Existen fuertes indicios de adulteración de documentos para blanquear el presunto negociado con armas y municiones, que fueron importadas mucho más de las adjudicadas a la empresa Comtecpar por la Corte y las Fuerzas Armadas. La Dirección de Material Bélico se ve fuertemente salpicada en el caso. La Fiscalía debe apurar las diligencias para el esclarecimiento del grave hecho.
La casa comercial Yamgo, de Asunción, estaba vendiendo municiones calibre 5.56, que se importaron a nombre de la Corte, que denunció el hecho a la Fiscalía General el 13 de febrero pasado y resaltó su gravedad.
La venta de municiones para el alto tribunal en un comercio particular se justificó con una autorización de comercialización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). Dicho documento, supuestamente se expidió el 28 de enero pasado y lleva las firmas del jefe de Registro Nacional de Armas, teniente coronel Óscar Villagra Rodríguez, y del jefe de la División de Importación y Comercialización, subteniente César Moisés Báez.
El mencionado documento habría sido burdamente adulterado, y eso se puede notar a simple vista. Las modificaciones en la autorización se habrían realizado para “blanquear” la venta de las municiones importadas para la Corte por Yamgo.
El 30 de enero pasado, Rubén González Peralta, uno de los dueños de la empresa proveedora Comtecpar, en disputa judicial con su socio Carlos León Ocampos, compró las referidas municiones de Yamgo, que le dio un comprobante legal.
El 7 de febrero, González Peralta denunció el hecho ante la Corte y el entonces titular del alto tribunal, Víctor Núñez, solicitó urgente informe al encargado de seguridad. Este dijo que no faltan municiones ni armas en el Poder Judicial.
Con base en este informe, Núñez, el 13 de febrero pasado, denunció el caso a la Fiscalía General.
El teniente coronel Villagra, al ser consultado ayer por nuestro diario sobre esta situación, refirió que se trataría de un “error administrativo”. Dijo que en el original del documento en cuestión, él también pudo notar lo que “parecería adulterado”.
Comtecpar, actualmente administrada solo por León, es proveedora de armas y municiones de las instituciones del Estado desde el 2010. Ya fue beneficiada, además de la Corte, por el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, mediante contratos millonarios, para la entrega de armas y municiones de guerra, importadas de los Estados Unidos.
La investigación del caso está a cargo de los fiscales Sandra Quiñónez, Federico Delfino y Francisco Ayala.
