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05/02/2006 | Intentando una lectura institucional del conflicto por las papeleras

Constanza Mazzina

El conflicto entre Argentina y Uruguay por la construcción de las plantas papeleras nos enfrenta con las diferencias institucionales que tenemos a un lado y el otro del Plata.

 

Desconozco si las papeleras contaminan, no contaminan, qué contaminan ni en qué grado lo hacen o dejan de hacer, o qué tecnologías utilizan. Me preocupan las respuestas, las instituciones, los mecanismos institucionales que se ponen en marcha. Entendemos que "sólo hay una institución allí cuando los actores relevantes han sido capaces de generar (espontáneamente o no) genuinos mecanismos de pesos y contrapesos que dificulten, aunque no eliminen, la potencial arbitrariedad en el cambio de la norma."(1)

El presidente argentino en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional  solicitó a su par uruguayo que frenara la construcción de las papeleras por noventa días. Uruguay dijo que no., pues no negocia hasta que los puentes estén liberados. Estos "dimes y diretes" nos evidencia nuestras diferencias. Veamos por qué.

Uruguay no frena la construcción porque la misma es una iniciativa privada, autorizada por el gobierno. El presidente no decide a su antojo sobre lo que constituye -repito, una empresa privada (permítanme esta redundancia)- ni quiebra los compromisos asumidos, resguarda las inversiones, es decir, brinda seguridad jurídica a los inversores. Nosotros no. Acostumbrados a decidir a nuestro antojo y a hacer y deshacer las reglas según nuestra propia conveniencia no entendemos que un presidente no se "meta con las empresas". Nos guste o no, nuestro ser argentinos está plagado de flagrantes violaciones, trasgresiones al Estado de Derecho(2). Desconocemos hasta el hartazgo los beneficios de tener "seguridad jurídica". Como individuos rompemos contratos, como ciudadanos nos cambian las reglas de juego constantemente, para educarnos, para invertir, para jubilarnos, etc. Nuestros niveles de respeto a las instituciones y reglas son realmente bajos. La inseguridad institucional o jurídica se manifiesta tanto en la impredictibilidad de la intervención de nuestros gobiernos (fruto de su potencial arbitrariedad) como en la indefinición y falta de garantía de cumplimiento de los contratos privados.

En esta historia también están presentes "los cortes". El presidente K en su mensaje debía hablar a los argentinos. No lo hizo. Ni mencionó palabras como el "respeto a derechos de terceros", "libertad de tránsito", para desplazarse libremente o "libertad para entrar y salir del país". Nada de esto. Son palabras, todas, desconocidas en nuestra vida cotidiana, claro que las predica la Constitución Nacional, pero eso no importa.

Por su lado, Uruguay no puede entender que Argentina levante en minutos el corte de la ruta a Mar del Plata dada la "temporada veraniega" y el aluvión turístico, y que no emita comentario sobre el corte de los puentes  en Gualeguaychú  y Colón. No quiero entrar en polémicas sobre los daños económicos que generan estos cortes en el país vecino. Los daños económicos los sufrimos también nosotros. Las consecuencias, las desconocemos. Falta de previsión, es cierto, pero: ¿previsión para qué?  Esto es otro capitulo. O siempre el mismo.

El señor Presidente parece no entender que la política exterior no se basa en el amiguismo. Acostumbrado a su política de amigos y enemigos en el ámbito nacional quiso repetir esta conducta a nivel de relaciones exteriores. Pero Uruguay no es Argentina, mal que nos cueste entender. El presidente uruguayo no es un trasnochado ni un advenedizo. Es un estadista. Como Lula, dejó las arengas de campaña y se dedicó a gobernar su país. No para sus amigos, no para quienes lo votaron. Para todos. Para el país entero. Superó el tiempo de la inmediatez y armó una agenda de Estado. De esas que los argentinos no conocemos. Se plantó sobre las bases institucionales que hacen del Uruguay uno de los países de la región donde mas se respeta el Estado de Derecho. Tengamos en cuenta este dato: según el indicador de Gobernabilidad del Banco Mundial, en Uruguay, el cumplimiento del Estado de Derecho es del 62%, en la Argentina, 29%. La media en América Latina es del 35% aproximadamente. Caemos por debajo.

Nuestra clase política, lejos de estar constituida por grandes estadistas, sigue con las mismas mañas que endilga a otra generación (nefasta) a la cual  ellos pertenecen y de la cual son miembros fundadores. Repartición de planes, compra de  votos, de gobernadores, de intendentes. Tenemos superávit para premiar a los amigos, a los fieles, a los leales. Mientras tanto, nosotros seguimos leyendo esta edición de nuevo siglo del Diario de Irigoyen. El desempleo baja, la pobreza se reduce, el PBI crece y la recaudación aumenta. Nosotros seguimos igual, o peor, solo que no nos damos cuenta hasta que es tarde. Hasta que la realidad nos explota en la cara. Una de las observaciones más importantes de Alexis de Tocqueville consistió en subrayar la gravedad de ir perdiendo libertades en las pequeñas cosas. Porque es la suma de las pequeñas cosas lo que prepara el terreno para el zarpazo final.

(1) Pedro Isern, "El papel de las instituciones en la economía de mercado: dos ejemplos de la experiencia chilena". En Documentos, CADAL, año IV, numero 47, enero de 2006.

(2) Según la definición de Friedrich A. Von Hayek: "el  Estado de Derecho, en el sentido de primacía de la ley formal, es la ausencia de privilegios legales para unas personas designadas autoritariamente, lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto al gobierno arbitrario." En  Hayek, Friedrich, "La Planificación y el Estado de Derecho", reproducido en Ideas  sobre la Libertad nº 52, año XXX,   Buenos Aires, Centro de Estudios sobre la Libertad, octubre de 1988

Constanza Mazzina es Directora Académica de la Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos de CADAL.

CADAL (Argentina)

 


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