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18/08/2017 | Argentina - Transparencia: Los fabricantes de bienes de capital le apuntan a Aranguren por beneficiar a proveedores externos y generadores incumplidores

Antonio Rossi

Mientras todas las miradas estaban puestas en el último tramo de la campaña electoral, el ministerio de Energía que comanda Juan José Aranguren logró implementar dos polémicas decisiones que pusieron en estado de alerta los fabricantes locales de bienes de capital y equipos tecnológicos.

 

Por un lado, mediante el decreto 629 el gobierno autorizó la importación de bienes de capital usados para la industria petrolera con un arancel del 0% para los equipos más críticos y del 7% para los complementarios con fin de facilitar las inversiones destinadas a la explotación del yacimiento de Vaca Muerta y aprovechar el excedente internacional de las máquinas y equipos que están disponibles en el sector.

Y por otro lado, los funcionarios de Energía resolvieron perdonarles la vida a las empresas generadoras que incumplieron los plazos de entrada en servicio de las usinas térmicas que fueron adjudicadas en 2016 bajo el marco de la resolución 21 para ampliar la capacidad de generación con contratos a largo plazo y el pago en dólares de la potencia y la energía suministradas.

En vez de ejecutar las garantías y hacer efectivo el cobro de un paquete de multas que supera los 110 millones de dólares, la cartera energética optó por ayudar a las firmas incumplidoras con planes especiales de pagos para que cancelen las penalidades en cómodas cuotas en plazos que van de los 5 hasta los 10 años.

Tras tomar nota de esas movidas, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIBIPIC) salió manifestar su rechazo y a reclamar que el Gobierno que no le dé la espalda a los fabricantes locales.

En el caso de la importación de equipos petroleros usados, el titular de la CIBIPIC, Rubén Fabrizio destacó que “la medida afecta gravemente al sector porque muchos de esos equipos que estarán disponibles de importación tienen fabricación nacional. Se realizaron muchas inversiones en los últimos años a la espera de la llegada de inversiones y cuando esto está por ocurrir deberán competir con equipos de rezago a precios de remate”, sostuvo Fabrizio.

En tanto, en el caso de las centrales térmicas, los fabricantes de bienes de capital le cuestionaron a Aranguren haber priorizado las inversiones y compras externas de equipos en vez de permitir la incorporación de tecnología local.

Por medio de una nota remitida al ministro, la CIBIPIC denunció varias empresas locales y extranjeras que debían invertir en nuevas usinas térmicas han incumplido las fechadas que estaban comprometidas sin que el Gobierno les aplique las multas y penalidades estipuladas en los contratos.

“A modo de ejemplo se pueden mencionar los casos de APR Energy, MSU Río Energy, Methax, So Energy y Centrales de la Costa, en los que, según lo trascendido en los medios, desde el ministerio de Energía se les estaría otorgando un esquema de financiación en cuotas y por plazos de entre 5 y 10 años para el pago de las multas por incumplimiento”, advirtió la entidad.

La nota resaltó que “en el marco de la flexibilidad oficial para con las empresas del exterior se han alterado estipulaciones esenciales contenidas en el pliego licitatorio, lo cual va en desmedro del resto de los oferentes que, de haber conocido oportunamente estas modificaciones podrían haber formulado ofertas más competitivas con la expectativa de resultar adjudicatarios”.

Según los datos oficiales, las multas en juego por las demoras e incumplimientos que acumulan APR Energy, So Energy, Methax y MSU Río Energy del empresario macrista Manuel Santos Uribelarrea trepan a un total de 114 de millones de dólares.

Y de acuerdo con lo que marca la letra chica de los contratos “las multas corresponden a una garantía equivalente al costo de la potencia declarada por 180 días, pero se cobran acumuladas en los primeros 60 días de la no entrada en servicio. Entre los días 61 y 179, la multa no aumenta y queda fija al monto total de la garantía. Y si la central no logró entrar al día 180, se debe proceder a la rescisión del contrato”.

Informador Público (Argentina)

 



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