Es cierto que el aumento del precio del pan (subió alrededor de 80% en un año) y de otros productos elaborados sobre la base de harina responde a causas atribuibles al propio Moreno, quien indujo la peor cosecha de trigo en más de 100 años, pulverizó las exportaciones y hasta se sospecha que podría haber facilitado discretas importaciones desde un país limítrofe para cubrir faltantes. Pero en el caso de los impuestos y tasas, es la inflación la que se encarga de pasar facturas a gobernadores e intendentes.

Unos y otros vislumbran los próximos dos años como una travesía del desierto, que tratan de dramatizar o disimular según su posicionamiento político de cara a las próximas elecciones, las de 2015. Sin embargo, todos están envueltos en la misma realidad: únicamente el gobierno de Cristina Kirchner puede financiar el mayor gasto público y el consecuente déficit fiscal con la "maquinita" del Banco Central, sin coparticipar esa emisión de pesos y a costa de un piso cada vez más alto para la inflación. La prueba es la última ampliación del Presupuesto 2013 en 50.000 millones de pesos, de un plumazo y a dos meses de otro DNU similar. En cambio, las provincias y municipios dependen cada vez más de las transferencias discrecionales de la Casa Rosada para atender sus gastos indexados; o bien afrontar el costo político de subir impuestos y/o colocar deuda en pesos en el mercado local. En este caso, 60% de los bonos emitidos se ajusta por el tipo de cambio oficial, que en los últimos meses viene subiendo además por encima de la inflación y eleva sus costos financieros.

Como suele ocurrir a esta altura de cada año, gobernadores e intendentes aseguran que no subirán impuestos a la hora de buscar la aprobación legislativa de sus presupuestos para el año siguiente. "Sólo ajustamos las bases imponibles", repiten a coro. Pero ésta es una verdad a medias: aunque técnicamente sea válida, no evita que los contribuyentes sufran una mayor presión tributaria. En algunos casos, porque las valuaciones de inmuebles y automotores (o bien los precios, en el caso de Ingresos Brutos) tienen una base alta, ya que venían siguiendo la suba escalonada de la inflación. En otros, porque habían quedado deliberada -o políticamente- desactualizadas y fueron ajustadas de golpe, provocando el mismo efecto sobre los contribuyentes. Incluso con sobretasas o anticipos adicionales.

El caso de la provincia de Buenos Aires es emblemático. Antes de decidir si se alineaba políticamente con el cristinismo o quedaba financieramente a la intemperie, el gobernador Daniel Scioli se curó en salud y catapultó las valuaciones del impuesto inmobiliario rural y urbano, así como de otros gravámenes menores (como embarcaciones deportivas), aplicó adicionales (a countries y barrios cerrados), reforzó la fiscalización e incluso no se privó de ajustar alícuotas de Ingresos Brutos. El resultado es que la recaudación provincial registró este año aumentos nominales de hasta 50% interanual, frente a un aumento salarial escalonado que promedia 22% para los empleados públicos y no estaba incluido en el proyecto original de presupuesto para disimular su déficit.

Para 2014, Scioli repite la fórmula y propone un aumento de 18% en el impuesto inmobiliario, esta vez como "contribución especial" para seguridad, que seguramente será objeto de tironeos entre intendentes bonaerenses y ya motivó el rechazo de Sergio Massa. Pero el reciente diputado electo no se quedó atrás: en 2013 había elevado 30% la tasa por servicios municipales en Tigre y creó otra sobre "fondeaderos y amarras náuticas".

A su vez, Mauricio Macri prevé elevar hasta 40% (un tope aplicado por la Legislatura porteña) las valuaciones fiscales para el ABL, con un promedio de 21% y que, en muchos casos, son inferiores en pesos a las de un mercado inmobiliario dolarizado y semiparalizado.

El ajuste de 40% en la tarifa de subtes (a $ 3,50), que regirá desde pasado mañana, supera con creces a la inflación, aunque fue justificado además en inversiones para reequipar y mejorar el servicio y el mantenimiento de la tarifa anterior ($ 2,50) para pasajeros de bajos ingresos. Aún así incluye un alto componente de subsidio (53%) ya que, según el gobierno porteño, cubrir los costos demandaría una tarifa de algo más del doble ($ 7,40). No obstante, abre una brecha de 100% con el boleto promedio de colectivos en el área metropolitana, donde el subsidio nacional llega a ser siete u ocho veces mayor. En Rosario, en cambio, el boleto mínimo cuesta $ 3,20 y en Córdoba, $ 4,10.

Estas disparidades y distorsiones provocadas por la inflación y los subsidios que la encubren y a la vez realimentan, transforman a las tarifas de energía -congeladas desde hace once años- en un dilema político, económico y social para el gobierno de Cristina Kirchner.

Según el ex secretario de Energía Daniel Montamat, los subsidios presupuestarios al sector totalizarán en 2013 unos $ 80.000 millones, cifra que se eleva a 100.000 millones si se suman las desgravaciones impositivas a la importación de gasoil y naftas y la deuda de Cammesa con las generadores eléctricas por la diferencia entre precios y costos. Si se eliminaran de una sola vez para alrededor de 5 millones de hogares (excluyendo a otros 3 millones con tarifa social), el ajuste de tarifas equivaldría a $ 20.000 por hogar y por año. O sea, $ 1666 por mes. Pero, de todos modos, ese hipotético alivio en las cuentas fiscales (aunque los subsidios no llegan al 10% del gasto público total) no resolvería el problema de precios percibidos por los productores, transportistas y distribuidores de gas y electricidad, ni permitiría aumentar sustancialmente sus inversiones en infraestructura.

Para un gobierno que niega la magnitud de la inflación y se resiste a moderar y racionalizar el aumento del gasto público, reducir gradual y selectivamente esos subsidios masivos (que equivalen ya a 5% del PBI) es una oportunidad de achicar el déficit fiscal y un problema político. Para millones de usuarios son una suerte de derecho adquirido y la contracara del aumento de precios e impuestos que carcomen su poder adquisitivo. Para el Gobierno, el problema es cómo presentarlo sin usar la palabra ajuste. A fin de 2011 ya lo había intentado con la "sintonía fina", que dejó trunca sin explicación, después de haber aplicado quitas por zonas o barrios (abiertos y cerrados), que igualaron aumentos de facturas para usuarios pudientes, familias de clase media o inquilinos de bajos ingresos. También con una "renuncia voluntaria" que, previsiblemente, resultó un fracaso. Aún hoy la página web del Ministerio de Planificación contabiliza sólo 32.170 forzadas adhesiones, en su mayoría de funcionarios y legisladores oficialistas.