El aspecto más fastidioso son los $18.4 mil millones en exenciones de impuestos e incentivos a lo largo de diez años para varias inversiones de energía. Mientras que a los conservadores les gusta argumentar que si usted subsidia algo, usted obtendrá más de aquello, esa observación generalmente es utilizada como una admonición en contra de—no un criterio para—la intervención gubernamental. En este caso, el Senado propone subsidiar las inversiones que han sido incapaces de atraer la cantidad de capital privado que los proponentes quisieran. ¿Pero cuáles son las posibilidades de que 100 senadores utilizando el dinero de otras personas (los contribuyentes) puedan escoger mejores inversiones que los inversionistas que usan su propio dinero? Es posible que algunas de las decisiones del senado tengan sentido, pero en aquellos casos, todo lo que se cumple es la innecesaria transferencia de recursos de los contribuyentes hacia los inversionistas. En pocas palabras, el Senado no está subsidiando tanto a la energía sino más bien a las dudosas inversiones y/o a los determinados inversionistas.

La ley también contiene órdenes específicas con respecto a la producción y el consumo. Diez por ciento de toda la electricidad vendida en 2020 deberá ser producida de una lista de combustibles renovables que hayan sido aprobados; las refinerías deberán ofrecer 8 mil millones de galones de etanol al año para el año 2012; y el presidente ha sido convocado a reducir el consumo de petróleo por un millón de barriles por día para el año 2015. Los mandatos del gobierno de “vosotros produciréis” o se enfrentarán a la prosecución parecen ser más característicos de los planes de cinco años de la Unión Soviética que de una economía de libre mercado.

Varios mandatos de conservación de energía y de eficiencia también están en la ley, pero los precios altos de energía, si son permanentes, ofrecen a los consumidores incentivos adecuados para economizar su uso de energía. Y si los precios resultan ser más bajos en el futuro, entonces las inversiones en conservación y eficiencia habrán sido una malversación de capital. Dado que el record de las predicciones gubernamentales sobre los futuros precios de energía no ha sido bueno (recuerden ¿$100 por cada barril de petróleo para el año 2000?), ¿no deberían los Repulicanos permitir a los consumidores—en lugar de permitírselo al gobierno—decidir como su dinero es gastado?

El respeto de a la autonomía de los estados y las localidades también es dejado a un lado en el apuro para imponer a las comunidades colectivas, las cuales simplemente no quieren recibir el riesgo de accidentes industriales potencialmente peligrosos, los terminales de gas natural licuado (LNG por sus siglas en inglés). Si los inversionistas no pueden pagar lo suficiente a los gobiernos locales para que acepten estos terminales—los cuales son necesarios para importar el gas natural del extranjero—esto nos dice que los costos de dichas facilidades en esas comunidades (al menos, cuando las preferencias subjetivas de riesgo son incluidas en la calculación) son mayores que los beneficios económicos prometidos. Algunas comunidades, por supuesto, tienen una demostrada disposición para aceptar dichos pagos a cambio de la construcción de un terminal, por lo tanto LNG entrará a EE.UU. de alguna manera u otra. La única cuestión es cual comunidad local recibirá qué nivel de pago para compensar por los riesgos percibidos. Si algunas comunidades o regiones del país están dispuestas a pagar precios de gas natural mayores para evitar el riesgo asociado con dichos terminales, ¿por qué debería Washington intervenir e ignorar aquellas preferencias?

Los Republicanos están tan emocionados también sobre el lenguaje que permite a los reguladores federales ignorar a los reguladores estatales y locales quienes son los que están prohibiendo la construcción de nuevas líneas de energía. Pero estas mismas objeciones que se aplican a las provisiones de LNG de la ley se aplican aquí también.

Hay dos provisiones saludables en la ley. Primero, la ley del Senado requiere un inventario de los recursos de petróleo y gas en el banco de arena cerca del exterior del continente. Aún cuando este inventario no está atado a cambio alguno en la política pública, un debate informado sobre los méritos relativos de las perforaciones cerca de la costa en aguas actualmente protegidas es mejor que un debate sin información. Segundo, la ley abroga el Acto de la Compañía en Posesión de las Utilidades Públicas (PUHCA por sus siglas en inglés), una ley de la era de la depresión que prohíbe ciertos tipos de inversiones y estructuras de organización corporativa en el sector eléctrico.

La versión de la Cámara de Representantes: mejor, pero todavía mala

Esos son los puntos relevantes de la ley de energía aprobada este mes por el Senado. Para ser justos, la ley del Congreso respaldada por los Republicanos no es mucho mejor. Hay algunos pocos elementos positivos: Las preferencias impositivas son menores al nivel de $8.1 mil millones a lo largo de diez años; la orden con respecto al etanol es solo de 5 mil millones de galones para el año 2012; no hay regulación por sobre la producción de energía de fuentes no renovables o ningún mandato para que el presidente reduzca el consumo del petróleo; y las provisiones sobre la eficiencia de la energía son más contenidas. Por otro lado, las provisiones con respecto a la precedencia de la autoridad federal por sobre la construcción de terminales de LNG y líneas para la transmisión de electricidad son las mismas que en la versión del Senado. Curiosamente, la Cámara de Representantes “Republicana” desde hace mucho ha resistido el inventario del petróleo y el gas en los bancos de arena cercanos a la costa, aunque si decidió abrir el Refugio Nacional para la Vida Salvaje del Ártico (ANWR por sus siglas en inglés) para la industria petrolera, mientras que el Senado no lo hizo.

La diferencia política más grande entre las dos leyes es la cuestión de la responsabilidad de los productores de MTBE, un compuesto de la gasolina que contamina el agua subterránea cuando los tanques de gasolina subterráneos tienen una fuga. El problema es que los tanques de almacenaje subterráneos que son usados por las gasolineras independientes, luego son abandonados después de que el Congreso ordenó mejoras en la tecnología de tanques. Muchas gasolineras pequeñas cerraron sus negocios en lugar de pagar el precio de las mejoras, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿Quién debería ser responsable por los costos de limpieza ya que los dueños de los tanques con fuga no pueden ser hallados o no pueden pagar por los daños que podrían exceder $75 mil millones? La Cámara de Representantes argumenta que los productores no fueron responsables de la fuga subterránea de los tanques subterráneos porque estos eran posesión de otros; que el uso de MTBE aumentó debido a un mandato de la Cámara de Representantes en 1990 (Acto del Aire Puro); y que los productores no deberían ser responsables. El Senado cree que los productores sabían sobre los peligros presentados por MTBE para el agua subterránea; sabían que los tanques para el almacenaje subterráneo tenían tendencia de tener filtraciones; y podrían haber usado otros medios para oxigenar el combustible sin dejar de cumplir con las enmiendas del Acto del Aire Puro de 1990; y entonces eran por lo menos en parte responsables de la contaminación del agua subterránea que se dio.

Todos están de acuerdo en que las señales de precio deberían reflejar todos los costos asociados con la producción—incluyendo los costos de los daños ambientales asociados con la producción y el consumo. Pero incluyendo los costos ambientales de ayer en los productos de hoy no refleja el costo de producción de hoy—esto refleja el costo de producción de ayer y por lo tanto distorsiona las señales de precio. Además, es difícil hacer un caso normativo en el cual los productores de MTBE fuesen determinados como responsables por la negligencia de los puntos de venta a los cuales ellos le vendieron su producto. De acuerdo a esto, la limpieza debería ser concebida como un bien público que debería ser pagado por el público.

Tomadas en conjunto, ambas leyes tienen mucha más paja que trigo, y es poco probable que el comité de conferencia que se reunirá pronto mejore la situación. Una ley que simplemente abrogue PUHCA, abra ANWR para la nueva exploración de petróleo, conduzca un inventario de las reservas energéticas de las aguas de las costas federales, y proteja a los productores de MTBE de las responsabilidades sería buena, pero aquella ley no sería posible que pase en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Además, no haría mucho para mejorar la operación de los mercados de energía que—diciendo la verdad—no están en ninguna gran necesidad de “arreglos” políticos. Por lo tanto, nosotros probablemente estaremos mejor basándonos en la existente dinámica de oferta y demanda para que los precios de energía bajen y más no en los políticos.

Jerry Taylor es Director de Estudios de Recursos Naturales del Cato Institute.

Peter Van Doren es Editor, Revista Regulation del Cato Institute.

Este artículo originalmente fue publicado en el Nacional Review Online el 19 de Julio de 2005.