Amnistía Internacional exhortó al Congreso estadunidense a retener el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones de derechos humanos.

Susan Lee, directora de las Américas de Amnistía Internacional, señaló que “al dar dinero y equipo al Ejército mexicano sin controles adecuados sobre su uso se corre el riesgo de contribuir a que aumenten los abusos de derechos humanos”.

Por eso sostuvo “la asistencia debería enfocarse en prevenir abusos, mejorar las investigaciones y aplicar la justicia.”

El organismo documentó que desde 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de dos mil 200 denuncias de abusos de derechos humanos – incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura – presuntamente cometidos por el ejército mexicano.

Tan sólo en 2008 se reportaron mil 230 casos, lo que representa un aumento de más del 600% desde 2006. Como las víctimas y sus familias en general no denuncian por temor a las represalias, se cree que el número real de casos es aún mayor.

De acuerdo con la Secretaría Mexicana de Defensa Nacional, solo 65 miembros del Ejército han sido procesados administrativamente y penalmente en la jurisdicción militar en los últimos tres años y no hay información sobre cuántos fueron condenados. Sistemáticamente, estas cortes no han llevado ante la justicia al personal de las fuerzas armadas responsable de violaciones graves a los derechos humanos.

Además el Congreso estadounidense solicitó información sobre la investigación del asesinato del periodista estadounidense Brad Will el 27 de octubre de 2006. Su caso aún no ha sido aclarado de manera satisfactoria.

“Claramente, México no está cumpliendo con las condiciones establecidas por el Congreso estadounidense para que proceda la transferencia”, sostuvo Susan Lee.