La atención y el escándalo que han desatado las revelaciones hechas por el joven técnico Edward Snowden sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos ha opacado el hecho de que se trata de actividades avaladas por una corte de justicia.
Podría parecer algo paradójico pero lo cierto es que
la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), que es para quien trabajaba la firma
que había reclutado a Snowden, no podía legalmente implantar el sistema de
vigilancia que tanta controversia ha provocado sin una decisión judicial
favorable, tal como lo ha recordado recientemente el New York Times.
La Foreign Intelligence Surveillance Court, también
conocida en la jerga judicial estadounidense como la Corte FISA, fue creada en
1978 por el Congreso de Estados Unidos para controlar y frenar los abusos del
gobierno en interceptar comunicaciones privadas; un coletazo más del triste
episodio de Watergate. Dicha corte tiene once magistrados que los designa el
presidente de la Corte Suprema de la estructura de los jueces federales. Las
sesiones tienen lugar en algún lugar reservado de Washington, y por lo general
se limitan a estudiar peticiones de vigilancia que le hacen las agencias de
inteligencia. Por la información que se ha obtenido, la Corte FISA rara vez ha
negado un pedido y, por lo tanto, no ha habido necesidad de presentar una
apelación. Por su funcionamiento no hay dos partes en estos procedimientos como
sucede generalmente en todo proceso judicial.
En la medida en que estas actividades de vigilancia
tienen lugar fuera de Estados Unidos, la corte podría decirse que no enfrentaba
ningún obstáculo constitucional o legal. Como en todo país, en Estados Unidos
las garantías constitucionales no se extienden en beneficio de personas que
residen en el exterior. Claro que los gobiernos bajo cuya jurisdicción residen
estas personas no van a aceptar pasivamente que sus súbditos sean espiados por
una potencia extranjera. Sin embargo, siendo el espionaje una de las prácticas
más antiguas que registra la historia de la humanidad, muchos gobiernos
terminan por tolerarlo, o a lo sumo piden compartir la información obtenida,
pues, saben que ellos podrían hacer igual cosa.
Como era de esperarse el programa creció en ámbito e
intensidad luego del ataque a las torres gemelas de Nueva York. El objetivo de
evitar nuevamente semejante acto de terrorismo se convirtió en la idea fuerza
del programa. De hecho, lo ocurrido ese día en Nueva York pudo evitarse con un
sistema de inteligencia más sofisticado. Pero lo que ha generado polémica en
Estados Unidos es que al parecer dicho programa se habría extendido a
ciudadanos estadounidenses. Las autoridades han respondido que en esos casos el
gobierno se ha limitado a registrar los contactos y la duración de ellos, mas
no el contenido de las conversaciones. Y que el programa ha ayudado a prevenir
varios ataques terroristas.
Pero las dudas siguen flotando sobre los riesgos de no
saber dónde trazar la línea entre la prevención del terrorismo y otras
actividades que simplemente podrían ser políticamente incómodas.