Lógicamente, en la coyuntura electoral, por doquier surgieron grupos políticos proclamando su indignación por lo sucedido –los primeros, los candidatos presidenciales– anunciando investigaciones y medidas drásticas.

Sin embargo, la experiencia demuestra que una cosa es lo que se dice y otra la que se hace. Sin duda hay sectores que legítimamente desean que se investigue Camisea, pero también es indudable que hay sectores que buscan jugar a dos bandas, sin interés en aclarar lo sucedido.

Así, fuertes presiones están en juego para echar tierra al escándalo del ducto, dilatando y diluyendo las investigaciones.

Muestra de ello es cómo el gobierno y la derecha se han cerrado en defensa del premier Kuczynski, buscando disimular su controversial relación con Camisea, donde resulta ser juez y parte, puesto que ha trabajado para empresas integrantes del Consorcio Camisea –como Hunt Oil y Techint– y empresas como Tenaris (de la cual ha sido director), que es la proveedora de los tubos con los que se construyó ese ducto que se rompe cada pocos meses.

Evidentemente, el conflicto de intereses del premier debe investigarse, requiriéndose explicaciones del mismo Kuczynski. Por ello presenté a mediados del marzo –con el apoyo de 18 congresistas más– una moción de interpelación, para que el premier acuda al Congreso a responder sobre Camisea.

Sin embargo, la mayoría oficialista, contando con el apoyo de la derecha, se negó a dar curso a la moción, “congelándola” hasta después de las elecciones del 9 de abril. ¿Qué miedos habrán movido al oficialismo? ¿Qué temían si el premier acudía al Congreso antes de las elecciones?

¿A qué jugaban la derecha y el gobierno? Recién ahora, luego de las elecciones –con el gobierno desaparecido electoralmente–, ahora sí, el oficialismo va a dar trámite a la moción de interpelación.

Eso es un avance, pero aún no garantiza nada: Primero, el Congreso tiene que aprobar la convocatoria al premier para que acuda a responder la interpelación, y aquí es que bancadas como la del APRA –que han exigido públicamente investigar Camisea– deben demostrar a la ciudadanía que mantienen sus compromisos.

Segundo, el premier Kuczynski y el gobierno no pueden pretender convertir a la interpelación en un saludo a la bandera, donde el interpelado habla mucho, no responde nada, y recibe el automático “voto de confianza” del oficialismo.

El país exige respuestas sobre el ducto de Camisea, al que todos los peruanos subsidiamos pagando una sobretasa en nuestras facturas eléctricas. El Congreso tiene el deber de exigir al gobierno plenas explicaciones, investigar exhaustivamente, y definirse respecto a los incidentes en el ducto, la evidente incompatibilidad de intereses y funciones del premier Kuczynski, y la existencia de causales que ameritan la resolución de la concesión del transporte de gas.

Este Congreso, profundamente desprestigiado y ya de salida, tiene entonces, con Camisea, una postrera oportunidad para reivindicarse y cumplir con el país.
Ojalá esta oportunidad no se desperdicie.