Estamos observando una lamentable forma de encarar la firma de los contratos, fruto de acciones discrecionales ejecutadas por autoridades del sector y que por decirlo de manera suave, fueron omisiones a todas las reglas, estatutos y comportamientos fuera del sentido común.

Debemos resaltar la buena actitud del Gobierno con respecto al tema petrolero, no podemos dejar de resaltar que el Estado tiene ahora el 50% de los ingresos del gas vía regalías e IDH, además que tenemos la posibilidad de incrementar este valor hasta un 82%, aunque este hecho puede ser más lejano en el tiempo, pero en resumen estamos mucho mejor que antes. Por lo tanto, no estamos atacando ni criticando la política del Estado, más bien consideramos favorable a los interese de Bolivia.

Aplaudimos el desenlace de esta novela, consideramos que esto debió haber ocurrido mucho antes, ya que ocurre en medio de grandes críticas y de un circo romano montado por la oposición, que no dejó pasar este gran momento que el Gobierno le sirvió en bandeja de plata.

Pero también, en honor a la justicia, debemos expresar que todas las autoridades del sector, ministros, presidentes de YPFB, etc., hicieron un buen trabajo, tuvieron una acción patriótica, y en el fondo hicieron lo mejor que pudieron y creo que el Estado y toda la población debe reconocerlo.

Pero esto no significa que por esas acciones debamos dejar pasar la gran cantidad de omisiones que existieron en el camino, no es tolerable escuchar lo que se dijo en la comisión de la Cámara de Senadores.

Entonces estamos frente a un final anunciado y de otro capítulo de la novela, que no hace otra cosa que retrasar nuestro avance en este sector. Creemos que el Presidente de la República debe seguir con más detalle todo el accionar de su aparato Ejecutivo, al parecer no estamos viendo una gestión del Ejecutivo que sea producto de una verdadera planificación y seguimiento de los temas, al parecer todos hacen lo que pueden pero no de una manera orgánica y esto da la sensación de un manejo desprolijo.

No debe asustarnos perder mas tiempo, ya que con el mal llamado decreto de nacionalización, los ingresos del país se mantendrán, es posible que se deba redactar un nuevo decreto que extienda los plazos hasta la protocolización o una nueva negociación de los contratos petroleros y en todo caso, se deben hacer las enmiendas sugeridas por moros y cristianos, dejando la politización del tema.

El desafío de la venta de gas a la Argentina nos obliga a contar con una base jurídica que permita al Estado, determinar los niveles de inversión y la producción de las empresas contratistas, con el objeto de alcanzar los niveles de exportación comprometidos, de lo contrario no podremos hacer frente a este desafío.

Volvemos a reiterar que YPFB debe institucionalizarse, sólo así podremos darle una continuidad a esta empresa que tanto lo requiere.