La ley, aprobada de madrugada y tras 12 horas de debate, supone elevar las pensiones de jubilación más pequeñas hasta el 82% del salario mínimo, lo que implica incrementarlas de 1.046 pesos (unos 190 euros) a 1.504 pesos. Según datos oficiales, el 75% de los jubilados argentinos cobra la pensión mínima.

Cristina Fernández y su ministro de Economía, Amado Boudou, se habían negado a aceptar la llamada ley del 82% porque consideran que un incremento tan fuerte no puede ser asumido por la Seguridad Social y pondría al Estado al borde de la quiebra. El portavoz oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, aseguró que la ley tenía como único objetivo "perjudicar a Cristina Fernández" y que era "una muestra de irresponsabilidad".

Voto del vicepresidente

La oposición, por el contrario, estima que se puede hacer frente perfectamente a esa subida porque hay ingresos regulares suficientes. El problema, afirman, no es la capacidad financiera, sino que la Seguridad Social está destinando parte de sus ingresos a pagar subsidios que no tienen nada que ver con el objetivo para el que fue creada (las pensiones).

Diferentes miembros del Gobierno habían asegurado antes de iniciarse la sesión parlamentaria que, en caso de aprobarse la ley, la presidenta ejercería su derecho de veto, previsto en la Constitución. La medida, sin embargo, tendría un sensible coste político para los Kirchner, primero porque perjudica su imagen de defensores de políticas sociales, y segundo, porque les aleja de pequeños grupos de izquierda con los que han conseguido sortear la presión de un Parlamento en el que no tienen mayoría desde las legislativas del año pasado.

En este caso, los oficialistas consiguieron arañar un empate que fue deshecho por el voto favorable a la ley del vicepresidente Cobos, titular del Senado. Los Kirchner y Cobos no se hablan desde que el vicepresidente votó en su contra durante el conflicto del campo. Cobos, al que los oficialistas han pedido reiteradamente la dimisión, insistió ayer en que no piensa abandonar su cargo.