| 19/03/2007 | Ecuador, al borde del abismo
Joaquim Ibarz
Cada marzo, los gitanos visitaban Macondo para mostrar las maravillas del mundo moderno. Los vecinos del pueblo de la costa Caribe de Colombia quedaban deslumbrados cuando les mostraban que un pedazo de piedra -un imán- era capaz de atraer metales o cuando un trozo de vidrio -una lupa- podía encender fuego.
José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, estaba obsesionado con estos artefactos de la modernidad que, según él, le traerían riqueza y prosperidad.
Al igual que José Arcadio Buendía, los ecuatorianos se acostumbraron a vivir en permanente estado de excepción –valga la contradicción- y a aceptar lo anormal como cotidiano. Ver desaparecer a un hombre es, para el patriarca de los Buendía, tan corriente como, para los ecuatorianos, derrocar presidentes o destituir congresistas. El comentarista Gonzalo Maldonado Albán señala que al igual que en Macondo, en Ecuador convierten en excepción lo que debería ser norma. "Queremos echar abajo un sistema de libertades basado en la división de poderes. Estamos empeñados en destruir el régimen de partidos, para concentrar todo el poder en manos de un caudillo". advierte Maldonado Albán.
Es marzo en Ecuador, y los José Arcadio Buendía del país andino están deslumbrados con un invento parecido a un cubo de hielo: la Asamblea Constituyente. Se muestran dispuestos a entregarlo todo por emprender ese proyecto mirífico que debe traer prosperidad para todos.
Sin embargo, Ecuador enfrenta un proceso de demolición institucional que pone en riesgo la legitimidad de la Constituyente que impulsa el presidente Rafael Correa.
"Caos total", tituló hace cuatro días el diario "La Hora" de Quito. La Conferencia Episcopal señala que Ecuador no merece ni puede aceptar la peligrosa situación a la que se ve abocado. "Todavía estamos a tiempo para detener la debacle que se nos viene encima", advierten los obispos.
Ecuador y crisis política parecen ser sinónimos. Una vez más se comprobó cuando un choque de poderes volvió a colocar al país al borde del abismo. Las discrepancias sobre la consulta para convocar la Constituyente generaron el cese por parte del legislativo del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). A su vez, el presidente del TSE, auspiciado y respaldado por la fuerza pública que obedece las órdenes del gobierno, destituyó a 57 de los 100 diputados. Tomó tal drástica medida alegando que Ecuador se encuentra en un proceso electoral, cuando ni tan siquiera hay lista de candidatos.
Acostumbrado a derrocar presidentes con el apoyo de las Fuerzas Armas –así hicieron con Abdalá Bucaram, con Jamil Mahuad y con Lucio Gutiérrez- el Congreso recibió un golpe sin precedentes con el contraataque del TSE, acción que fue respaldada plenamente por Correa.
El conflicto era más que previsible desde que Correa ganó las elecciones en noviembre de 2006. Antes del inicio de la campaña electoral que le dio la presidencia, el líder d la izquierda populista renunció a presentar un solo candidato al Congreso. Ello le permitió descalificar a toda la clase política. Su estrategia se iba a centrar en la convocatoria de una Asamblea Constituyente dotada de plenos poderes, a pesar de que la Constitución vigente no contempla que el ejecutivo pueda convocar un referéndum para reformar la Carta Magna por iniciativa propia. Correa ya ha anunciado que una de las primeras medidas de la Asamblea será la disolución del Congreso, que es un estorbo para sus planes hegemónicos.
Correa sigue la misma hoja de ruta –aunque de manera más acelerada- que trazó el presidente venezolano Hugo Chávez cuando en diciembre de 1998 ganó las primeras elecciones presidenciales. El libreto marca que hay que convocar lo más pronto posible –cuando la popularidad es muy alta- una Asamblea Constituyente para ampliar los poderes del ejecutivo, minimizar el papel de los partidos y posibilitar la reelección. Aunque la Constitución no lo contemplaba, la presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Cecilia Sosa, autorizó a Chávez a convocar un referéndum para celebrar elecciones a una Asamblea Constituyente. Evo Morales sigue el mismo camino en Bolivia, aunque se enfrenta a una sólida oposición que exige que se cumplan las normas que señalan que los artículos de la nueva Carta Magna deben aprobarse con una mayoría calificada de dos tercios. Correa dijo desde un principio que bastaba con la mitad más uno de los votos para aprobar el nuevo texto constitucional.
El conflicto se calentó hace dos semanas cuando el TSE expidió una resolución por la cual convocaba para el 15 de abril una consulta popular para decidir si se daba vía libre a la Asamblea Constituyente. Al Congreso irritó especialmente que el Tribunal desatendió el acuerdo suscrito por ejecutivo y legislativo, que garantizaba la no disolución del Congreso. Correa se habría comprometido a no cerrar el legislativo. Sin embargo, según denuncia la oposición, recurrió a las viejas mañas que tanto critica a los partidos –compra de votos de jueces y diputados a cambio de cargos, dinero y prebendas- para que el presidente del TSE convocara la consulta en los términos que quiere el presidente. La prensa denuncia que emisarios del ejecutivo mantienen conversaciones secretas con congresistas no destituidos y con los diputados suplentes para atraerlos a su causa, haciéndoles romper la disciplina que deben a los partidos en que militan. De esta manera, ya no habrá obstáculo para otorgar de antemano a la Constituyente poderes por encima del Congreso y de la Carta Magna que está vigente.
A pesar de que Correa ganó la presidencia sin contar con un solo diputado en el Congreso, de hecho ya controla el poder legislativo y el electoral. En tan sólo 60 días impulsó todas las estrategias y abrió todos los frentes de ataque de manera mucho más rápida que su mentor Hugo Chávez, quien tuvo que dedicar la mayoría de sus ocho años de gobierno para golpear y anular las instituciones. El diario "El Comercio" de Quito señala en el editorial "La paulatina concentración de poderes" que el TSE interpreta que la Constitución y la ley electoral le otorgan facultades para destituir a cualquier funcionario -incluidos jueces y diputados elegidos por el pueblo- si considera que interfieren la celebración de los próximos procesos electorales (consulta popular, campaña a la Constituyente e instalación de la Asamblea).
Ya se puede anticipar que las elecciones para la Constituyente estarán condicionadas por la concentración de poder en manos del presidente. "El Correo" destaca que el pueblo debe saber que Ecuador está inmerso en un escenario en el que predomina "la manipulación, la intolerancia y el anatema contra quienes discrepen del curso de los sucesos políticos amparados en el ejercicio del poder". "El escenario vaticina tiempos difíciles y turbulentos para la democracia ecuatoriana", subraya el diario.
Rafael Correa cumple lo que promete. En la campaña electoral dijo que disolvería el Congreso. Ya casi lo tiene cerrado. No esperó ni a que lo haga la Asamblea Constituyente. Desde la semana pasada, la policía impide que los diputados destituidos por el TSE ingresen al Congreso. Aunque el presidente negó que hubiera dado tal orden a la fuerza pública, Teleamazonas mostró imágenes de diputados suplentes reunidos en semiclandestinidad con enviados del ministerio de Gobierno para planificar, se supone, la instalación de un Congreso sin los parlamentarios titulares.
La organización Participación Ciudadana pide en un comunicado deponer actitudes y revocar decisiones polémicas para preservar la democracia. Y alerta del "serio peligro que se cierne sobre el país como resultado de actitudes políticas y controvertidas decisiones institucionales, que están llevando al resquebrajamiento de la institucionalidad democrática y a la violencia como medio de acción política". Ecuador ha llegado a un punto en el cual la interpretación de la Constitución queda a la conveniencia y voluntad subjetiva de las facciones en conflicto.
La Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), publicó un editorial conjunto en la primera página de los diarios que llevaba por título "¡Intolerable!". En él se decía: "Con profunda preocupación, el país asiste a un sistemático proceso de destrucción de sus instituciones y de manipulación del poder, de la Constitución y de la Ley. Todos los poderes públicos son responsables de esta situación. Ellos tienen una obligación fundamental con el país: construir un entorno político, jurídico y económico razonable, dotándolo de seguridades elementales para que la población progrese".
La demanda de concordia de los editores de prensa mereció duras descalificaciones del Jefe de Estado. Correa afirmó que el contenido del llamamiento a la calma y sensatez, "es inmoral, eso también es corrupción". Recurriendo a generalidades y sin dar nombres, calificó a los medios de "mafiosos". El analista Willington Paredes Ramírez se pregunta ¿en qué fundamenta el presidente su grave acusación? Responde: "En nada. Solo en el irresponsable deleite de hablar, insultar y descalificar a quienes discrepan de sus ideas y cosmovisión política maniquea y mesiánica".
Correa parece estar convencido de que la Patria Nueva se encarna en la seducción de su rostro, en su sonrisa, en sus camisas folclóricas, en su retórica y en su estilo. Cree saberlo todo e imagina que con él nace y termina el mundo. Su diatriba contra los medios de comunicación expresa ese convencimiento de que se considera la única fuerza ética y moral de la nación. Ha desenvainado la copia de la espada de Bolívar que le regaló Hugo Chávez para trazar una maniquea línea divisoria: los que no están con el Gobierno están contra él.
La secretaria de Comunicación, Mónica Chuji, dijo que es "casi injuriosa" la petición de los medios de que el presidente se ajuste a la Constitución. Con desparpajo afirma que el editorial de los periódicos "supone una grave contribución al clima de desestabilización". Con mayor audacia, expresa: "Nos vemos en la obligación de exigir una inmediata rectificación de esta gravísima acusación contra la máxima autoridad de la República". Si la ministra ataca a la prensa es porque en el gobierno de Correa circula una espesa atmósfera de prepotencia y autoritarismo que no le permite distinguir entre lo democrático y lo autoritario.
Los enfrentamientos en la calle de los últimos días permiten vislumbrar lo que puede ocurrir en Ecuador cuando Correa tenga plenos poderes. De momento, la multitud ataca a golpes y pedradas a diputados que acuden al juzgado a solicitar un amparo o que intentan entrar en el Congreso; además, hay tribunales que interpretan las leyes a conveniencia del ejecutivo con el argumento de salvar al pueblo de la opresión de unos oligarcas.
Si Correa aspira a generar condiciones mínimas para que la Asamblea Constituyente ostente la legitimidad indispensable y, con ello, se puedan impulsar los cambios que Ecuador anhela, deberá modificar su estrategia. Tiene que descargar cuanto antes el ambiente de hostilidad política que vive el país, escuchando más y abriendo menos frentes de conflicto, moderando la frecuencia de sus intervenciones para cuando sea preciso que intervenga, y emprendiendo procesos de diálogo nacional.
De momento, la única certeza que se desprende de la caótica crisis política que sufre Ecuador es que Rafael Correa saldrá reforzado con mayor cuota de poder. Los analistas opinan que el presidente aprovecha sus popularidad y el creciente desprestigio del Congreso para ganar más espacios y quemar etapas hacia el "socialismo del siglo XXI" que, tal como ocurre con Hugo Chávez, algunos de sus críticos ya califican como "totalitarismo del siglo XXI".
El comentarista Fabián Corral subraya que con constituciones y leyes buenas o imperfectas, con tribunales medianos, con magistrados brillantes y mediocres, Ecuador "ha vivido anclado en la "convicción de la legalidad", en la idea de que las conductas deben sujetarse a reglas; que las autoridades tienen límites y que deben justificar sus actos basándose en normas; que los derechos deben respetarse y que su violación acarrea consecuencias".
Según Corral, con Correa se privilegia el pragmatismo político y sus visiones ideológicas con escaso respeto al Estado de Derecho. "Hemos llegado al extremo –dice- de que asuntos básicos como el principio de legalidad, los límites del Estado, el valor y la permanencia de la Constitución, el derecho a juicio previo y justo, sean temas que suscitan la sospecha de que quien los defiende, se le tacha de que defiende el statu quo, y que es adversario del cambio y hasta enemigo de la democracia".
Nunca antes se extendió tanto en ciertos sectores de Ecuador la idea de que si la Constitución molesta, se reforma o se tumba; de que si la ley impide algo, se anula con reglamentos.
"Nunca antes la sociedad abdicó tan dramáticamente de sus principios", advierte el profesor Corral. Y subraya que se pretende desmontar la legalidad y las instituciones democráticas que aún sobreviven para construir, en el terreno baldío que quede, "el socialismo del siglo XXI" de acuerdo con los principios de los caudillos populistas.
La Vanguardia (España)
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