El cuarto aniversario de los ataques terroristas del 11-S parece un momento apropiado para examinar esa distinción –considerar los requisitos de dos misiones muy distintas: Prepararse para gestionar una catástrofe cuando ocurra y hacer lo que haga falta para prevenir la catástrofe antes de que pase.

Uno podría argumentar que si bien los terroristas pueden ser detenidos, nadie puede evitar un huracán. No fue Katrina la que ocasionó la mayor parte de la matanza en la ciudad que puede que nunca más se llame “the Big Easy”. Fue la inundación que sucedió después del colapso de los diques.

Hace más de 40 años se decidió construir diques alrededor de Nueva Orleans, capaces de soportar huracanes de categoría 3. Las probabilidades de una tormenta más fuerte pegando directamente en la ciudad se estimó que era de 1 entre 200.

¿Cómo se decidieron esas probabilidades –más o menos es como que te den 4 ases en un juego de póker—fue lo suficientemente bueno como para arriesgarse a perder miles de vidas, miles de millones de dólares en daños a la propiedad y la existencia de una metrópolis única e histórica?

Los políticos pueden hacerse de una buena reputación o destruirla basándose en cómo responden cuando golpean las calamidades. Tras la desgracia del 11-S, el entonces alcalde Rudy Giuliani proyectó un liderazgo fuerte y como resultado hoy es visto como contendiente presidencial. La semana pasada, el gobernador de Misisipi Haley Barbour parecía preparado para dominar la situación; la gobernadora de Luisiana Kathleen Babineaux Blanco no.

Pero aquellos que toman los pasos necesarios para prevenir desastres raramente recogen premios. Años atrás, si algún político de Luisiana hubiera planteado el caso de reforzar los diques para que pudieran soportar algo peor que lo que nos dejó Katrina, no habría habido ninguna gran tragedia la semana pasada. Pero apenas si se sabe el nombre de alguien que se haya asegurado de que la terrible cadena de sucesos no se materializara.

No sólo es que las políticas de acción dirigidas a la prevención no atraen aplausos. Frecuentemente inspiran oposición. Por ejemplo, había una enorme resistencia antes del 11-S a cualquier esfuerzo para remover el “muro” que dividía a los servicios secretos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La demolición de esas barreras fue finalmente lograda con el Patriot Act –que sigue siendo una ley controversial.

Mientras que unos cuantos opositores del Patriot Act siguen defendiendo el muro, ellos objetan fervientemente que los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad obtengan información de cualquier cosa que se investigue en una biblioteca pública —hasta por sospechosos terroristas. Pero si acceso a tal información pudiese reducir la probabilidad de que los terroristas llegasen a sus objetivos, digamos de 1 entre 200 a 1 entre 400, ¿podría influir en su opinión sobre cuánto valorar esa protección particular de privacidad?

Cuando se trata del terrorismo, la prevención implica adelantarse. Los terroristas deben ser identificados e inhabilitados allí donde maquinan, son reclutados y entrenados. Después de los atentados de 1993 a las Torres Gemelas no pasó eso. Se arrestaron a 6 conspiradores, fueron condenados pero no hubo graves consecuencias para aquellos que los enviaron a la misión, ninguna consecuencia seria para alguna organización terrorista o para algún régimen patrocinador de terrorismo.

Los críticos de la Administración Bush hicieron mucha alharaca del memorándum escrito por el consejero en terrorismo de la Casa Blanca Richard A. Clarke a Condoleeza Rice el 25 de Enero de 2001. Ese memorándum hace un llamamiento para una revisión de alto nivel de la política de contraterrorismo. Pero se equivoca –preguntando si Rice y otros funcionarios de alto nivel “están de acuerdo con que la red de al Qida [sic] representa una amenaza de primer orden para los intereses americanos en una serie de regiones, o si este análisis es “de pesimista empedernido” exagerado y si podemos proceder sin grandes iniciativas nuevas y gestionando el asunto de manera más rutinaria.

El memorándum agrega que si al-Qaeda es vista como una amenaza de primer orden, “dos elementos de la estrategia existente que no se han hecho funcionar con efectividad son a) seguir el dinero de al Qida y b) información pública para contrarrestar la propaganda de al Qida”.

En otras palabras, recientemente en 2001, los altos funcionarios de los servicios secretos creían que una propuesta fuerte para prevenir el terrorismo era enviar más contables y profesionales de las relaciones públicas.

Un par de años después, quizá pensando que se habían aprendido la lección, el Presidente Bush y sus consejeros claves le preguntaron al director de la CIA George Tenet sobre qué posibilidad había de que Saddam Hussein siguiese poseyendo armas de destrucción masiva. Tenet contestó que con toda certeza. Pero si hubiese calculado que las probabilidades eran un flaco 1 entre 200 que Saddam tuviese armas de destrucción masiva –y que se las suministraría a los terroristas— ¿ eso debería haber persuadido al Presidente de que era innecesario hacer algo más que desplegar contables y escritores de discursos?

A la luz de la mala apuesta que se hizo con los diques en Nueva Orleans, ¿no vale la pena meditar?

Clifford D. May, antiguo corresponsal extranjero del New York Times, es el presidente de la Fundación por la Defensa de las Democracias.

©2005 Scripps Howard News Service ©2005 Traducido por Miryam Lindberg