Por todos es sabido que el indigenismo boliviano, del que Evo Morales es su máximo exponente en la actualidad, sigue ciegamente la doctrina marxista y asienta su “programa revolucionario” en posturas netamente populistas, exaltando el racismo ante cualquier símbolo de identidad distinto al propio y reclamando la recuperación del “poder perdido” en la época de la presencia española.

La supuesta “revolución pacifica” pretendida por el nuevo gobierno, que no es otra cosa que una imposición totalitaria, está dirigida a todos los estamentos de la sociedad y tiene como único objetivo la inversión de unas supuestas relaciones de “dominación colonial republicana”, nacidas hace ya quinientos años. No se trata por tanto de una democratización social del poder, sino de que los dominados de antes, hoy en el poder, construyan una red de relaciones que permitan alcanzar el gobierno de manera absoluta en el tiempo, invirtiendo los términos del sometimiento que, siguiendo los postulados indígenas, ha existido durante siglos.

Es obvio que la construcción teórica de dicha doctrina, desarrollada y adaptada por un puñado de “intelectuales” adeptos al oficialismo, ha olvidado una serie de datos especialmente relevantes para desvirtuar el valor histórico de sus tesis. Entre otros cabe destacar la situación en la que se encontraban los indígenas aymaras ( no hay que olvidar que el Sr. Morales es aymara) antes de la llegada de los conquistadores al territorio de lo que hoy es la actual Bolivia, cuando solo podían alcanzar la categoría de siervos o esclavos del imperio  inca.

Se trata entonces de borrar de la memoria histórica cualquier elemento que pueda distorsionar la visión profética de la revolución  y la imagen de los hombres llamados a salvar a la Patria de las injusticias y desigualdades originadas por el liberalismo capitalista, sistema que por otro lado es el que impera en los países con mayor grado de libertad y bienestar social del mundo.

En este contexto es evidente que el actual gobierno, siguiendo escrupulosamente “el manual del buen comunista” solo busca destruir el sistema que en su momento le alzó al poder, encubriéndose en la supuesta necesidad de refundar el país. Una hoja de ruta, plena de gestos autoritarios, que debe concluir con la eliminación total de las libertades, el estado de derecho, la democracia  y la implantación final de la dictadura indígena-proletaria.

La vía principal para alcanzar los objetivos social-indigenistas se materializa en la creación de una nueva asamblea Constituyente que tiene por objeto derogar la Constitución Política del Estado.

En la reciente propuesta presentada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea y hecha pública por el Presidente se contemplan ya las imposiciones indígenas s las multinacionales, la Iglesia y la oposición democrática.

Lo más grave del caso es que dicho texto, fundamentado en postulados racistas y antidemocráticos, llega al extremo de proponer la concesión de derechos exclusivos a un sector de la población, excluyendo al resto de los ciudadanos bolivianos. Así el borrador enuncia que “El Estado deberá devolver el papel protagónico e incluyente a los pueblos indígenas y originarios, y reconocer sus derechos...”.

Dicha exclusividad se extiende a la materia judicial, ya que el sistema legal indígena, de aprobarse finalmente el texto, no quedará sometido a las reglas generales, sino a sus propias normas y procedimientos. Es lo que en el país se ha venido a llamar la justicia comunitaria, cuyo reconocimiento corresponde a cada pueblo y comunidad atendiendo a los usos y costumbres propios.

En este sentido no se debe olvidar que el “dudoso método judicial” no autoriza a ejercer la defensa del acusado y legitima la pena de muerte, conculcando cualquier tipo de garantía procesal. Además los jueces ordinarios son elegidos por voto popular, el pueblo está capacitado para revocar su mandato y sus decisiones quedan bajo el control de las organizaciones sociales adeptas al régimen oficialista…¿puede existir algo más contrario a la preservación del estado del derecho propio de cualquier democracia moderna?

Cualquier revolución que se precie, por muy “pacífica” que sea, debe contar con el sustento de  una simbología iconográfica al uso, unas masas que demuestren una fe ciega en el “lider” y un ejercito o pseudo –ejercito ilegal de desheredados capaz de corregir las posibles desviaciones de rumbo producidas en la lucha diaria por alcanzar la utopía… y en esto D. Evo Morales Ayma tampoco podía ser menos.

En lo que se refiere a la simbología la Wiphala (bandera) ha representado desde tiempos ancestrales el emblema del racismo indígena y la rebelión contra la poder y la opresión K'hara (blancoides, clases medias, medio altas, empresarios etc). Por este motivo el nuevo gobierno ha planteado oficialmente la posibilidad de cambiar la enseña nacional, que representa a todos los bolivianos sin distinción, por dicho supuesto símbolo patrio, bajo el cual se identifica el indigenismo de todo el continente americano. 

En la cuestión relativa a las masas  fieles seguidoras del oficialismo, se puede afirmar que el Sr. Morales también ha sabido cubrir el expediente, dando cumplida prueba de ello cuando ha sido necesario. Así el gobierno no ha dudado en hacer uso de las turbas campesinas y las organizaciones sociales adeptas al régimen cuando ha visto que la oposición democrática y la ciudadanía rechazaban las tesis revolucionarias sostenidas por los dirigentes del país.

Basta con  recordar los sucesos acaecidos en Cochabamba en el mes de Enero de 2007, cuando una  masa  compuesta por campesinos indígenas  y organizaciones sociales leales al Presidente, (acatando ordenes directas del oficialismo), se levantó machete en mano contra el Prefecto de la ciudad del valle D. Manfred Reyes, con la democrática y sana intención de derrocarlo. Los violentos choques entre facciones culminaron con la muerte de dos personas, una de ellas masacrada y después ahorcada en la vía pública por los pacíficos defensores de los postulados indigeno-comunistas.

Qué decir del ejército de desheredados. El Presidente Morales cuenta con una milicia indígena armada y constituida por temidos paramilitares denominados “ponchos rojos”, al más puro estilo chavista. Sus dirigentes aseguran totalizar más de cien mil hombres dispuestos a morir  por los valores que encarna su líder.

Dicho ejército subversivo se encuentra agrupado mayormente en la provincia de Omasuyos (Departamento de La Paz), y respondió recientemente a la insólita llamada realizada por Evo, que escudándose en la defensa de la Unidad de la Patria logró de “los ponchos” el compromiso de defender con las armas el nuevo orden indigenista.

“Gracias a nuestros Mauser Evo Morales es presidente” ha llegado a proclamar el líder aymara Felipe Quispe, personaje que de impulsar el crecimiento de dicho germen de racismo como embrión de la lucha revolucionaria pasó más tarde a considerar al Sr. Morales como un traidor a la causa indígena.

Pero la revolución quedaría coja si no se sustentara además en la persecución de los medios de comunicación libres y contrarios a la mordaza que está ejerciendo el poder sobre las informaciones vertidas en periódicos y emisoras  independientes.

En este sentido y para  poder frente a los enemigos de la refundación de Bolivia el Presidente no ha dudado en aceptar la “generosa ayuda” del sátrapa Chávez, que ha inundado el país de petrodólares con la finalidad de crear una red de medios adeptos al régimen social comunista que alcance todas las regiones del país, y en especial las áreas rurales, que es donde se encuentran las grandes bolsas de analfabetismo compuestas por fieles seguidores de la teoría del cambio  revolucionario.

Por si esto fuera poco, y siguiendo el estilo soviético de los años cincuenta, desde el gobierno se ha impulsado la fundación de un organismo que, aglutinando a un puñado de profesionales de los medios adeptos a la “revolución pacífica”, debe acometer las función de “ojo que todo lo ve”, denunciado a cualquier persona o actividad entendida como subversiva en el manual del oficialismo gobernante.

Para cerrar el círculo de la doctrina utópica social-comunista es necesario abordar otro de sus fundamentos ideológicos. Este no es otro que la necesidad de exportar sus principios al resto del mundo con la finalidad de restablecer las cuotas de justicia, libertad y bienestar históricamente negadas al pueblo por los sistemas neoliberales.

En este aspecto Evo Morales no juega solo, sino que  ha integrado su proceso pacífico de cambio en  la revolución bolivariana promovida por su acólito, el iluminando “Chávez”, todo ello bajo la batuta del sátrapa venezolano y con el argumento de que Latinoamérica está obligada a recuperar la dignidad perdida, eliminado su dependencia histórica del Imperio- EEUU.

Otra utopía más a sumar al paroxismo revolucionario que inunda Iberoamérica. Lo que no cuenta el Presidente de Venezuela es que los petrodólares que ingresa su país dependen en gran medida de las exportaciones realizadas a los Estados Unidos, y lo que omite y calla el Presidente Morales es que la economía boliviana tiene una importante dependencia de la generosa ayuda al desarrollo fomentada por esos países neoliberales que tanto detesta.

En este sentido parece evidente que un sencillo análisis sobre los argumentos esgrimidos por los nuevos profetas del continente” nos debe llevar a la conclusión de que sus teorías son del todo inviables. En la actualidad cualquier país, ya sea rico o pobre, necesita de la inversión y la presencia extranjera para continuar su línea de crecimiento y, como no, de su inclusión en el sistema multilateral de comercio. De otra forma  solo podrá acabar condenado al retraso económico y a la dependencia de terceros países.

Además, para alcanzar dichos objetivos de crecimiento económico se debe garantizar la necesaria seguridad jurídica a los capitales extranjeros, cuestión que, a tenor de los últimos acontecimientos vividos en la república boliviana parece no haber comprendido aún el Presidente Morales.

A todo ello hay que añadir que  los precedentes vividos en otros Estados demuestran que nacionalizar la actividad productiva no es la solución, más aún cuando el país no cuenta con las capacidades ni los medios exigidos para explotar el sector público con criterios de productividad, eficacia y eficiencia empresarial.

Bolivia no ha tomado el camino correcto. Sus actuales gobernantes han hecho uso del sistema democrático para tratar de eliminar cualquier vestigio de libertad, imponiendo un sistema  que representa todo lo contrario: marxismo, odio y racismo... sin duda un peligroso cóctel revolucionario.

Gregorio Cristóbal Carle, es Consultor Internacionalización de Empresas. Profesor de Escuela Europea de Negocios (Bolivia). Árbitro Internacional ACAM.