Es absurdo que el gobierno pida a los ciudadanos que no se ‘sometan’ ante la capacidad de fuego de los cárteles, y sacudirse la responsabilidad de su principal obligación: seguridad.
En los municipios de la sierra chiapaneca que colindan
con Guatemala, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación llevan meses
disputando el territorio, en una lucha que finalmente parece que se está
decantando por el primero. En Guerrero se vive una guerra entre varias
organizaciones criminales, y cuya batalla en Tierra Caliente conecta con la
violencia creciente en la misma región michoacana. En Zacatecas, cruce de todas
las rutas del trasiego de drogas, la pugna entre cárteles está amainando por la
victoria de los sinaloenses, mientras que en Chihuahua el terror sigue
dominando la vida cotidiana. Jalisco está controlado por el cártel local, y en
el norte de Veracruz se está asentando el del Golfo.
La violencia no abandona Sonora, Sinaloa y Tamaulipas; es
oscilante, aunque siempre en altos niveles, en Colima. Guanajuato tiene zonas
totalmente podridas, como las hay en el sur del Estado de México. Tabasco se ha
sumado a la violencia sonora, que mantiene en vilo a la Riviera Maya. Aunque de
forma silenciosa, los criminales van penetrando la Ciudad de México como la
humedad, expresándose en cobros de piso, extorsiones y ajusticiamientos más
frecuentes de los que uno quisiera ver.
Los botones de muestra de la inestabilidad e inseguridad
que se vive en varias partes del país son alarmantes. No caben afirmaciones
pueriles e irresponsables de que se trata de propaganda, y que son
exageraciones que se utilizan para dañar al presidente Andrés Manuel López
Obrador en el contexto del año electoral que se avecina. Las declaraciones
oficiales carecen de fidelidad, como la que hizo el Presidente este lunes
minimizando la recuperación territorial que logró el Cártel de Sinaloa en
regiones donde se había estado asentando el Cártel Jalisco Nueva Generación en
los últimos meses.
La dialéctica criminal, si pudiéramos graficarla para
demostrar lo débil de los dichos presidenciales, se dio de esta manera:
1.- Células del CJNG llegaron a los municipios
chiapanecos en la frontera con Guatemala empujando a las células del Cártel de
Sinaloa a ese país, amenazando a los presidentes municipales y a las
autoridades locales para que dejaran de pagarle protección a Sinaloa, y les
dieran el dinero a ellos, o los mataban. Al mismo tiempo, comenzaron la leva de
jóvenes y los asesinatos contra quienes se opusieran, imponiendo la ley del
terror.
2.- El Cártel de Sinaloa envió refuerzos para combatir al
CJNG. Las instrucciones que le dieron a las comunidades es que pidieran a sus
familiares y conocidos que no fueran residentes en esa región, que no la
visitaran en cuando menos tres meses –que se están cumpliendo en octubre–
porque matarían a quien no conocieran. También les dijeron que cuando les
informaran que iban a realizar una operación de limpieza de adversarios,
salieran de las comunidades con el pretexto de manifestaciones de protesta por
las restricciones al ingreso de productos agropecuarios de Guatemala, y
bloquearan las calles y los puentes. Cuando acabaran de liquidar a sus
enemigos, podrían regresar a sus casas.
3.- Cuando se hizo pública la guerra en Chiapas entre los
dos cárteles en junio, López Obrador ya no pudo ser omiso y despachó
contingentes de la Guardia Nacional. Lo que hicieron los militares, de acuerdo
con testigos de sus operaciones, fue no hacer nada. No intentaron retener
criminales, ni desbloqueaban carreteras. Cuando uno de los cárteles estaba
operando, se limitaban a ver de lejos. Y hasta que el de Sinaloa terminaba de
exterminar a sus adversarios y se retiraba de las comunidades, llegaba la
Guardia Nacional.
Este fin de semana, cuando un convoy del Cártel de
Sinaloa fue recibido con ovaciones en La Trinitaria al circular por la
carretera federal 211 rumbo a Frontera Comalapa, a unos 80 kilómetros de ahí,
no encontró ninguna autoridad federal o estatal en su camino. La realidad es
que no existen, por omisión y decisión, y ese territorio es de quien lo gane a
balazos. El llamado del Presidente este lunes a quienes habitan en esa zona a
que “no se dejen someter” es pura palabrería al aire. Es absurdo pedir a los
ciudadanos evitar que los “sometan” ante la capacidad de fuego de los cárteles,
y sacudirse la responsabilidad del gobierno, que tiene el uso legítimo de la
fuerza, para proveer su principal obligación: seguridad a los ciudadanos.
La Arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas dijo este
fin de semana en un comunicado que el silencio y la omisión de las autoridades
“nos demuestra un Estado fallido y rebasado o coludido con los grupos
delincuenciales”. No estamos los mexicanos en condiciones para saber si el
gobierno federal, el estatal y los municipales están coludidos con los cárteles
de la droga o si son incompetentes, miedosos y débiles ante ellos. En cualquier
caso, cada vez más rápido, el control territorial está quedando de manera
creciente en manos de los criminales.
Su expresión es clara, no sólo en Chiapas sino en el
resto del país. La semana pasada se dio a conocer el reporte de agosto del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde si bien en lo general se registró
un descenso en la incidencia delictiva de 3 por ciento, los delitos de alto
impacto como homicidio doloso, robo y extorsiones tuvieron un alza en 17
estados, donde Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco vieron un incremento de 52, 47 y
41 por ciento en comparación con julio. Los homicidios dolosos y los
feminicidios tuvieron un alza en 14 estados, donde Aguascalientes, Campeche,
Guerrero, Morelos, Querétaro y Quintana Roo tuvieron incrementos de 20 a 38 por
ciento.
Las organizaciones delincuenciales, cárteles, bandas o
células vinculadas a esos grupos mayores o que operan de manera independiente
ya controlan sistemas productivos –notoriamente en Michoacán y Guerrero–,
industrias como la construcción –clarísimo en el Estado de México–, extorsiones
y cobros de piso –como en la Riviera Maya y en colonias trendy de la Ciudad de
México como La Condesa–, y tienen subyugado al transporte público y a los
sectores comercial y minero. La pregunta de quién manda en muchas regiones de
México es fácil de responder: los criminales.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2023/09/26/los-criminales-mandan-aqui/