Agencias de inteligencia de EEUU descubrieron en los ‘Guacamaya Leaks’ la punta de la madeja de una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas, que incluye a México.
La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una
decena de gobiernos, a cárteles de las drogas mexicanos, a guerrillas
colombianas, a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador, al embajador en Canadá y exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, y un agente de inteligencia venezolano con ciudadanía mexicana, en
una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas. Esto no es un
thriller, sino una realidad que supera la ficción y que forma parte de una
investigación de cuatro agencias de Estados Unidos, que descubrieron, en el
hackeo de millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la punta
de la madeja.
La investigación en curso es llevada en Estados Unidos
por la CIA, el FBI, la Agencia para el Control del Tabaco, Alcohol y Armas de
Fuego, así como por el Departamento de Seguridad Territorial, que están armando
un rompecabezas complejo que presume que el lavado de dinero, que tiene como
eje a San Juan, Puerto Rico, por la laxitud de sus controles financieros, con
ramificaciones importantes en Cancún, Punta Cana (República Dominicana), Los
Roques (Venezuela) y, en menor medida, Belice, Colombia, Nicaragua, Brasil y
Panamá, tiene como propósito financiar la llamada revolución bolivariana y
acciones terroristas.
Las agencias estadounidenses comenzaron la investigación
en 2019 siguiendo las rutas del lavado de dinero, pero hasta que aparecieron
los Guacamaya Leaks el año pasado, como se llama al hackeo que realizó un grupo
misterioso a la Secretaría de la Defensa Nacional, se alcanzó a ver su
dimensión. Una primera fotografía de esta investigación la aportó la reportera
María Idalia Gómez en un trabajo dividido en dos partes en Eje Central, donde
reprodujo varios de los correos electrónicos del Ejército que muestran cómo en
toda esta trama figuran funcionarios del gobierno de López Obrador que están
apostando, por dinero o ideología, a los fines bolivarianos chavistas.
Las figuras clave en el caso mexicano son Juan Manuel
Calderón Jaimes, nombrado en marzo de 2019 por el Presidente como cónsul
general en Puerto Rico, y Jorge Luis Brizuela Guevara, a quien se conoce en
Quintana Roo como el Venezolano, que se presenta como empresario. Previamente a
su designación en Puerto Rico, Calderón Jaimes, un diplomático de carrera, fue
agregado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de la embajada de México
en Venezuela, donde, de acuerdo con informes de la Defensa, fue “cooptado” por
los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Brizuela Guevara tiene un pasaporte mexicano expedido por
un consulado general de Florida y, de acuerdo con un correo de la Defensa del 4
de agosto de 2020, “es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional” del gobierno de Nicolás Maduro. En ese mismo correo se le identificó
como enlace entre los miembros de la mafia rumana en Cancún y los servicios de
inteligencia venezolanos, así como el gozne entre el entonces gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y “organizaciones criminales trasnacionales”.
Otro correo enviado por un coronel de inteligencia
mexicano en Belice, el 31 de enero de 2022, sobre las operaciones financieras
del Belize Bank Limited, mencionó a Brizuela Guevara como el arquitecto de una
estructura a través de varios bancos beliceños hacia Puerto Rico con
transferencias de ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y
rumanos, que servían para “movilizar recursos de procedencia ilícita de las
estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”.
Brizuela Guevara estuvo involucrado en varios problemas
violentos en Quintana Roo, aparentemente por un fraude por una subcontratación
de carpas Covid, asignada por el entonces gobernador. Nada se ha sabido de esos
contratos. Lo único cierto es que, pese a los correos de la Secretaría de la
Defensa, no hay ninguna investigación sobre Brizuela Guevara, ni afectó para
que Joaquín González llegara a Ottawa, pese a las alertas en la Secretaría de
Relaciones Exteriores, donde se empezó a recibir información de actividades
irregulares e ilícitas de mexicanos y empresas nacionales vinculadas con el
gobierno de Maduro que se cruzaban con los venezolanos en la Riviera Maya.
Un correo del 24 de febrero del año pasado, monitoreado
por los servicios de inteligencia militares, menciona que Calderón Jaimes le
comunicó al subsecretario para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe,
Maximiliano Reyes, que “existe información muy delicada que indica que Joaquín
(N) está usando Facebank para sus operaciones”. Facebank es un banco venezolano
que forma parte de las instituciones que son sujetas a la investigación de las
agencias estadounidenses sobre el presunto lavado de dinero.
“Joaquín” es Joaquín Leal, propietario de la empresa
mexicana Libre Abordo, que a mediados de 2020, junto con una empresa asociada,
Schlager Business Group, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de esa nación
mediante el comercio con petróleo venezolano.
Un correo de la Defensa del 22 de noviembre de 2019
revela la existencia de dos contratos entre México y Venezuela, denominados
“Petróleo por Alimentos”, donde le daban 210 mil toneladas de maíz
–aparentemente de los faltantes del fraude en Segalmex– y mil cisternas de agua
potable, a cambio de 2 millones de barriles de petróleo diario, que se
incrementó a 30, que fueron transportados por las dos empresas mexicanas, que
se convirtieron en los principales clientes de la empresa petrolera venezolana.
La conexión Puerto Rico no parece estar lejos de ser dada
a conocer, en todos sus detalles, por las autoridades estadounidenses, donde la
vertiente mexicana de todo este entramado criminal va a surgir. Hay un número
no precisado de funcionarios del gobierno de López Obrador involucrados, aunque
por la vigilancia que tiene inteligencia militar sobre la Cancillería mexicana,
se presume que la mayoría pueda encontrarse en esa dependencia. Pero no son los
únicos. Funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, por
el tipo de operación que se realizó con Venezuela, podrían también figurar en
la triada criminal, terrorista e ideológica, del entramado que están terminando
de armar en Estados Unidos.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2023/03/15/la-conexion-puerto-rico/