En ese contexto, la ONU, dando muestras de una sorprendente ideologización, se ha pronunciado instando al gobierno de Chile a no procesar a los culpables invocando la ley antiterrorista que rige actualmente en el país. Después de 20 años de creciente conflicto, esta ley ha comenzado a ser aplicada por los gobiernos de la Concertación ante el temor de que la situación de violencia se torne incontenible y deba procederse derechamente a la militarización de la zona.

La erosión del Estado de Derecho en el sur del país es alarmante. Si el promedio de actos de violencia entre los años 2004 y 2008 —incendios, tomas de terrenos, ataques armados a propietarios y trabajadores— fue de 23 por año, a partir del 2008 estos se incrementaron dramáticamente alcanzando 56 el año 2008 y 37 hasta julio de 2009.[1]

Varios factores explican lo anterior. En primer lugar, existe una instrumentalización del problema indígena para generar ingobernabilidad, en la cual participan elementos locales y extranjeros. Existe bastante evidencia de que grupos violentistas como la Coordinadora Arauco Malleco —CAM— cuentan con el apoyo de otras organizaciones chavistas de América latina e incluso tienen contacto con las FARC colombianas. El vínculo es aún más evidente cuando se considera que la CAM, integrada en parte por miembros del desparecido grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ha participado del Congreso Bolivariano de los Pueblos en Caracas.[2]

Un segundo factor que explica la escalada del conflicto, tiene ver con las políticas asistencialistas que han seguido los gobiernos de la Concertación en los últimos 20 años y particularmente con el giro que experimentaron bajo el gobierno de Bachelet. Desde 1990 hasta la fecha, el gobierno de Chile ha regalado más de 670 mil hectáreas a comunidades indígenas,[3] sin embargo, los niveles de pobreza, baja escolaridad y falta de oportunidades entre las comunidades beneficiadas no han mejorado. De este modo, no ha existido ningún tipo de formación productiva o educacional para quienes habitan la región más pobre de Chile. Sólo ha habido reparto de tierras antes altamente productivas, compradas a prósperos propietarios y que hoy se encuentran reducidas a economías de subsistencia.

Ahora bien, desde 2008 el gobierno de Bachelet puso fin a la política adoptada en el gobierno de Ricardo Lagos según la cual las tierras que eran tomadas ilegalmente quedaban totalmente excluidas de cualquier compra por parte del Estado. Así, el actual gobierno optó por beneficiar directamente a las comunidades que se tomaran fundos violando la ley, pagando hasta un 50% más que en los casos de tierras negociadas pacíficamente. Esta nueva modalidad explica en gran medida el explosivo aumento de hechos de violencia en la región. Baste tener presente que en lo que va del año 2009 del total de tierras entregadas por el gobierno, el 52% ha sido otorgado a comunidades violentas.[4]

En suma, el carácter asistencialista de la política de entrega de tierras a comunidades indígenas, la debilidad de la autoridad en la aplicación de la ley, la influencia de elementos subversivos extranjeros y el incentivo dado por el gobierno a cometer hechos de violencia para verse beneficiado con nuevas tierras, explican tanto el fracaso de la política indígena de los últimos 20 años como la creciente violencia que se vive en el sur de Chile.

Referencias:

Libertad y Desarrollo: Menos estado de derecho en la Araucanía, Temas Públicos número 928, 31 de julio de 2009. Disponible en: http://www.lyd.com/LYD/tp/TP928ViolenciaenlaAraucania.pdf.

Ver: Libertad y Desarrollo: Mitos y realidades en el tema indígena, Temas Públicos número 854, 11 de enero de 2008. Disponible en: http://www.lyd.com/lyd/controls/neochannels/neo_ch3803/deploy/854%20tema%20indigena%20ll%20asch.pdf.

Ver: http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/09/02/MERSTED003AA0209.htm.

Libertad y Desarrollo: Araucanía: violencia y entrega de tierras, Temas Públicos número 931, 21 de agosto de 2009. Disponible en: http://www.lyd.com/LYD/Controls/Neochannels/Neo_CH3864/deploy/TP931AraucaniaViolenciayDeterioroeconomico%5B1%5D.pdf.

Axel Kaiser es investigador del Instituto Democracia y Mercado (Chile) y columnista de ElCato.org. Axel obtuvo el primer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.