Evo Morales cumple un año en la presidencia con un país polarizado y con riesgos de disolución. Las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno han dejado decenas de heridos y han enconado el enfrentamiento, animadversión y odio entre bolivianos. Han sido doce meses de conflictos políticos marcados por protestas, marchas, huelgas de hambre y ruptura entre el Gobierno y la oposición.

Pese a algunos sonados triunfos políticos como la nacionalización de los hidrocarburos, su posterior negociación con las petroleras extranjeras o el establecimiento de la Asamblea Constituyente (donde logró la mayoría de los votos), los primeros meses del Gobierno se han caracterizado por los conflictos.

Tras semanas de crisis, Morales aceptó reunirse con las cuatro provincias que luchan por su autonomía y con los partidos de la oposición para concertar nuevas reglas para la Asamblea Constituyente, bloqueada por desacuerdos en su sistema de voto, y para discutir la incorporación de las autonomías regionales a la Carta Magna.

El 18 de diciembre del 2005, Morales ganó los comicios con el 53,7% de los sufragios, el mayor resultado obtenido por un candidato en los últimos decenios. Morales se enfrenta ahora a una realidad agridulce, condensada en una encuesta de la firma Apoyo, Opinión y Mercado: su popularidad asciende a un envidiable 62% (en noviembre era del 67,5%), pero Bolivia se encuentra dividida por una frontera - invisible pero real- entre el occidente y el oriente.

La nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo fue la medida más trascendental de su presidencia. "Queremos socios, no patrones", fue la frase que acuñó el gobernante. Sin embargo, provocó meses de tensiones con las petroleras, en especial con la española Repsol y la brasileña Petrobras, principales inversoras en el país. El Gobierno coronó la nacionalización con la firma de los 44 nuevos contratos petroleros entre el 27 y 28 octubre, cumpliendo el plazo impuesto.

Morales, que encabezó cientos de manifestaciones y bloqueos que derrocaron a dos presidentes, ahora enfrenta continuas protestas políticas y sociales. Su intento por controlar todos los poderes con una nueva Constitución hecha a su medida agudizó una crisis que pone en riesgo la unidad nacional.

Las posturas son, en apariencia, irreconciliables. Por un lado, las provincias del oriente - encabezadas por Santa Cruz de la Sierra- exigen autonomía y la aprobación por dos tercios de la nueva Carta Magna que se discute en estos días. En el otro bando, el Gobierno y sus muchos partidarios en las zonas indígenas, que sostienen que basta la mitad más uno de los diputados.

En el mayor desafío que enfrenta Morales en su primer año de gobierno, cientos de miles de personas participaron en cabildos (asambleas) populares para exigir una amplia autonomía. En las cuatro regiones más prósperas de Bolivia se amenazó con desconocer una eventual Constitución aprobada sólo por el oficialismo y anunciaron la creación de gobiernos autónomos de hecho. En ese marco multitudinario (las autoridades dijeron que se reunió un millón de personas), el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, preguntó a la población si está de acuerdo con ignorar esa nueva Carta Magna si es sólo aprobada por la mayoría oficialista en la Constituyente. La multitud respondió al unísono "¡sí!" y empezó a gritar "¡autonomía!". Las mismas manifestaciones masivas se realizaron en las capitales de los departamentos de Beni, Tarija y Pando.

Morales dice respetar estos deseos, pero la autonomía que está dispuesto a ofrecer equivale al poder de gestión que tenían bajo el franquismo las diputaciones provinciales españolas. Mientras, los seguidores de Morales se movilizaron en varias ciudades para solidarizarse con el Gobierno con el grito de "¡Bolivia unida!". Organizaciones indígenas y campesinas, sindicatos de obreros y cocaleros y organizaciones de vecinos de las regiones andinas se manifestaron contra las autonomías.