Por casi dos décadas el país vivió dominado institucionalmente por una fábrica del odio. La pieza clave de esta fábrica fue la sumisión del aparato judicial a intereses de todo género, menos a los de la justicia. La defensa de los derechos fundamentales, la protección de las minorías, las garantías de los acusados, el imperio de la Constitución o la vigencia de la ley no eran el objetivo de las instituciones judiciales. El discurso jurídico quedó reducido a una burda manipulación de los principios y reglas del derecho para satisfacer la popularidad de un líder, la vanidad del magistrado de turno o el resentimiento de sectores sociales.
A falta de pan y de políticas públicas serias, bueno era el show de la justicia. Había para todos, y de todo. Como un circo con varias pistas. Payasos y arlequines, en unas, trapecistas, leones y lagartos, en otras. Lo que no había era justicia, ni respeto por el derecho. No había instituciones independientes, –y con pocas excepciones– ni magistrados que las lideraran.
Gracias a esta obra maestra de la ingeniería mecánica, su inventor logró perpetuar su poder político y alimentar su prepotencia. Pudo saciar rencores, manchar honras ajenas, infundir miedo y perseguir como perro hambriento al que le daba la gana.
La dirigencia nacional quedó seducida por esta fábrica del odio. Lejos de combatir la manipulación de la justicia, terminó adoptando semejante práctica como un legítimo instrumento del quehacer público. El debate filosófico quedó desplazado por el Código Penal, y los argumentos de economía política fueron sustituidos por el uso maniqueo de delitos con los que se jugaba como plastilina.
Un sistema como este, incapaz de garantizar a empresarios, trabajadores, campesinos y profesionales un mínimo de respeto a la Constitución y de seguridad jurídica, nos condenó al fracaso institucional como sociedad. Un fracaso del que aún no salimos y que está debidamente registrado por instancias internacionales.
Los casos de Dahik, Bucaram, Gallardo, Mahuad, Gutiérrez y Noboa son probablemente los más emblemáticos de esa fábrica de odios. Pero no son los únicos. Junto a ellos hay muchos otros casos similares a estos, casos en los que el linchamiento popular prevaleció sobre el debido proceso. Ecuador es probablemente de los pocos países en el mundo –África incluida– donde las garantías constitucionales de los acusados son consideradas como simples formalidades que pueden atropellarse en aras de la justicia. Cuando es precisamente lo contrario. La justicia jamás podrá alcanzarse si para llegar a ella se han violentado una o más de esas garantías. Cuando una sociedad logra asimilar esta verdad es cuando esa sociedad comienza a dar signos de civilización. Hasta que eso suceda, lo que llama justicia es simple venganza o cualquier otra cosa.
No es coincidencia que el pedido del presidente Correa de dar amnistía a Dahik sea tan difícil de digerir para la clase dirigente. Después de todo, la fábrica de odios creada años atrás y que sigue siendo tan atractiva como antes, comenzó precisamente con ese caso.
