Los esfuerzos de los últimos años para lograr que los bancos rechazaran dinero de origen no comprobable o desconocido pueden estar yéndose ahora al traste, dicen los especialistas, porque una de las consecuencias más evidentes de la crisis económica mundial, con la desesperante falta de liquidez, es que las entidades financieras están olvidando, a marchas forzadas, cualquier tipo de prevención. El dinero del crimen se está dando un verdadero festín en todo el mundo.

Las primeras denuncias salieron a primeros de año de la propia ONU. Antonio Maria Costa, el director ejecutivo de la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, en sus siglas inglesas), un organismo basado en Viena, dio una entrevista en la que afirmaba que tenía "indicaciones serias" de que fuertes cantidades de dinero procedente del comercio ilícito de drogas están siendo usadas para mantener a flote bancos afectados por la crisis mundial.

Costa, economista italiano de 68 años, afirmó que había señales de que "algunos bancos han sido rescatados de esa forma". El dinero de la droga era, al parecer, el único dinero líquido disponible en grandes cantidades, algo especialmente atractivo en el deteriorado mercado inmobiliario de los países más desarrollados.

En otras declaraciones efectuadas a Reuters esta semana, Antonio María Costa insiste: "Grupos mafiosos con grandes cantidades de dinero cash están encaminando fondos a bancos desesperados por sobrevivir en medio de la crisis crediticia actual". La falta de liquidez de los bancos está dando una oportunidad extraordinaria al crimen organizado para lavar y blanquear su dinero. El alto funcionario de Naciones Unidas se negó a identificar casos concretos: "Eso es competencia de las fiscalías de cada país". En cualquier caso, parece que el dinero de la droga ha irrumpido ya con fuerza en sectores económicos no tradicionales.

En teoría, existe una llamada Financial Action Task Force (FATF), creada en la cumbre del G-7 de 1989, con 33 socios, España incluida, que tiene la responsabilidad de examinar las técnicas de blanqueo de dinero y de poner en marcha las medidas más adecuadas para impedirlo. Hasta ahora ha dado 40 recomendaciones, entre ellas, la necesidad de que las entidades de crédito conozcan a sus clientes y les exijan datos y la obligación de informar a las entidades reguladoras nacionales de cualquier tipo de operación sospechosa. La FATF no tiene capacidad investigadora, pero sí puede analizar las decisiones que toman los Gobiernos para combatir el lavado de dinero y, sobre todo, dispone de un arma relativamente efectiva: la llamada "lista negra de países no cooperativos", en la que figuran no sólo los llamados "paraísos fiscales", sino también países que no respetan sus principales recomendaciones. Ahora falta por ver si la crisis económica mundial va a "suavizar" las normas de la FATF o si las denuncias de Costa dan origen a nuevas y más estrictas ordenanzas. Por el momento no parece que las declaraciones del director ejecutivo de la UNODC hayan puesto nervioso a nadie.

Aunque Costa afirmó que "tradicionalmente Europa y Norteamérica son, por su consideración de centros financieros internacionales, los más proclives al blanqueo de dinero", las sospechas sobre el lavado se extienden ya por todo el mundo. Las autoridades argentinas, por ejemplo, han tenido que dar explicaciones sobre sus planes para repatriar capital sin sanción ni investigación sobre su origen. En teoría, se trata de una especie de amnistía fiscal encaminada a traer el dinero sacado de Argentina, un país prácticamente cortocircuitado para el crédito internacional; pero, en la práctica, los organismos de la ONU temen que plantee problemas relacionados con el blanqueo de dinero ilícito. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no ha resuelto las dudas: se reunió esta semana con las asociaciones de bancos para asegurarles que ellos no tendrán que interrogar a sus clientes sobre el origen del dinero, sino que será la propia AFIP la que cumpla ese trámite, exigiendo a los contribuyentes una declaración jurada genérica en la que se asegure que el dinero "no procede de ningún tipo ilícito: lavado o tráfico de drogas". -