Cada uno actúa conforme a sus propios intereses y, en el caso de las ONG, en general, se trata de intereses nobles. Sin embargo, el efecto acumulativo es crear una dinámica que pueda utilizarse para estafar a las compañías norteamericanas.

En EEUU se les pide a los atareados tribunales que atiendan casos que pueden describirse como “agravios de importación”. Los abogados litigantes encuentran demandantes en tierras extranjeras para hacer valer sus pretensiones. Las pruebas provenientes de tierras remotas resultan difíciles de rebatir. En algunas ocasiones, sencillamente se fabrican las “pruebas” con la complicidad de los funcionarios locales.

Por ejemplo, Dole Foods enfrentó acusaciones infundadas en Nicaragua por parte de demandantes que reclamaban haberse vuelto estériles luego de que habían estado expuestos a los pesticidas, cuando trabajaban en las plantaciones de banana de la compañía. A pesar de que los demandantes obtuvieron algunas sentencias favorables contra Dole en Nicaragua, cuando se juzgó el caso en Estados Unidos, las pruebas reales demostraron que la mayoría de los demandantes no habían trabajado nunca en las plantaciones de Dole y que ninguno de ellos era estéril. La jueza estadounidense desechó el caso por constituir un “fraude en el tribunal” y una “extorsión flagrante”. Reprendió a los abogados de los demandantes y, después de haber oído las pruebas que sugerían que estaban conspirando junto con jueces y funcionarios oficiales nicaragüenses y corruptos, les pidió a los fiscales federales que investigaran.

Para evitar los tribunales estadounidenses y sus requisitos de pruebas reales, algunos letrados prefieren entablar juicios en otros países, donde el Estado de derecho es débil y se aceptan las pruebas falsas más fácilmente. Un ejemplo es el caso contra Chevron en Ecuador, que surge de las actividades de producción petrolera llevadas a cabo por Texaco (adquirida por Chevron el 2001) en la región de la Amazonía del Ecuador, desde la década del 60 hasta los 90.

Texaco finalizó su trabajo en Ecuador en 1992 y realizó una reparación de 40 millones de dólares en la zona. Luego de que Texaco finalizó las operaciones, el Gobierno lo exoneró de cualquier responsabilidad futura. Posteriormente, Ecuador aprobó una nueva ley, por la cual otorgaba a los particulares los fundamentos para eviscerar esa exoneración. Un tribunal federal de EEUU sensatamente desestimó los argumentos expuestos por los demandantes contra Chevron en un caso relacionado y multó al abogado por inventar demandas de supuestas víctimas del cáncer.

No obstante, los demandantes han encontrado un foro mucho más hospitalario en Ecuador. Informes de la Asociación Internacional de Abogados y del Departamento de Estado de EEUU señalan que el sistema judicial de Ecuador tiene poca independencia, y que el Estado de derecho allí es débil. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, demostró un modelo de confiscación de activos de empresas extranjeras que operan dentro de su región, que deja cesante a jueces quienes no ceden ante su presión política, y que agrede a los medios de comunicación que no apoyan su agenda política. Correa declaró públicamente su apoyo a los demandantes en el caso Chevron. (Pensemos en el escándalo que se hubiera producido si el presidente Obama hubiese tomado la inaudita decisión de tomar partido públicamente en un juicio civil en EEUU que involucrara a una empresa extranjera.) El gobierno de Correa ha acusado a dos de los abogados locales de la defensa de Chevron. Por lo cual no es de sorprender que el juez que preside la causa ya haya mostrado su solidaridad con los demandantes en varias entrevistas en los medios.

También hay que decir que los demandantes ignoran el verdadero culpable, la empresa de petróleo de capitales estatales, PetroEcuador, que tiene uno de los peores antecedentes ambientales en Latinoamérica. La empresa continuó operando en la región después de que Texaco se fue, y registró la increíble cantidad de 1.415 derrames de petróleo del año 2000 al 2008. Sin embargo, ningún abogado litigante tuvo prisa por demandar a PetroEcuador, que es un blanco mucho más protegido en Ecuador que una gran empresa estadounidense.

En donde se respeta la ley, casos como aquellos contra Dole Foods y Chevron no tienen chance. En donde no se respeta, los demandantes son libres de buscar la justicia del premio mayor en la lotería de litigios globales. Incluso cuando las empresas estadounidenses finalmente ganan, su reputación se ve manchada y los costos de la defensa pueden ser de decenas o cientos de millones de dólares.

Es fundamental que expertos legales, diplomáticos y encargados de diseñar las políticas comprendan lo que está sucediendo. Si no se toman medidas ahora para proteger a las empresas estadounidenses que operan en el exterior, más abogados litigantes encontrarán jurisdicciones internacionales para manipular, y más empresas serán victimizadas.

**Vince Vitkowsky es socio de Edwards Angell Palmer & Dodge LLP. Se especializa en litigios y arbitraje comercial internacional.