Pero el problema del bellísimo país centroamericano no es a quién elige presidente, sino su misma existencia como Estado. El sistema de partidos es un pandemonium en el que la materia política ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Los partidos aparecen y, desde el restablecimiento de la democracia electoral en 1986, aunque ganen, en cuanto dejan el poder comienzan a decaer hasta desaparecer o sumirse en la irrelevancia por su carácter descaradamente electoralista. Y, al mismo tiempo, el que ha quedado en segundo lugar tiene grandes probabilidades, como viene ocurriendo desde 1996, de ser el vencedor en los comicios siguientes. Ese puede ser el caso de Pérez Molina, que hace cuatro años perdió con el hoy saliente Álvaro Colom, y comenzó ya entonces a fabricarse el partido (Patriota) con el que espera ganar en segunda vuelta.

Guatemala vivió entre los años sesenta y la firma de la paz en 1996 una guerra civil entre una izquierda agroizquierdista y guerrillera contra el Ejército que defendía al establecimiento, en la que hubo más de 200.000 muertos y muchos más desplazados, una insuficiente reconciliación de los dos bandos, y un nulo cumplimiento de los acuerdos que ponían fin al conflicto, como era la formación de unas fuerzas armadas engrosadas con parte de la guerrilla. Y hoy la desmovilización de soldados e irregulares no ha hecho sino reforzar el reclutamiento de una delincuencia, poco común por lo sanguinaria, hasta convertir a Guatemala en uno de los países más peligrosos de la Tierra, con un índice de homicidios per capita 30 o 40 veces mayor que el de España.

Cuando la nueva jefa de policía del presidente Colom asumía el cargo hace unos años descubrió que la mayoría de los coches patrulla carecía de ruedas y que parte de las armas se había vendido a salteadores de caminos y narcotraficantes, de los que estos últimos dominan extensas zonas como el Petén, donde la fuerza pública no aparece. No en vano, Pérez Molina ha basado su campaña en prometer mano dura contra el crimen y una "refundación de la policía", que con frecuencia trabaja directamente para las mafias.

A vista macro, Guatemala podría parecer un clon de Bolivia, donde el presidente Evo Morales desarrolla una intensa ingeniería de reindigenización, porque el porcentaje de indios más o menos puros oscila en ambos países entorno a los dos tercios de un número también similar de habitantes, unos 12 millones. Pero las apariencias engañan, porque en Bolivia dos etnias, aimaras y quechuas, además de estar emparentadas son largamente dominantes, mientras que en Guatemala no hay menos de 21 grupos indígenas que hablan idiomas ininteligibles entre sí, y prefieren someterse a la dirección de criollos y asimilados, que favorecer el triunfo del resto de la indianidad. Eso explica, quizá, el nulo éxito de candidatos indígenas como la tenaz Rigoberta Menchú, o de Harold Caballeros, alcalde de buena reputación, que es pastor de la Iglesia reformada.

Pérez Molina, que estuvo entre los firmantes de los acuerdos de paz y al que se ha acusado sin pruebas conocidas de haber cometido atrocidades en la contienda, ha prometido también combatir la anomia fiscal en un país en el que la recaudación impositiva apenas supera el 10% del PIB, pero lo tiene difícil porque el 80% de la fuerza de trabajo opera en la economía informal, lo que significa que trata de vender cosas por la calle. Y un público así, con problemas de identidad, está comprensiblemente dispuesto a abrazar cualquier religión con tal de que le ofrezcan pan y esperanza, lo que explica probablemente la incongruencia de las estadísticas entre católicos y protestantes, puesto que sumados los unos y otros resulta un excedente de hasta un 25% de guatemaltecos: es la doble militancia de los que se apuntan a una Iglesia sin borrarse de la otra. Algo parecido hace el candidato Baldizón, que con depurada táctica, si bien algo de cara, se declara simplemente cristiano, y el apellido que lo ponga el votante. Los guatemaltecos son, por supuesto, muy dueños de apuntarse al credo que más les plazca, pero que un presidente del país sea católico o protestante no puede ser indiferente para la política exterior de España.