Dos domingos atrás, desde esta columna examiné el anuncio de Correa de introducir la reelección indefinida en la constitución. Allí puse énfasis en el daño causado por la modificación de las reglas de juego para beneficio exclusivo del presidente en ejercicio. El tema no está resuelto en Ecuador, ni mucho menos, y ahora también comienza a levantar temperatura en Bolivia, donde va en la misma dirección pero sin modificación de la constitución, o sea, violándola. Un poco de historia reciente, para situar al lector.

En febrero de 2009 se promulgó la Constitución del Estado Plurinacional Boliviano, que introdujo la cláusula de reelección inmediata por un segundo período únicamente. Luego de arduas negociaciones en el Congreso entre el gobierno y la oposición, se acordó añadir una disposición transitoria que especificó que el período presidencial anterior—bajo la previa constitución—se tomaría en cuenta. A ese texto también se le agregó el Régimen Electoral Transitorio, promulgado en abril de 2009 por el Presidente, ratificando que al presidente en ejercicio le restaba solamente una segunda y última elección posible. .

De este modo, Morales fue reelecto por un segundo período en diciembre de ese año. No hubo dudas de la arquitectura institucional, al punto que la confirmación de ese calendario hasta fue parte de los sellos postales conmemorativos del “segundo mandato constitucional de Evo Morales”; esto para los filatelistas. Así fue hasta que en 2013, el Presidente se postuló a un tercer mandato, siendo habilitado por el Tribunal Constitucional. La justificación de esa autorización fue que anteriormente Morales fue presidente de “otro” Estado, ya que la nueva Constitución consagra uno diferente, el Estado Plurinacional Boliviano. Morales fue habilitado a postularse para su tercer período.

Además de la visión autoritaria y personalista del poder, la alquimia utilizada traza un camino legal sumamente resbaladizo. Plurinacional o no, Bolivia ha sido la misma Bolivia desde 1825, tanto para sus ciudadanos como para el sistema internacional, que es la fuente de legitimidad de última instancia de todos los estados. Si un estado modificara sus atributos cada cierto tiempo, por ejemplo de presidencial a parlamentario, o de unitario a federal—o simplemente su denominación, como en Bolivia—se podría argumentar que se trata de diferentes estados en todos esos casos.

El absurdo bien puede tener lugar en la política, y a menudo un lugar importante. Pero cuando el absurdo comienza a interactuar con los acuerdos y compromisos internacionales, se entorpece la normatividad que estructura al sistema internacional como tal. Por ejemplo, imagínese ese argumento en manos de países en default, un tema también de actualidad. Allí debería pagar el “otro” estado, tal vez, ahora inexistente, que fue el que contrajo la deuda. El mundo de Evo Morales es “el mundo del revés”. En él, los estados van cambiando, algunos dejan de existir, otros son nuevos, pero los presidentes son aparentemente los mismos, tal vez eternos. Es un mundo en el que no puede haber estados, en definitiva, porque no habría manera de sostener en el tiempo ni los tratados ni el derecho internacional como un todo.

La dimensión internacional también está en juego en este intento de perpetuación. El proceso constitucional tuvo la observación y mediación de actores internacionales; la OEA entre ellos, en tanto Bolivia es miembro del sistema interamericano y firmante de la Carta Democrática. La Carta, de hecho, esta refrendada en la Constitución de 2009, obligando a todos los gobiernos bolivianos a observarla. Violar la constitución significa, entonces, violar tratados internacionales. El problema se agrava por el hecho que la OEA ha tomado una posición prescindente, por decir lo menos, ante los intentos de perpetuación en curso, declarándose contraria a intervenir y renunciando en la práctica a su rol fiscalizador del sistema democrático en el hemisferio.

A esta altura, esta verdadera abdicación de la OEA de sus obligaciones institucionales ha dejado de ser sorpresa, especialmente después de la manera como abordó las problemáticas venezolana y ecuatoriana. Es importante reiterar, no obstante, que al no dar lugar a las peticiones presentadas por violación de derechos—de eso se trata cuando se viola la constitución—no hace más que ratificar el despojo sufrido por los ciudadanos bolivianos. En un país donde la justicia no tiene independencia alguna del poder político, la OEA es el único mecanismo disponible para reclamar por la reparación de abusos.

Varias de estas peticiones fueron realizadas por el expresidente Jorge (Tuto) Quiroga, quien ahora encabeza un movimiento cívico por la vigencia de los acuerdos constitucionales de 2008 y 2009. Pero como la disputa será finalmente electoral, Quiroga también ha propuesto la creación de una coalición con un solo candidato, para evitar la fragmentación y disputarle al oficialismo ambas vueltas electorales, si fuera necesario. La lectura de las encuestas indica que esa sería la estrategia adecuada: todas sitúan a Morales en 40-45 por ciento de las preferencias, lo cual crea un escenario electoral abierto y competitivo. Ganarle a Evo es posible, afirman en la oposición.

Típicamente, las coaliciones que se forman solo para derrotar a otro candidato son problemáticas. Se les adjudica ser coaliciones negativas. Es decir, a menudo son alianzas instrumentales que no tienen una agenda común propositiva, siendo muy poco para ganar y menos aún para gobernar.

Pero esta coalición es diferente porque, en definitiva, sería una coalición en defensa de la constitución. Y acordar eso en la América Latina de hoy—donde la constitución se cambia más fácil que un subsecretario, y siempre para beneficio del presidente de turno—es el acuerdo más importante que se pueda lograr, en Bolivia y más allá. Tal vez hasta sirva el ejemplo.

Héctor Schamis es profesor en Georgetown University. Twitter @hectorschamis