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16/10/2011 | EE.UU.: Aprendamos una lección del caso Solyndra

Jerry Taylor y Peter Van Doren

Cuando Solyndra anunció en agosto que esperaba acabar con sus operaciones de producción y declararse en bancarrota, desató una tormenta política en Washington. Y esto no debería sorprender. La empresa de California que produce paneles solares fue parte de la propaganda de la campaña de empleos verdes de la administración de Obama y recibió la impresionante cantidad de $500 millones de dólares en préstamos garantizados por los contribuyentes.

 

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno informó que dichos fondos federales fueron entregados pasando por alto los protocolos administrativos normales, lo cual es todavía más sospechoso dado que un importante donante del partido Demócrata, George Kaiser, tenía considerables intereses vertidos en la empresa. Mientras tanto, un creciente número de reportes están descubriendo que la publicitada bonanza de empleos verdes no está materializándose —conclusiones que han sido respaldadas luego de que Solyndra se declarara en bancarrota.

Desafortunadamente, los asuntos más importantes que involucran a Solyndra y a la campaña de empleos verdes del presidente no están recibiendo la atención que deberían. Y esos asuntos explican de raíz por qué el programa de empleos verdes del presidente está casi seguramente condenado a fracasar sin importar lo que uno piense acerca de la energía verde o de los empleos verdes.

Solo el hecho de que las garantías de préstamos federales fueron necesarias para Solyndra nos dice que pocos prestamistas pensaban que darle dinero a la empresa era una buena idea. Dado el hecho de que los prestamistas que apuestan “bien” en las empresas con buenos prospectos pero con capital insuficiente son prestamistas que ganarán dinero, podemos estar seguros de que cientos si no es que miles de oficiales de crédito analizaron detenidamente a Solyndra y dijeron…”no, gracias”. ¿Debemos creer que el presidente Obama sabe más que todos estos capitalistas hambrientos de ganancias acerca de los verdaderos prospectos de Solyndra en el mercado global de energía? ¿Que el presidente Obama tiene incentivos todavía mayores que los inversionistas para asegurar el dinero parqueado en esta empresa o que este sea bien gastado? Hacer estas preguntas es contestarlas.

Hay tres refutaciones típicas a estos argumentos. Primero, se nos ha dicho que los funcionarios federales están haciendo lo correcto al acumular un portafolio de inversiones de alto riesgo y alto retorno porque esas son precisamente el tipo de inversiones que el mercado probablemente deja pasar. Tal vez. Pero hay una buena razón por la cual estas inversiones no son realizadas; hay la probabilidad de que todas fracasen. Elegimos al presidente para que sea jefe en comando, no prestamista en comando.

Segundo, muchas veces nos confrontan con anécdotas de inversiones estatales exitosas que parecerían desmentir la aseveración de que el Estado no sabe lo que está haciendo cuando se trata de tecnología. Pero consideremos las anécdotas.

¿Los funcionarios federales “inventaron” el Internet? Bueno, de alguna manera. Los investigadores no estaban intentando crear un mercado o hacer que un mercado funcione mejor. Ellos simplemente estaban tratando de crear un sistema mediante el cual las grandes y costosas computadoras utilizadas por los analistas de defensa del Estado y de las grandes universidades de investigación podrían comunicarse entre ellos. La difusión de las computadoras personales y baratas más la red que permitiese que se comunicasen entre ellas vendrían mucho después.

¿Acaso no creamos maravillas tecnológicas intentando llevar al hombre a la luna? Si lo hicimos. Pero la campaña federal de hacer de la energía renovable algo económicamente competitivo equivale a un Proyecto Apollo pretendiendo colocar un hombre en la luna de manera rentable; un reto muy distinto.

¿Acaso las inversiones federales en tecnología energética no han demostrado ser exitosas en el pasado? No. Mientras las anécdotas acerca de esto también abundan las evaluaciones sistemáticas de los programas federales no encuentran evidencia de que 60 años de gasto federal en tecnología energética hayan producido más beneficios que costos.

Por supuesto, estas defensas del programa de préstamos palidecen ante el grito ensordecedor que rodea la necesidad de mantenerse al mismo nivel que China, un país que aparentemente “se está comiendo nuestro almuerzo”, en el supuestamente vital mercado global de energía renovable. Mientras que EE.UU. atrajo $34.000 millones en capital privado para energía verde el año pasado, los chinos obtuvieron $54.000 millones y las empresas chinas dominan el negocio global de energía eólica y solar. Todo esto gracias a los subsidios y preferencias del gobierno chino, los cuales superan a los nuestros; comprobando, según nos dicen, que una campaña federal bien puede justificarse si de verdad dedicamos recursos de nuestra tesorería a la energía verde.

Sin duda, en las industrias caracterizadas por efectos de red o economías de gran escala en relación al tamaño del mercado mundial, hay considerables ventajas para los países que llevan la delantera en la producción. Las empresas pioneras crecerán rápidamente y las que vendrán después no podrán adquirir una escala suficiente como para volverse viables. En teoría, entonces, los subsidios a las empresas pioneras pueden conducir, después, a ganancias en exceso. Un país que alienta a estas “empresas pioneras” puede aumentar permanentemente el bienestar en relación al resto del mundo mediante una astuta intervención del Estado.

Pero, ¿podemos estar seguros de que eventualmente habrá un mercado viable para la energía solar o de que la producción de paneles solares de hecho está caracterizada por muy grandes economías de escala? No, no podemos estar seguros. Como lo documentó el profesor Vaclav Smil hace algunos años, el record de aquellos que predicen los mercados energéticos ha dejado mucho que desear. Y si hay evidencia de que las economías a gran escala en los mercados de energía solar son lo suficientemente grandes como para temer que una empresa pionera elimine la competencia a futuro en el mercado, no la hemos visto.

Desafortunadamente, los republicanos que están atacando a la administración por el fiasco de Solyndra también están haciendo campaña para expandir las garantías federales de préstamos para las plantas de energía nuclear. Pero si esas garantías de préstamos alguna vez son lo suficientemente robustas como para conseguir que los inversionistas pongan su dinero en nuevas plantas de energía nuclear, probablemente producirán una serie de “Solyndras nucleares” en bancarrota. Tanto la Oficina del Congreso para el Presupuesto como la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno esperan que alrededor de 50% de cualquier garantía estatal de préstamos a futuro para la industria de energía nuclear termine en un default.

La izquierda tiene mucho qué explicar para justificar la continuación del programa vigente de garantías de préstamos para energía. Y a la derecha le convendría aprender una lección más profunda de la experiencia de Solyndra y reconsiderar su compromiso con programas similares en otros sectores de la economía energética.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes.com (EE.UU.) el 13 de septiembre de 2011.

El Cato (Estados Unidos)

 



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