Un triunfo de Humala confirmaría el reflujo de las políticas neoliberales que han campeado en la región desde los años 1980. En primer lugar fortalecería el eje informal que constituyen Hugo Chávez, en Venezuela, ex militar como él, y Evo Morales, en Bolivia. Y luego, sumaría influencia a la línea que sustentan el brasileño Lula da Silva y el argentino Kirchner, que han sabido combinar cierta eficacia administrativa y una retórica con reminiscencias de izquierda.

En cambio, un triunfo de Flores brillaría como una excepción en el sur del continente americano, sólo acompañada por Uribe en Colombia, cuya reelección, en mayo, parece hoy segura.

Flores, candidata socialcristiana por una alianza de derecha, propone seguir con la política neoliberal del actual presidente Alejandro Toledo que ha impulsado de manera espectacular el crecimiento económico, la inversión extranjera y las exportaciones en los últimos cuatro años.

El problema para Flores es que la mitad de la población no disfruta aún los beneficios de esa política y vive bajo la línea de pobreza, y de ahí nace el respaldo político que recibe Humala. Éste plantea reformular la política económica del Perú, revisar los contratos de concesión con las empresas extranjeras, aumentar los impuestos de los más ricos y reducir los sueldos de los congresistas y a la planilla ejecutiva del gobierno. Sus enemigos alegan que se trata de un populismo trasnochado que llevará a la ruina al país. Flores, quien durante casi toda la campaña fue la favorita, ha perdido apoyo por su vínculo con los poderosos sectores empresariales nacionales y extranjeros. Su compañero de fórmula presidencial, Arturo Woodman, es un viejo funcionario de confianza del hombre más rico del Perú, Dionisio Romero, un empresario que no tuvo reparos en pedirle favores al odiado asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, preso por corrupción.

Pero Humala no es ningún santo. Ocultó datos de su pasado militar apenas empezó la campaña. Y ahora es investigado por presuntas violaciones de los derechos humanos. En 1983 hizo un curso en la tristemente célebre Escuela de las Américas, el instituto de entrenamiento antisubversivo donde muchos de los militares más brutales de la región aprendieron su oficio. En 1992 dirigió una base militar en un pueblo del Amazonas donde se cultivaba hoja de coca y actuaban en sociedad las guerrillas de Sendero Luminoso y las bandas de narcotraficantes. Familiares de desaparecidos, asesinados y torturados declararon a la prensa que Ollanta Humala era quien ordenaba las crueldades.

En noviembre de 2000, Ollanta Humala dirigió un levantamiento militar de pequeña escala contra el desfalleciente gobierno de Fujimori. Pero los detractores de Humala aseguran que tomó las armas para facilitar la huida de Montesinos, quien ya era buscado por la justicia y el mismo día de la asonada logró escapar en un velero con destino a Galápagos.

Humala lo niega todo. Y esas graves denuncias no lo han perjudicado. Con todo, su avance en las encuestas viene preocupando no sólo a los inversionistas extranjeros y a las grandes corporaciones nacionales sino también a Estados Unidos.

En su último informe sobre el comercio mundial de drogas ilegales, el Departamento de Estado estadounidense resaltó que los cultivos de hoja de coca crecieron el último año en Perú y Bolivia. Y atribuyó ese aumento a la "prédica nacionalista" que en ambos países se había enraizado. Washington cree que la política antidrogas fracasará en beneficio de los narcotraficantes si los campesinos cocaleros se identifican cada vez más con los nacionalistas que reivindican los cultivos. Ollanta Humala se opone a la erradicación compulsiva y masiva de los cultivos de hoja de coca, y afirma que él industrializaría y exportaría la producción para evitar que fuera a parar a los narcotraficantes. Humala reivindica a dos dictadores militares peruanos: Cáceres, que luchó contra Chile, y Velasco Alvarado, que nacionalizó petroleras y mineras, repartió tierras y controló la prensa. Simultáneamente, ha hablado de fortalecer a las fuerzas armadas, lo que implicará adquirir armamento.

Lourdes Flores, en cambio, ofrece seguridad jurídica a los empresarios e inversionistas. Al mismo tiempo, reconoce que en materia de lucha contra la pobreza el país ha avanzado poco y ofrece crear 650 mil puestos de trabajo al año. Sea realista o no su promesa, muchos consideran que su candidatura es importante para mantener la continuidad democrática, mientras que Ollanta Humala propone cambios en el sistema político con la redacción de una nueva Constitución.

Sea Flores o Humala quien gane, es posible que cuando los peruanos voten este 9 de abril, la indignación popular prevalezca después de muchos años de pobreza e inequidad. Se trata de un estado de ánimo que ha llevado a muchos candidatos a la victoria en América Latina.

Profesor e investigador de la Universidad de Lima, Perú

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