La multa por 87.750 millones de pesos (45 millones de dólares estadounidenses) es un campanazo de alerta para quienes violan las normas de la libre competencia.
Los
dientes bien afilados que ahora tiene la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) para defender a los consumidores le sirvieron la semana pasada
contra la operadora de celular Claro. La SIC le impuso una multa histórica por
87.750 millones de pesos (45 millones de dólares) a la compañía del mexicano
Carlos Slim, el hombre más rico del mundo.
La
decisión causó revuelo no solo en el sector de telefonía celular sino en muchos
otros que sienten ‘pasos de animal grande’ desde que comenzó a regir el nuevo
Estatuto de Protección al Consumidor en abril del año pasado, el mismo que
aumentó las multas de 1.200 millones a un máximo de 60.000 millones de pesos
por conductas que frenan la competencia.
El
proceso de la SIC contra Claro Colombia (antes Comcel) comenzó a finales de
2011 cuando usuarios denunciaron que la operadora estaba obstaculizando la
portabilidad numérica, una norma de la Comisión de Regulación de Comunicaciones
(CRC) que permitía a las personas cambiar de operador de telefonía celular sin
tener que perder el número telefónico.
La
Superintendencia encontró pruebas que la llevaron a concluir que existió una
estrategia de Claro para vender celulares con bandas cerradas o bloqueadas y
negar las solicitudes de los usuarios que pidieran su apertura, para evitar que
sus clientes se fueran a otros operadores.
Esta
actuación de Claro iba en contravía de la regulación que prohíbe la venta de
celulares con bandas cerradas. Cabe recordar que un teléfono móvil con bandas
bloqueadas no puede recibir el servicio de un operador de telefonía móvil
diferente a aquel donde fue activado originalmente. Por esta conducta, la
Superintendencia multó a la operadora por 53.909 millones de pesos por abuso de
su posición dominante.
Pero
también la sancionó con 33.840 millones por prácticas que limitaban la libre
competencia, relacionadas con la alteración de las cifras de portabilidad numérica.
La entidad encontró que entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 las cifras de
portabilidad a favor de Claro crecieron en más del 600 por ciento sin que
hubiese una explicación racional.
Descubrió
que este incremento se debió a una estrategia de los distribuidores de esta
compañía, que compraban grandes volúmenes de sim cards de otros operadores,
particularmente de Movistar y los trasladaban a Claro. Pero, en realidad, eran
traslados ficticios porque detrás de estas sim cards no había un consumidor real.
Según la
Superintendencia, por cada portación (traslado) realizada por un distribuidor,
falsa o verdadera, Comcel pagaba un incentivo monetario. “No existe duda de que
Comcel tuvo conocimiento de las conductas de su distribuidor y que a pesar de
ello toleró por un buen tiempo la ejecución de la política de portaciones
falsas”, señala la resolución de multa.
Por
estas conductas la entidad le pidió a la Delegatura para la Protección de la
Competencia evaluar si existe mérito para abrir una investigación preliminar
contra Juan Carlos Archila, presidente de Claro Colombia, e Hilda María Pardo,
por haber presuntamente colaborado, autorizado o tolerado las infracciones
mencionadas. En caso de confirmarse estas sanciones estos directivos tendrían
que pagar de su bolsillo cada uno hasta 1.200 millones de pesos.
Ante
estas sanciones e imputaciones Archila, quien no negó varios de los hechos,
dijo que la compañía interpondrá un recurso de reposición por considerar que el
fallo de la Superintendencia carece de proporcionalidad frente a las sanciones
impuestas a otros operadores de telefonía celular. Afirmó que esta multa
sin precedentes se tomó con base en los testimonios de solo ocho usuarios,
quienes se quejaron por las demoras entre cuatro y ocho días de la compañía
después de haber solicitado desbloquear sus teléfonos. Sostuvo que esto implica
que cada caso se multa con cerca de 7.000 millones de pesos, una cifra muy
elevada frente a otro operador que también fue sancionado por portabilidad
numérica, pero cuya multa por 21 casos descubiertos fue de 229 millones, es
decir, 11 millones por usuario.
Sin
embargo, para la Superintendencia el número de quejas resulta irrelevante ya
que se trata solo de ejemplos de las políticas que venía aplicando la operadora
para frenar el traslado de usuarios.
Acerca
de las denuncias sobre fraudes en portabilidad numérica, Archila indicó que los
están sancionando por la actuación de uno de sus 152 distribuidores, quien fue
multado oportunamente por Claro Colombia.
Reconoció
que el implicado violó las políticas de la empresa al trasladar un poco más de
32.000 números de usuarios no existentes de otras empresas, una cifra que
representa apenas el 2 por ciento del total de las portaciones realizadas.
“Inquieta a Comcel la falta de proporcionalidad aplicada en las acusaciones a
la empresa y en la valoración de las sanciones de la SIC”, dijo el directivo,
quien anunció que interpondrá un recurso de reposición con ese argumento.
En los
próximos meses se conocerá si la sanción queda en firme o no. Por lo pronto la
Superintendencia sigue afilando sus dientes para evitar que otras empresas
abusen de los consumidores colombianos. Dicha entidad ha estado muy activa en
los últimos meses al anunciar investigaciones de fondo y drásticas sanciones
económicas.
En su
mira están, además de los operadores de telefonía móvil, los ingenios
azucareros por un presunto acuerdo de precios; las principales compañías de
cemento del país, por una presunta distribución del mercado; y algunos establecimientos
comerciales y empresarios por publicidad engañosa.
Las
pruebas de la Superintendencia
La
entidad ha recopilado diversos documentos en los dos años que lleva la
investigación.
La SIC
encontró, en una visita de inspección, un correo electrónico de Hilda María
Pardo, vicepresidenta jurídica de Comcel (Claro), enviado a todos los centros
de servicio, con copia a Juan Carlos Archila, en el que ordenaba seguir
comprando celulares con bandas cerradas (a pesar de que la ley lo prohibía) e
imponía requisitos gravosos para que los usuarios pudieran lograr que les
abrieran las bandas de sus celulares Comcel. Dice el correo:
“En
prepago o en pospago, si se solicita la apertura de bandas, el suscriptor debe
demostrar que es el titular de la línea y que adquirió el equipo legalmente es
decir con la factura de compra a su nombre (...).- Logicamente (sic) los
equipos que se vayan a subsidiar tendrán que ir bloqueados y con cláusula de
permanencia y se le ofrecerá al usuario las dos alternativas el bloqueado con
subsidio y cláusula de permanencia y el abierto sin subsidio y sin cláusula de
permanencia (...)”.
Frente
al abultamiento en cifras de portabilidad a favor de Claro y en contra de
Movistar, el presidente de esta última compañía, Ariel Pontón, le envió una
carta en diciembre de 2011 al presidente de Comcel, Juan Carlos Archila en el
que señala lo siguiente:
“Durante
los primeros nueve días de diciembre observamos un incremento inusual del
número de portabilidades en prepago de Movistar a otros operadores. De acuerdo
con este incremento estaríamos por encima de los 19.000 números portados desde
Movistar, es decir, más de cuatro veces la cantidad presentada durante
noviembre (...)
Revisado
el detalle de esos 19.000 números portados, encontramos que más de 12.000
corresponden a ventas nuevas de Movistar en servicio prepago efectuadas durante
noviembre de 2011. Del total de dichas ventas el 99,2 por ciento no realizó
recarga alguna y el destino de los números portados es el siguiente: Comcel 97
por ciento; Tigo 3 por ciento.
Vista la
anterior situación queremos solicitarles la revisión de las conductas y los
mecanismos actualmente utilizados por sus distribuidores, pues presumimos que
vienen adquiriendo masivamente nuestras tarjetas SIM en prepago para luego realizar
portaciones a Comcel”.
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