La primera y la más obvia: Aquellos que critican a islamistas militantes – desde el novelista Salman Rushdie, pasando por los caricaturistas daneses hasta la escritora de memorias Ayaan Hirsi Ali – habitualmente se ven amenazados de muerte. Esto indudablemente está teniendo un efecto intimidatorio.

La segunda es la “corrección política”. En las universidades y dentro de los gobiernos occidentales cada vez es más tabú llamar “terroristas islamistas” a los terroristas que matan en nombre del islam. En Canadá, el intento de las “comisiones de derechos humanos” tratando de imponer ese tabú es llevar a los tribunales a escritores como Mark Steyn y Ezra Levant por el  “crimen” de expresar opiniones que ofenden a los comités islámicos de quejas – y también por citar a los islamistas con tal precisión que los pone bajo una luz poco favorable. Si eso no es orweliano, entonces ¿qué es?

Pero es el tercer enfoque el que podría tener mayores consecuencias para los americanos. Se conoce como “turismo de difamación” y he aquí cómo funciona: Un libro publicado en Estados Unidos nombra a una persona que vive en el extranjero y que apoya a grupos terroristas. Esa persona – digamos como ejemplo que es un petromultimillonario saudita que vive en Londres – se conecta a Internet y compra online algunas copias del libro que le llegan por correo. Esta persona lleva esos libros a un abogado británico que presenta una demanda quejándose de que su cliente ha sido difamado.

El multimillonario sabe que será mucho más fácil ganar en el Reino Unido que en un tribunal americano donde la Primera Enmienda y décadas de jurisprudencia protegen la libertad de expresión (Por el contrario, bajo la ley inglesa, la carga en un caso de difamación reside en el demandado que debe probar su inocencia – lo cual puede ser imposible si él ha usado fuentes confidenciales o incluso fuentes abiertas que simplemente no quieren cruzar el charco para participar en una batalla legal).

Los costes legales son una bicoca para el multimillonario mientras que pocos escritores de prosa no narrativa gozan de similares recursos. Si el escritor elige no pasar meses viviendo en un hotel y peleando en los tribunales, perderá el caso y sus derechos ya que se le juzgara y será “sentenciado en rebeldía”. Si no paga, nunca más podrá poner un pie en el Reino Unido y en otros países que respetan las sentencias de tribunales británicos.

Pero esto es más importante: El mensaje que se envía alto y claro a los periodistas, académicos y editoriales es que investigar y escribir sobre terroristas y aquellos que lo facilitan está prohibido – incluso en Estados Unidos.

El editor Roger Kimball apuntaba que cuando estaba a punto de publicar el libro de Andy McCarthyWillful Blindness: A Memoir of the Jihad (Ceguera voluntaria: Las Memorias de la Yihad), recibió el mensaje de un distribuidor que trabaja en el Reino Unido y Canadá, allí le preguntaba “si en el libro había alguna referencia a saudíes y terroristas” ya que esto podría “provocar posibles demandas por difamación debido a que podría ofender a los saudíes que viven en Inglaterra; esto ya ha pasado con muchas otras publicaciones americanas y no queremos que peligre la venta del libro”. No, no, nosotros no queremos eso, ¿verdad?

Kimball no se dejó intimidar pero, sin duda, algunos escritores han sido intimidados y otros editores no sólo han rechazado libros “riesgosos” sino que han vaciado estanterías enteras de esos libros y los han destruido a raíz de recibir amenazas de carácter legal.

¿Qué se puede hacer para proteger a los americanos contra esta restricción de la libertad de expresión perpetrada por los que financian a los terroristas extranjeros, abogados extranjeros, jueces extranjeros y sus aduladores?

Los congresistas Peter King y Anthony Weiner han presentado la Ley de Protección de la Libertad de Expresión 2008, que daría a los americanos que se encuentran en la situación descrita anteriormente el derecho a “entablar un procedimiento judicial federal” inmediato como respuesta para demandar a la otra parte y exigir gastos legales, costes e importantes indemnizaciones por daños y perjuicios si la corte federal concluye que la demanda extranjera es “una trampa para reprimir los derechos de la Primera Enmienda”.

Además la ley abriría las puertas al “descubrimiento agilizado”: El demandante tendría que revelar información y documentos relevantes que sustenten los cargos presentados – algo que pocos inversionistas en terrorismo están deseosos de hacer.

Por el lado senatorial, la ley está siendo respaldada por Joseph Lieberman, Arlen Specter y Charles Schumer. ¿Qué obstáculos están evitando que esta ley sea aprobada y entre en vigor? Veamos.

Primero, aunque ambos partidos políticos apoyan este enfoque, no tienen suficientes apoyos – hasta ahora por lo menos – en el partido de la mayoría: De los 10 patrocinadores en la Cámara de Representantes, sólo uno es demócrata. En segundo lugar, estamos sumidos en plena campaña presidencial, una época en la que muy poco se mueve en el Congreso. Tercero, nunca subestime la capacidad de los saudíes, sus cabilderos, sus aliados y sus cortesanos, de matar a cualquiera que interfiera en sus intereses. 

Clifford D. May antiguo corresponsal extranjero del New York Times, es el presidente de la Fundación por la Defensa de las Democracias. También preside el Subcomité del Committee on the Present Danger.

©2008 Traducido por Miryam Lindberg

Publicado en Townhall.com, 28 de agosto de 2008