La línea política social-racista que ha inspirado los gestos y las acciones del gobierno Morales desde su ascenso al poder ha alcanzado su cenit con la culminación del tortuoso, complejo, y decepcionante proceso de nacionalización de los hidrocarburos.  

Una promesa electoral basada en el odio delirante hacia los postulados neoliberales, la inversión de capital extranjero y las libertades individuales, que no pretende otra cosa que la imposición estatalista fracasada ya tantas veces en el mundo, y en especial en el continente Latinoamericano.  

La idea resucitada no es nueva ya que la medida adoptada por Evo Morales constituye el tercer intento histórico de nacionalización del sector, si contamos con los precedentes habidos en 1937 y 1969. Ambas aventuras terminaron con la reversión a manos privadas del negocio, debido principalmente al incremento de la corrupción, los casos de nepotismo y la incapacidad manifiesta de los distintos gobiernos para alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia productiva existentes en etapas anteriores.  

A pesar de todo el “caudillo andino” y sus “tecnócratas”, perfectos conocedores del histórico fiasco nacionalizador, han preferido mirar hacia otro lado con la dudosa excusa de continuar y culminar la hipotética lucha histórica de las naciones, los movimientos sociales y los pueblos originarios por reconquistar las riquezas naturales saqueadas y detentadas actualmente por el capital extranjero opresor.  

Una impostura más del socialismo rampante del siglo XXI, que vende fácilmente la idea de recuperar el orgullo herido de la patria a costa de la fragmentación de la convivencia pacífica de los ciudadanos, la constante perdida de libertades y la progresiva desconexión económica  del país del resto del mundo globalizado  

En este sentido el Presidente ha cumplido a la perfección el rol de sindicalista anti-sistema y revolucionario de pro que ejercía antes de alcanzar su actual cargo para olvidar intencionadamente que esas naciones neolibelares que tanto detesta son las que luego mantienen un amplio sector de la economía nacional a costa de cuantiosas aportaciones económicas enmarcadas en los programas de ayuda al desarrollo  

Vistos los resultados obtenidos hasta el momento por la política oficial parece evidente que lo que no se puede hacer es acusar a las transnacionales de llegar al país  traídas por todos los gobiernos neoliberales, vende-patrias corruptos, narcotraficantes y delincuentes para más tarde, y sin dar explicación alguna, alcanzar acuerdos con éstas, protocolizarlos y promulgarlos como leyes.  

Pasar de dirigir a los movimientos sociales obreros y las turbas  campesinas contra el poder establecido a  ejercer la acción de gobierno tiene esas dificultades. Al  Presidente boliviano le queda mucho por aprender. Carece de la capacidad necesaria para relacionar las cosas, recurre de forma constante al doble discurso y busca el enfrentamiento con demasiada frecuencia, ya sea con su “hermano mayor” Lula, con la oposición democrática representada en la antidemocrática Asamblea Constituyente  o con los postulados del libre mercado, simbolizado por el “catódico imperialismo de los EEUU”, todo ello en aras de restituir al indigenismo al puesto que le ha negado la historia.  

El mal llamado proceso de nacionalización (a día de hoy  no se conoce que el gobierno boliviano haya indemnizado a las empresas afectadas por la imposición), dio comienzo con la aprobación de un Decreto Supremo, el 28701, más conocido como “Héroes del Chaco” y la consiguiente refundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), encargada ahora del control, almacenamiento, distribución e industrialización de los hidrocarburos.  

La supuesta recuperación de dicha parcela soberana estuvo milimétricamente calculada en lo relativo a su simbología, desarrollando una escenificación coherente y acorde con los principios de la “revolución pacífica y silenciosa” que pretende la nueva era Morales. En este sentido el gobierno decidió recurrir a la instrumentación del ejército para ocupar por sorpresa y por la fuerza dos refinerías de Petrobras y medio centenar de gasolineras privadas, cuando una semana antes el propio presidente había admitido el atasco que sufría el asunto  

Desde que se realizó el anuncio oficial de la medida en el Campo gasístico de San Alberto, sito en el Departamento de Tarija (región que atesora el 90% del gas y el petróleo de Bolivia, y que forma parte de la coalición de Departamentos enfrentados a la política del Presidente) el proceso no ha hecho más que vivir continuos sobresaltos y contratiempos, transmitiendo una imagen deplorable de improvisación, incoherencia y carencia de profesionalidad en la gestión.    

El gobierno, sintiéndose superado por los acontecimientos se vió obligado a suspender indefinidamente la medida debido a los problemas técnicos operativos, las irregularidades y las corruptelas habidas la migración de los cuarenta y cuatro contratos firmados por las transnacionales., con las consiguiente pérdida de ingresos durante varios meses.  

Pero no ha sido éste el “único percance” en el tortuoso camino hacia la supuesta y dudosa recuperación del gas y el petróleo para el Estado.  Su ministro de Hidrocarburos y hombre de confianza, D. Andrés Solíz dimitió por las discrepancias habidas con la línea oficialista, al entender que el proceso se había desnaturalizado y escorado a la derecha por aceptar el gobierno negociaciones directas y en solitario con la estatal brasileña Petrobras  

La empresa pública, YPFB no ha quedado mejor parada. Por la firma estatal de reciente creación ya han pasado ya tres presidentes ejecutivos, habiendo sido acusada por la oposición al régimen de violar sistemáticamente las leyes nacionales además de realizar presuntamente, contrataciones ilícitas con la anuencia del Estado.  

En este sentido el presidente debería explicar a su pueblo  por qué razones YPFB recurrió a los servicios de e Iberoamérica Trading SRL como empresa intermediaria  para la exportación de 2.000 barriles diarios de petróleo a Brasil, cuando  el Decreto 28701 establece tácitamente a la estatal petrolera como la única empresa que puede “comercializar líquidos y gaseosos, tanto en el mercado externo como interno”, o las razones que llevaron a los políticos en el poder a nombrar al inexperto Morales Olivera Presidente ejecutivo de la compañía estatal  en contra de lo expresado por el Decreto Supremo 28324, que en su artículo 24 señala que la persona que ocupe ese cargo debe "ser profesional de probada experiencia no menor a diez años y tener reconocida capacidad ejecutiva”  

Parece evidente que el régimen  ha incurrido en demasiadas arbitrariedades con el fin de alcanzar el control absoluto del sector aunque el resultado final haya sido decepcionante para los intereses de la nación boliviana.  

¿Por qué decepcionante? El Decreto de nacionalización establecía, como declaró en acto público el 1 de Mayo de 2006 el Vicepresidente García Linera que las petroleras pasarían a llevarse un 18% de los beneficios sobre la explotación de los recursos, cuando antes esa suma ascendía al 82%”.   Una vez finalizadas las negociaciones y con la entrada en vigor de los contratos con las transnacionales la realidad es muy distinta ya que, aplicando éstas el sistema de recuperación de inversiones contemplada en el capítulo de “costos recuperables” las entradas para el Estado pueden quedar reducidas a un 51-54%, con el agravante de que el país no cuenta con capital inversor y se encuentra en posición de desventaja para negociar nuevos contratos a corto plazo.  

En principio ya se han disipado las dudas, pero ahora queda por resolver el problema de las futuras inversiones después de haber creado ese estado de inseguridad jurídica.   No es una novedad,  Bolivia ocupa el  segundo lugar en el ranking latinoamericano de pobreza por lo que obvia decir que el país no cuenta con el desarrollo tecnológico necesario para garantizar los niveles de productividad y eficiencia que mantenía el negocio hasta el momento de su nacionalización.  

El Presidente, consciente de los problemas que puede atravesar el sector acaba de dictar un Decreto Supremo que abre las puertas a la inversión extranjera estatal y privada para desarrollar proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos  

¿Se aventurará alguna firma capitalista a asociarse con el nuevo caudillo de Bolivia? La venezolana PDVSA seguro que sí.  

Con esta política, apoyada sin medida por los sectores más rancios de la izquierda europea, parece evidente que  Bolivia no saldrá nunca de su ancestral letargo económico.
   

Gregorio Cristóbal Carle, es Consultor Internacionalización de Empresas. Profesor de Escuela Europea de Negocios (Bolivia). Árbitro Internacional ACAM.