En segundo lugar, porque lleva a generar una clase de personas dependientes del Estado que tienden a acostumbrarse a esa ayuda y tienen, por lo tanto, menos incentivos para salir por sí mismos de la pobreza. A mayor cantidad recibida, menor interés en trabajar o autogenerar ingresos. Fomentar masivamente la mendicidad no puede ser bueno. No es digno. No es moralmente aceptable. En cambio, no hay nada más humanamente estimulante que ver cómo un campesino pobre, empoderado tecnológicamente, rompe las cadenas de la miseria y se convierte en empresario, en ciudadano libre y autónomo.

La tercera razón es que jamás vamos a desarrollar una clase media de ciudadanos plenos si subsidiamos la informalidad con programas de este tipo. En los últimos 18 años viene creciendo una nueva clase media emergente, pero es aún incipiente e incompleta porque la mayor parte de ella permanece en la informalidad. Por lo tanto, ni tiene todos los derechos ni cumple con todas las obligaciones que competen a un ciudadano pleno y responsable. Y tampoco puede acumular más allá de un punto. Lo que debe hacerse es facilitar su formalización para acelerar la formación de una clase media fuerte y extendida, en lugar de pasmarla con la distribución de pensiones y seguros de salud gratuitos que desincentivan el esfuerzo propio y vuelven menos interesante la formalidad. Pues sin una clase media sólida la democracia no se sostiene en última instancia. Un país de informales es una república populista —si cabe el oxímoron—, pasto de demagogos, y no una democracia liberal de ciudadanos libres y fiscalizadores. No cortemos la evolución de la sociedad peruana. No caigamos en el modelo clásico de los populismos autocráticos que usan la renta petrolera o minera para regalar beneficios sin que nadie pague impuestos. No queremos masa mendicante sino ciudadanía.