Como las cotizaciones se habían desplomado en los últimos años, existe un componente especulativo basado en la consigna de que es mejor comprar barato y esperar, que llegar demasiado tarde. Pero no responde a información privilegiada, sino más bien al sentido común: tanto la actual política macroeconómica como la política energética difícilmente podrán mantenerse en el mediano plazo, por la sencilla razón de que resultan insostenibles. Para más datos, el propio gobierno de Cristina Kirchner debió empezar a corregir este año algunos de los desequilibrios más groseros -aunque sin atacar el déficit fiscal-, más que nada para frenar la alarmante caída de reservas del Banco Central y evitar una crisis antes del fin de su mandato.

La política energética tuvo y tiene mucho que ver con esos desequilibrios macro. Al haber impulsado fuertemente la demanda interna y desalentado inversiones para aumentar la oferta, generó crecientes y costosas importaciones de gas y combustibles que reducen el superávit comercial, comprometen las reservas del BCRA y obligaron desde 2012 a restringir importaciones de otros rubros. Paralelamente, los subsidios para generar electricidad y mantener congeladas las tarifas de luz y gas durante más de diez años (especialmente en Capital y Gran Buenos Aires) treparon en ese lapso de 0,3 a 3% del PBI y se convirtieron en una imparable fuente de aumento del gasto público y del déficit fiscal, que se financia casi exclusivamente con la "maquinita" del BCRA y aumenta las presiones inflacionarias.

"Autobombo" con omisiones

Con este marco, que ofrece poco para celebrar, es paradojal que desde el oficialismo se haya promovido un "autobombo" de esta política. No sólo a través de spots en Fútbol para Todos, sino también de avisos -tipo solicitada- publicados en varios diarios, con la excusa de haberse cumplido diez años del Plan Energético Nacional, anunciado por Néstor Kirchner el 11 de mayo de 2004. El más insólito fue el primero de la serie, en el que "las empresas del sector energético de la República Argentina" destacan la realización de una serie de obras sobre la base de datos oficiales -algunos más que dudosos-, pero en forma anónima. En otros casos sí aparecen entidades o empresas que los suscriben, pero sólo exaltan resultados puntuales o sectoriales (ampliación de redes de gas, líneas de interconexión eléctrica, desarrollo de energías renovables, biocombustibles, etc.), con omisiones tan notables como el lenguaje utilizado, casi calcado de los avisos oficiales.

Ninguno menciona el problema básico: el balance comercial del sector energético pasó de un superávit de 6000 millones de dólares en 2003 a un déficit similar en 2013 y compromete el crecimiento potencial de la economía. La razón, como se señaló casualmente en esta columna la semana anterior, es que en ese mismo período la producción total de petróleo crudo acumuló una caída de 25,5% y la de gas natural, de 17,6% (con reducción de reservas de 16% y 52%, respectivamente). Esto obligó desde 2011 a importar crecientes volúmenes de gas y combustibles líquidos (casi 12.000 millones de dólares sólo el año pasado) para atender el aumento del consumo subsidiado. En 2013, según datos del Estudio Montamat, un 64% correspondió a gas natural (desde Bolivia y GNL para regasificar) y en promedio cubrió 27% de la demanda interna total. El 36% restante fue de gasoil y atendió 20% de la demanda total (o la mitad del consumo de las usinas termoeléctricas).

En otras palabras, si bien se ampliaron las redes de gas natural (en 3000 kilómetros), más de una cuarta parte del suministro debió completarse con gas importado, a precios entre 4 y 6 veces más altos en dólares que los regulados a productores locales. Sólo hace poco más de un mes, se autorizó un ajuste parcial de precios en boca de pozo para reducir subsidios y también de las tarifas de transporte y distribución, que significarán para los usuarios domiciliarios del área metropolitana aumentos de 100 a 300%, de aquí a fin de agosto. Aún así, sigue sin completarse la construcción del Gasoducto NEA, anunciado en 2004 para abastecer a la única región del país que no cuenta con redes de gas natural. En consecuencia, su población debe utilizar garrafas, a un costo muy superior, debido a que el precio "social" ($ 16) es más teórico que real.

La generación eléctrica, a su vez, corrió a partir de 2007 detrás del crecimiento de la demanda. Casi no tiene margen de reserva, porque la capacidad indisponible fue en promedio similar al aumento de la capacidad instalada en los últimos diez años (8000 MW) y en 64% depende de petróleo o gas. En este incremento se incluye, por ejemplo, a la central nuclear Atucha II que, pese a haber sido "inaugurada" oficialmente en la campaña electoral de 2011, con suerte entrará en servicio en la segunda mitad de 2014. Aún así, por casi dos años, sólo cubrirá la demorada salida de la central Embalse, que debe ser repotenciada para prolongar su vida útil.

En el sector de distribución, los apagones del último verano demostraron la fragilidad del sistema por escasez de inversiones, mientras las distribuidoras del área metropolitana no dejan de acumular pérdidas y sus ingresos no alcanzan ya a cubrir la compra mayorista de energía, lo cual aumenta el déficit de Cammesa.

Una de las solicitadas espontáneas destaca que las tarifas de gas y energía eléctrica son las más competitivas de la región, pero omite señalar que, aun con los recientes ajustes en gas, equivaldrían este año a unos 17.500 millones de dólares. Seguramente debe haber opciones menos costosas para mejorar la competitividad.

Este pantallazo de la realidad indica que, más allá de los últimos parches y de otros que irán apareciendo, la política energética deberá cambiar necesariamente. De lo contrario, será imposible aumentar significativamente las inversiones privadas, que tampoco están al alcance del sector público. Sólo para desarrollar y explotar comercialmente el petróleo y gas no convencional Vaca Muerta se necesitarían unos 15.000/20.000 millones de dólares anuales durante varios años. Y mientras tanto habrá que seguir invirtiendo en producción y exploración de yacimientos convencionales (donde YPF tiene una participación de 37%), así como en la mejora y ampliación de la infraestructura de generación y distribución de electricidad y gas. El final del conflicto con Repsol seguramente abrirá paso para que YPF pueda asociarse con compañías extranjeras. Pero las inversiones serán simbólicas hasta tanto la Argentina no defina políticas para bajar la inflación, lograr estabilidad cambiaria, eliminar controles y restricciones al giro de utilidades y reinsertarse en los mercados internacionales para obtener financiamiento externo a costos razonables. No es una cuestión que pueda resolverse con solicitadas ni con un elenco de aplaudidores en los actos oficiales..