El diseño original de la Constitución de la Nación Argentina (me refiero a la de 1853/60) daba cuenta de manera contundente a estas condiciones. La constitución reformada en 1994 abrió nuevos canales y cerró otros. Pero el problema mayor no ha venido de la mano de la "letra escrita" (la Constitución en su articulo 29 reconoce que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria."), sino de las particulares prácticas institucionales y para-institucionales que se dan en la Argentina. El régimen presidencialista se ha visto reforzado a tal punto que ya la expresión hiperpresidencialismo pierde fuerza y tendríamos que inventar un atributo nuevo para describir la particular forma de ejercer el poder por parte del presidente argentino.

Por cierto, las palabras de Locke son desconocidas hoy en nuestros caros círculos políticos: repasemos cada una de sus cuatro condiciones y nosotros no cumplimos ninguna. Las medidas que se están tomando -o se pretenden tomar- no violan ya sólo la división de poderes o los atributos que el ejercicio del poder le da a cada uno de los poderes del estado en salvaguarda de la República. Directamente avanzan sobre el individuo. Sobre nuestra libertad.  Algunas de las medidas que en los últimos días se plantean son: nuevo impuesto para salir del país (¿nos estaremos encaminando hacia un país que le impide en la realidad a la gente salir del país aunque en la letra lo permita? ¿nos convertiremos en la cárcel mas grande del mundo donde los ciudadanos comunes no podemos cruzar la frontera mientras vemos a los políticos que  festejan y pasean por Europa y el Caribe con dineros nuestros?);  el proyecto de ley que estudia el Senado para establecer un débil control -¿o casi nulo?- sobre los decretos de necesidad y urgencia (no hablemos del proyecto anterior de la Senadora Kirchner que iba a contramarcha del que ahora circula); el récord de decretos que ha firmado Néstor Kirchner; el aumento de sueldo de funcionarios del Poder Ejecutivo; y, por último, aunque no menos importante, el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo al Senado para que el Congreso delegue superpoderes en forma permanente (sin límite temporal) en el jefe de Gabinete y éste pueda reasignar partidas presupuestarias a piacere.

Del otro lado de los Andes, en Chile (para no dar un ejemplo de los lejanos países escandinavos, ni de los ingleses o de los "nuncabienvenidos" norteamericanos) existe una  "regla fiscal" que fue establecida en el año 2000 con tal suerte que los candidatos a la segunda vuelta a inicios de este año se comprometieron, ambos -Bachelet y Piñera-, a respetarla. Esta regla es sencilla: pone un límite a los gastos para mantener un superávit estructural del presupuesto de un 1% del PIB. Claro, ellos entendieron que el dinero es del contribuyente no del que tiene el turno de ocupar un cargo. 

Hoy se escucha que muchos se preocupan por la división de poderes, pero: ¿no se dieron cuenta -hasta ahora- de que la división de poderes había quedado guardada ya hace tiempo en un cajón con llave, y que la llave la tiraron para que ya nadie la encuentre? Hubo un cúmulo de señales que apuntaban en este sentido. ¿No las quisimos ver o nos acordamos tarde?

A esta altura cabe preguntarse: ¿debería ser este un país de individuos libres que viven bajo una ley general guiados por un orden constitucional permanente? ¿O debería ser destruido por la interferencia caótica de interpretaciones caprichosas de un ancestral grupo de políticos (digo ancestral porque son siempre los mismos)? El rol más básico de una democracia constitucional es proveer el marco legal que defina los límites de acción de los individuos o los grupos al ejercitar su libertad de asociación y contrato y ponga en un marco claro y transparente la gestión de los gobiernos, de los detentadores circunstanciales del poder. Una de las observaciones más sagaces de Alexis de Tocqueville consistió en subrayar la gravedad de ir perdiendo, renunciando, libertades en las pequeñas cosas. Porque es la suma de las pequeñas cosas lo que prepara el terreno para el zarpazo final.

Alguna vez un profesor me dijo que  "el gobierno se constituye para salvaguardar los derechos de los gobernados. Esta función es la razón de ser del gobierno". Espero que algún día así sea.

Constanza Mazzina es Directora Académica de la Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos de CADAL e Investigadora de la Fundación Friedrich A. von Hayek.