Una Constitución que no se ha ajustado a los mínimos principios que inspiran cualquier régimen democrático. Negociada en primera instancia  por la mayoría oficialista, con la clamorosa ausencia de los partidos opositores más representativos, (sus diputados fueron  amenazados de muerte por las turbas campesinas, que presionaban en el exterior del edificio portando fotos de los “enemigos de la revolución”), y sesionada en un recinto militar de la ciudad de Sucre por la imposibilidad de hacerlo en  la sede oficial  de la Asamblea Constituyente (el Teatro Mariscal).

Ahí no termina “el universo mental” de los supuestos representantes del pueblo. La votación cargada de connotaciones de ilegalidad  no parece suficiente para garantizar los espurios intereses revolucionarios, por lo que el  Movimiento al Socialismo de Evo Morales decide trasladar el  foro deliberativo sobre la nueva falacia constitucional a la ciudad de Oruro, ( uno de sus feudos, situado a 230 km al sur de La Paz), sede a  la que acude la escalofriante cifra de 160 de los 255 constituyentes (lo que supone que se ausenta un 37,3% de los asambleístas, o que no está representado el pueblo en dicha proporción).

Posteriormente la Constituyente aprueba la nueva carta fundamental en una extenuante jornada ininterrumpida de alrededor de 15 horas. Lo más grave del asunto es que, al no contar con la presencia física de los diputados de la oposición, los asistentes deciden cambiar la legalidad vigente representada por las reglas del juego establecidas en su momento. Así  emiten  una nueva  resolución para señalar que el texto será aprobado por dos tercios de los asistentes a la sesión, en lugar de los dos tercios de asambleístas que componen la Cámara.

En la madrugada del día siguiente, con prisas y a escondidas (El constituyente de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina lamenta públicamente que no se haya entregado el texto de la nueva CPE con  un mínimo de 24 horas de anticipación) la Directiva de la Asamblea Constituyente aprueba en detalle los primeros 145 artículos de la nueva Constitución Política del Estado, que incluye la primera parte dogmática. Están presentes 130 constituyentes del Oficialista Movimiento al Socialismo  y un sinnúmero de partidos con escasa o casi nula representación asamblearia.

El debate no sobrepasa los cinco minutos por artículo, tiempo más que suficiente, según ¿el buen saber y entender? de los seguidores del MAS, para alcanzar sus objetivos y  consagrar la barbarie constitucional de la que, atendiendo a sus espurios argumentos, se han dotado todos los bolivianos en el pleno ejercicio de sus libertades.

La respuesta no se ha hecho esperar, y  tanto el pueblo como los Prefectos de la denominada “Media Luna” han unido sus fuerzas para hacer frente a la “anticonstitucional” constitución masista, acelerando los procesos (reconocidos previamente mediante referéndum) de autonomía en sus respectivos territorios.

Cinco departamentos -de los nueve que componen Bolivia han anunciado que no acatarán la nueva norma y que impulsarán una «desobediencia civil» a Constitución aprobada por un gobierno que contando  con mayoría absoluta para adoptar cualquier  decisión ha acabado recurriendo  a la ilegalidad manifiesta  para ver nacer su nueva Ley de Leyes.

Mientras, cerca de 400 personas ayunan en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando bajo la  amenazante atención del  régimen, y la atenta y comprometida  mirada de su vecino y “hermano revolucionario “D. Hugo Chávez Frías (el gran demócrata de las metralletas y el nuevo Vietnam en Bolivia).

En este estado de cosas la confrontación civil se convierte en algo muy cercano a la realidad, más aún cuando los dirigentes del país, asentados en una doctrina comunista obsoleta y fracasada, demuestran con los hechos que sus objetivos se fundamentan en implantar los postulados de la revolución indígena a costa de cercenar los derechos del resto de los ciudadanos bolivianos.

Parecía indudable que Bolivia necesitaba un cambio constitucional, pero no este giro político al estilo del sátrapa venezolano, y menos aún, de esta forma. ¿Cuál será el próximo paso?

Como ciudadano que ha vivido de cerca los acontecimientos estoy obligado a transmitir, a quien me quiera leer o escuchar, el peligro que corre en la actualidad el sistema de libertades en Bolivia, pero mi voz no es suficiente. Las democracias europeas, sus gobernantes y ciudadanos deben igualmente implicarse en la denuncia de la aberrante situación del país andino… sin esperar a que sea demasiado tarde.

Se trata de una simple  cuestión de justicia.

Gregorio Cristóbal Carle, es Consultor Internacionalización de Empresas. Profesor de Escuela Europea de Negocios (Bolivia). Árbitro Internacional ACAM.