país. Por medio de sociedades fantasma en Belice y Panamá, los fondos terminaban depositados en el prestigioso Lombard Odier de Suiza. Parece que la ideología “nacional y popular” no impactaba en la elección de banca privada.

En las últimas semanas, mientras los medios (independientes) discuten, el Gobierno calla. Y en algo otorga. La presidenta, que tanto disfruta de Twitter y Facebook, no parece haberse dado cuenta del escándalo que invade informativos y redes sociales.

Sin embargo, el giro más inverosímil en la historia ocurrió este martes. En una oscura sala de reuniones, el equipo económico anunció una amnistía financiera por tres meses en 2013, un proyecto que podría convertirse en ley en una semana. El objetivo es simple: usar los dólares no declarados en Argentina y fuera de ella para reactivar la inversión inmobiliaria, congelada desde los controles de capital en 2011, y energética, sobre la que tanto se prometió durante la nacionalización de YPF y sobre la cual hay tan pocos resultados.

El sistema es curioso: los fondos que entren en el sistema serán garantizados por el Banco Central. Existirá entonces una “moneda” paralela, convertible con el dólar y el euro. Efectivamente, esto recrea la convertibilidad de los años noventa, que tanto demoniza este Gobierno. Y luego estará el relegado, controlado y devaluado peso argentino.

Pero, ¿quién podría confiar en un Banco Central como garante de depósitos cuando el Gobierno ha erradicado completamente la independencia que la institución poseía? Ya se veía a la presidenta del banco, la doctora Mercedes Marcó del Pont, en la conferencia de prensa respondiendo preguntas como si fuera un miembro más del Ejecutivo.

Los gurús económicos de Kirchner, empezando por el neomarxista Axel Kiciloff, creen que estas medidas ayudarán a reactivar la actividad económica ante las cruciales elecciones legislativas de octubre. Allí se jugará el todo por el todo: el objetivo es la reforma constitucional que tanto se niega, pero que tanto se prepara, para abrir la puerta a la re-reelección presidencial, como ya ocurriera con Carlos Menem. Tanto se odian los 90 que se quieren repetir.

Para ajustarse a una ideología que no se ve reflejada en esta amnistía, la reseña histórica de Kiciloff olvidó mencionar que el Gobierno no quiere devaluar formalmente por motivos políticos. A pesar de la estanflación, a pesar de las mentiras estadísticas, a pesar de todo. Pero acusar a especuladores y conspiraciones fantasma es fácil. Lo difícil es volver al crecimiento con un modelo agotado.

Las amnistías generan problemas de credibilidad a largo plazo, ya que dan beneficios a aquellos que, de una manera o de otra, han dañado al sistema. Pero se entiende que sean necesarias. Ahora bien, resulta nada menos que increíble que un Gobierno acusado de encubrir o participar en lavado de dinero decida, de golpe y sin desmentir acusaciones, poner en marcha una amnistía financiera.

Aquellos que participen de esta operación estarán protegidos de toda demanda legal e investigación fiscal, impidiendo al país juzgarlos en el futuro por la procedencia de los fondos. ¿Podrán entonces los imputados cercanos al poder lavar sus divisas sin necesidad de vuelos privados, empresas fantasma o paraísos fiscales? Es una pregunta válida para un Gobierno que sueña con el imposible del poder eterno, y que poco a poco se desespera.

Pierpaolo Barbieri es fellow de la Escuela Kennedy de Gobierno en Harvard. Su libro Hitler’s Shadow Empire será publicado por Harvard University Press en 2013. Su próximo proyecto se centra en la historia económica de América Latina.