La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) demanda la modificación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) con una redistribución de tierras en Bolivia, para ampliar la frontera agrícola, por lo que no se descarta tocar las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que pertenecen a los indígenas.
Según el
secretario de Tierra y Territorio de esa organización campesina, Rodolfo
Machaca, tras la conclusión de una Cumbre de Tierras se resolvió cuantificar
todas las áreas productivas con que cuenta el país, así como en las TCO, para
poner en marcha la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria.
“Vamos a
empezar a trabajar lo que es el ordenamiento territorial de nuestro país en
tema de tierras agrícolas (…) las TCO hay que controlar, porque hay muchos
extranjeros que están entrando a las TCO comprando conciencia de los indígenas,
también vamos a observar todo el sistema de administración de las TCO”, declaró
Machaca a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Sin
embargo, para los indígenas toda modificación a la Ley INRA debe ser en conceso
con ese sector, aseveró el responsable de Tierra y Territorio de la
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CICOB), Lucio Ayala.
Indicó
que ellos viven de la caza, pesca y recolección, más que de la agricultura.
“Ellos solos no pueden decidir, tienen que consultar a los pueblos indígenas.
Esos tienen títulos (las TCO), tienen dueños y tienen que entrar bajo una
consulta”, señaló Ayala a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Para el
indígena este hecho sólo significará el atropello a sus derechos, por lo que no
descartan denunciarlo ante organismos internacionales, frente a la posible
anulación de sus títulos de propiedad.
“Para
nosotros esto es un atropello al territorio, un atropello a los derechos de los
pueblos indígenas y eso son los avasallamientos que sufrimos a diario y en todo
momento. Pedimos que se cumpla (la propiedad de sus tierras), porque si no
vamos a hacer una denuncia internacional”, puntualizó.
Los
campesinos denunciaron que en gestiones pasadas sólo se benefició a los
indígenas en el saneamiento y distribución de tierras fiscales, con un total
mayor a 15 millones de hectárea en toda Bolivia.