El lunes 7 la policía detuvo al suboficial de la Marina de Guerra en actividad José Luis Chávez Andrade cuando este efectuaba un seguimiento al jurista Aníbal Torres, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.

La captura se produjo a pedido del propio Torres, quien días atrás se había dado cuenta de que vigilaban su casa y de que lo seguían cuando salía.

En poder del marino, que trabaja en el servicio de inteligencia de su institución (Dintemar), se encontró una cámara de fotos y una filmadora de video.

Los motivos

Según La República, “Aníbal Torres es considerado el más tenaz  e inflexible de los consejeros en la lucha contra la corrupción fiscal y judicial, e incluso dentro del mismo CNM”. (8.6.10, “Hacía reglaje a consejero Aníbal Torres”).

Motivo suficiente para vigilarlo, fotografiarlo y filmarlo para tratar de desacreditarlo o extorsionarlo, en el contexto de un gobierno corrupto que utiliza sin escrúpulo alguno los servicios de inteligencia del Estado para sus fines particulares.
   
Con todo el apoyo

El suboficial Chávez, atrapado con las manos en la masa, cuenta con el respaldo total de su institución y del gobierno, lo que revela a las claras que no actuaba por su cuenta y riesgo.

Apenas Chávez fue detenido, llamó a informar a sus superiores. Al poco tiempo se apersonó a la comisaría la teniente primera de la Marina –y abogada– Lizzett Angélica Cabezas. Ella trabaja en el Cuerpo Jurídico de la Marina. (La República, 9.6.10, “Fiscal citará al jefe de la Dintemar”).

Por supuesto, en pocas horas la Marina obtuvo la liberación del espía y lo puso a buen recaudo.

Luego la Marina publicó un comunicado en el que afirma que no se dedica a infringir la ley y el ministro de Defensa, Rafael Rey, también trató de desmentir lo evidente sin ningún argumento.

Posibilidades

En el caso del seguimiento al consejero Aníbal Torres caben dos posibilidades. Una, que se trate de una operación ordenada por el gobierno. Dos, que sea un trabajo encargado por privados –instituciones o individuos–, es decir, la utilización del servicio de inteligencia de la Marina, personal e infraestructura, para obtener beneficios particulares.

Esto último ya se ha revelado varias veces. El caso más notorio, el de BTR, en el que marinos en actividad y retiro, usando los recursos del servicio de inteligencia, realizaban trabajos particulares y cobraban por ello.

Es de suponer que parte de esa remuneración iba para los mandos que o se hacían la vista gorda o colaboraban activamente. Porque nadie puede creer que en un servicio de inteligencia reconocido por su calidad –precisamente por eso los utilizan– ocurran estas cosas sin que los jefes se enteren. Si fuera el caso, habría que echarlos por torpes.

Tampoco se puede aducir sorpresa. Al inicio de este gobierno se denunció el caso de un par de empresas de seguridad privada, de propiedad de marinos en retiro, donde trabajaban marinos en actividad del servicio de inteligencia, que vendían información a empresas privadas.

La reiteración de esta situación no deja lugar a dudas. Se trata de actividades ilegales que se realizan con el conocimiento y la protección de los mandos.

También la policía

El uso ilegal de los servicios de inteligencia con fines comerciales o extorsivos se ha convertido en moneda corriente en este gobierno. Hace poco le ocurrió al director de la Policía, Miguel Hidalgo, filmado cuando salía de un hostal por agentes de inteligencia de la propia policía, presumiblemente mandados por el ministro del Interior.

El propio Hidalgo ha confirmado esa hipótesis en una reciente entrevista, en la que revela que “fueron dos equipos que, incluso, me siguieron al interior del país”. Y que fueron enviados por “niveles superiores”. (“Hidalgo toma distancia”, Caretas, 27.5.10). El único superior a Hidalgo es el ministro.

Al estilo Montesinos

En suma, estamos ante la corrupción de los servicios de inteligencia, usados por el gobierno con fines inconfesables o vendiendo sus servicios al mejor postor.

En los últimos años, los fujimoristas y sus aliados han tratado de difundir la especie de que fueron los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo los que destruyeron los servicios de inteligencia, tratando de negar lo evidente: quien corrompió y destruyó esos servicios fue Vladimiro Montesinos y quien disolvió el SIN, mientras su socio lo desmantelaba, fue Alberto Fujimori.

Hoy día, en el gobierno aprista, los servicios de inteligencia han retornado a las prácticas de la década de 1990, bajo nuevas modalidades.

frospigliosi@larepublica.com.pe