La lucha frontal que se ha vivido en este país contra el narcotráfico todos los días de los últimos tres años no tiene ningún viso de que logre acabar con el crimen organizado por la vía militar y policiaca. En cambio, lo que sí ha conseguido, sin proponérselo, es poner al descubierto, con toda crudeza, las limitaciones e ineficiencias de las instituciones de justicia y seguridad pública. Los aparatos de seguridad, tribunales, ministerios públicos están “oxidados” para imponerse en un combate que, paradójicamente, tampoco se puede perder sin que en el saldo final vayan de por medio las mismas instituciones. Es esta la encrucijada en la que nos ha puesto la “guerra” contra las drogas del presidente Felipe Calderón.

Desde que inició esta “guerra”, sin objetivos y metas suficientemente claras, han sido detenidas más de 60 mil personas por delitos contra la salud, pero sólo unas tres mil llegaron a la cárcel. Es decir, que alrededor de 5% de ellas fue hallada culpable de estar ligada al crimen organizado o haber cometido un acto ilícito. ¿Qué pasó con el resto?, ¿los ministerios públicos no pudieron consignar o los jueces no pudieron castigar?

Las cifras de detenidos varían, pero en ningún caso indican que las prisiones del país se hayan llenado de narcotraficantes en estos tres años de operativos permanentes, acciones y “golpes” casi a diario. Más bien, las cárceles parecen estar pobladas de presos pobres, que cayeron por delitos menores de robo sin violencia, muchas veces de “poca monta” e incluso hasta por hambre. Son los casos más sencillos para engrosar las cifras de las estadísticas de productividad de las procuradurías que, como la del DF, alentó hasta hace un tiempo el sistema de “cuotas” de consignación y ahora impone fianzas altas que un delincuente común no puede pagar las más de las veces.

En el fragor del combate contra el crimen organizado y la creciente demanda de seguridad ciudadana, las instituciones de justicia tratan de ocultar su debilidad con consignaciones a cualquier precio, aunque el costo sea criminalizar la pobreza. No es un asunto nuevo, desde antes que iniciara esta lucha cerca de 50% de los presos en el DF cumplían condenas en 2005 por robo simple sin violencia, de acuerdo con la encuesta a población en reclusión, del CIDE, de ese año.

Es por ello que esta “guerra” hoy nos muestra, casi como si se tratara de una radiografía, que el narcotráfico pudo crecer en el país mientras el Estado se debilitó en áreas básicas como la de seguridad. ¿Se puede vencer al narcotráfico con instituciones débiles, cuando además el propio presidente Calderón reconoce que es imposible acabar con las drogas? ¿Es posible atacar frontalmente al crimen organizado y al mismo tiempo cambiar el obsoleto sistema de persecución del delito?

La respuesta es compleja porque ni siquiera hay indicadores claros sobre el avance en este combate: ¿cantidad de detenidos, decomisos, ejecutados, encarecimiento del precio de la droga? Todo esto nos habla de la magnitud del problema, del tamaño del mercado o de la espiral de la violencia, pero no de los “asaltos” que durará la pelea. ¿Cuál es el horizonte?

Mantener a 50 mil soldados en las calles del país indefinidamente y duplicar los efectivos de la Policía Federal implican una elevada carga presupuestal para un país en crisis económica. Sobre todo, la violencia ha generado un fuerte desgaste a la sociedad y al Estado.

El presupuesto de las secretarías involucradas en el combate a las drogas (Sedena, Marina, Seguridad Pública y PGR) se ha elevado 60% durante esta administración, pero todos los recursos empleados no han conseguido poner bajo control la violencia. La Secretaría de Seguridad Pública ha recibido 140% más de recursos que los que tenía en 2006, en un país que, a diferencia del de hoy, crecía aunque fuera poco. Pero, con una caída de entre 7 y 8% del PIB en 2009, ¿es sostenible el ritmo de gasto?, ¿cómo se han usado estos recursos si los estados reflejan subejercicios en seguridad pública de hasta 50% en los últimos dos años?

Y si la falta de eficacia en la persecución del delito o la crisis fiscal del Estado plantean interrogantes al futuro de esta estrategia, la persistencia de la violencia nubla aún más el horizonte. Uno de los mayores temores es que una lucha indefinida provoque un vuelco de la opinión pública contra la violencia, se debiliten los consensos partidistas en torno al despliegue militar y se polarice la discusión sobre la estrategia de la lucha contra las drogas.

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