Las empresas del sector se han convertido en los últimos tiempos en el blanco preferido de los ataques y protestas de movimientos populares y sociales en varios países, una situación que ya ha generado millonarias pérdidas a las compañías y amenaza con hacer colapsar sus negocios en la región.

Bolivia, Ecuador y Argentina representan apenas una muestra de los problemas que soportan las grandes petroleras internacionales en Latinoamérica. Inseguridad jurídica, congelación de precios internos, síntomas preocupantes de agotamiento de los recursos naturales y una actitud hostil de los gobiernos y sectores populares de la región hacia las compañías conforman un cóctel que pone en jaque el negocio petrolero regional.

Desde algunos análisis se argumenta que la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia ha sido una especie de disparador del malestar de diversos sectores para con las empresas que operan en el mercado de hidrocarburos. De hecho la ofensiva del líder cocalero contra las petroleras al anunciar la nacionalización de los recursos naturales del país ha despertado una fuerte adhesión entre los movimientos populares bolivianos, que desde hace tiempo reclaman a las autoridades la expropiación de los pozos petroleros y de gas que operan las firmas privadas internacionales.

El nuevo gobierno de Bolivia representa una verdadera amenaza para los intereses de las petroleras instaladas en el territorio, en especial Repsol y Petrobrás. En las últimas semanas, el consorcio español se vió obligado a reducir en un 50 por ciento sus reservas en ese país después de que Morales informara de que inscribiría como estatales esos recursos ante las bolsas internacionales. Además, en los últimos días Repsol fue objeto de varias denuncias de las autoridades aduaneras de Bolivia sobre supuestas maniobras de contrabando, que en realidad referían a diferencias sobre la declaración de impuestos.

Como en Bolivia, el avance político de los movimientos indigenistas y de campesinos en Ecuador también ha pasado a ser un dolor de cabeza para las compañías dedicadas a la explotación de hidrocarburos en ese país. Este miércoles, el gobierno ecuatoriano ha dispuesto el estado de sitio en la provincia de Napo con la intención de sofocar las violentas protestas de los habitantes de la zona contra las petroleras allí instaladas.

La resolución fue tomada por el presidente Alfredo Palacios después de que este martes decenas de manifestantes ocuparon las plantas de la empresa OCP-Ecuador y obligaron a suspender la operación en ese oleoducto, que une los campos petrolíferos de la Amazonia con los puertos de embarque en el Océano Pacífico. Durante esos disturbios, los manifestantes se enfrentaron con fuerzas militares enviadas al lugar por las autoridades, con un saldo de varios heridos.

El denominado Oleoducto de Crudos Pesados, por el cual se transportan unos 160.000 barriles diarios de crudo, es administrado por un consorcio integrado por Repsol, Petrobras, Encana (Canadá), Occidental (EEUU), Perenco (Francia) y Agyp (Italia).

La suspensión de la operación del OCP se dio luego que la empresa estatal Petroecuador anunciara la reanudación de sus exportaciones de crudo, tras reparar un oleoducto de su propiedad por el que transporta unos 360.000 barriles diarios de crudo, que también sufrió averías por la acción de manifestantes que ocuparon la estación de bombeo ubicada en la zona conocida como El Salado.

En Ecuador el petróleo es el principal producto de exportación y su venta financia casi el 40 por ciento del presupuesto del estado. Por eso, en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, los indigenistas exigen a las autoridades que pongan fin a los contratos que habilitan a las compañías internacionales a explotar los hidrocarburos del país, de manera que el estado se haga cargo del negocio y reparta los beneficios entre toda la población.

Pero el gobierno de Palacio se niega a tomar una decisión de esas características, lo cual a reactivado las demandas y movilizaciones populares, haciendo tambalear la propia estabilidad política e institucional del país.

La situación de las petroleras en Argentina también se ha complicado en los últimos tiempos a partir de conflictos laborales que han derivado en situaciones de violencia, aunque en mucho menor grado que lo que ocurre en Ecuador.

Luego de una sangrienta protesta que provocó la muerte de un policía en una provincia del sur de Argentina, efectivos federales de seguridad permanecen custodiando las plantas petroleras radicadas en ese lugar ante el temor de las empresas de que se produzca un sabotaje contra sus instalaciones cuando se comience a normalizar la producción de crudo en la zona.

Los directivos de Repsol YPF, Vintage Oil y Pan American Energy, con intereses en la zona, han denunciado la presencia de activistas que portan armas de fuego y bombas de tipo casero y consideran que cualquier cortocircuito en la negociación que mantienen con el gobierno local y los gremios podría generar algún tipo de atentado contra sus plantas, lo que les reportaría aún mayores pérdidas a las ya ocasionadas por los 18 días de paro de actividades realizado por los trabajadores.

Por otra parte, la figura del líder venezolano Hugo Chávez y sus incursiones políticas en la región también se han convertido en un elemento de preocupación para las grandes empresas vinculadas al sector de hidrocarburos. Las promesas de Chávez acerca de la posibilidad de vender gas subsidiado a Brasil y Argentina y el enorme potencial financiero de Venezuela como principal productor de crudo en la región, han encendido las luces de alarma en quienes hegemonizan el mercado energético de la región.