Es decir, el año de las elecciones municipales-regionales y preámbulo a las elecciones generales de abril 2011, el Estado ha multiplicado –dos veces y media– los gastos en autobombo. Sí, pues la publicidad no impulsa campañas de salud o educativas, prevención de emergencias o difusión de derechos de la gente. Se trata directamente de propaganda de los supuestos logros gubernamentales que llega al paroxismo con García poniéndole un chullo a la copa del mundial de fútbol declarándonos “campeones mundiales de lucha contra la pobreza”.
Hemos soportado la transmisión de los partidos con una permanente letanía sobre viviendas construidas, expansión de los servicios de agua, disminución de la pobreza, etc. Hasta declararnos campeones mundiales en el marco de un campeonato de fútbol en cuya eliminatoria quedamos coleros. ¡Increíble! Ocultar un fracaso deportivo de décadas, ni por asomo superado, con un campeonato inventado por el publicista en que no competimos con nadie.
Pero lo más grave es la forma como se corona esta campaña publicitaria. El autobombo cierra con un virulento spot destinado a identificar a quienes reclaman por sus derechos o ejercen su derecho a plantearse un cambio de rumbo para el país –asolado por las desigualdades, la corrupción y la perdida de soberanía sobre nuestros recursos naturales para imponer los intereses de las transnacionales extractivistas– como si fueran terroristas o estuvieran interesados en promover el desempleo y frenar el desarrollo para sacar provecho propio de la miseria.
El spot de marras identifica desarrollo con minería e industrias extractivas exportadoras de materias primas, y, claro, exportación con desarrollo. Nada dice sobre las amenazas a las tierras de las comunidades nativas, en una Amazonía que el gobierno ha concesionado en cerca del 75% a industrias extractivistas. Nada de la brutal contaminación ambiental que sufren por la irresponsabilidad y el afán de ganancias de empresas como Pluspetrol que han contaminado recientemente más de 100 km del Marañón. Nada sobre la contaminación minera con relaves que van a dar a los ríos, el ganado, el agro y a los mismos seres humanos en la sierra central. Nada sobre la demanda de los pueblos del macrosur y del Perú en el sentido de no exportar el gas de Camisea –barato y limpio– y reservarlo como fuente energética nacional a precios incomparables para atender a amas de casa, transportistas, industrias y un polo petroquímico que genere nuevos horizontes al país. No, los que demandan algo o protestan son violentistas, terroristas, enemigos del empleo. Y, claro, el gobierno no tiene responsabilidad alguna, vía su desatención a los reclamos y su negativa a resolver los problemas, con el malestar creciente y la pasividad de las protestas. Todo lo resuelve con la criminalización de las demandas sociales y la proscripción a quienes disienten.
El mensaje publicitario vino de la mano con la decisión de expulsar del país a un ambientalista de la Congregación de La Salle
–John Mc Auley– que tiene cerca de dos décadas trabajando en el país y es parte de la Red Ambiental de Loreto, vinculada a los pueblos amazónicos. De momento se ha frenado, pero el mensaje amenazante del gobierno es claro y va para los movimientos sociales y sus colaboradores.
García reinstala el terror ideológico y mediático, ¿reinstalará el Comando Rodrigo Franco también o le bastara con ir soltando y reagrupando a los miembros del Grupo Colina, creación de su aliado fujimontesinista? Cuidado con este escenario.
