Las promesas de bienestar encapsuladas en postulados con pretensiones de aplicación universal (liberalizar, privatizar, estabilizar, hacer tributar al consumo) han generado crecimiento mínimo y alentado la concentración del ingreso y la pobreza.

Ante resultados desalentadores, las tecnocracias atribuyen los fracasos a reformas incompletas o a un armazón institucional inapropiado. De ahí surgen reformas institucionales de segunda generación remodeladoras de los sistemas político y jurídico, a imagen y semejanza de las naciones ricas. La carreta se pone delante de los bueyes, para alcanzar el desarrollo hay que tener ex ante la configuración institucional de una sociedad desarrollada.

En 2005, el Banco Mundial abandona parte de los cánones del Consenso. Indica que las preocupaciones por la eficiencia estática en la asignación de recursos son menos importantes que las economías dinámicas del crecimiento; que las reformas de mercado carecen de la universalidad con que se les quiso revestir; que idénticas metas se pueden alcanzar usando medios distintos. Por consiguiente, la responsabilidad última del desarrollo es una cuestión de estrategia nacional insustituible.

Mientras el BM comienza a confrontar tesis con realidades, el FMI y, ahora, la OCDE, siguen fieles a los mismos esquemas obsoletos. Para ambas instituciones el problema reside en reformas insuficientes que no han creado en economías funcionantes de mercado. El documento Getting it right contiene las principales recomendaciones del segundo organismo sobre la orientación de las políticas del país.

La OCDE descubre que México es un país de pobreza y desigualdad donde "los intereses de las élites bloquean o desvirtúan las políticas económicas enderazadas a corregir esa situación". Aun así, se recomienda fortalecer los derechos de propiedad a través de la acción del Estado y del sistema judicial. Enseguida, se afirma que "sólo un Estado con suficientes recursos puede proteger a los derechos de propiedad contra las demandas de los grupos de interés". De ahí, cabría inferir que las élites económicas del país no son propietarias, aunque puedan constituir grupos de interés y bloquear las decisiones públicas; que fortalecer los derechos de propiedad limita la influencia de las mismas élites y que ello sólo lo puede lograr un Estado con recursos".

Sin duda, se incurre en pecadillos lógicos explicables por convalidar a ultranza la institución de la propiedad. Sin duda, esos derechos son relevantes, pero no cabe desarrollarlos siguiendo un canon foráneo predeterminado. China, ha sido capaz de atraer inversiones extranjeras enormes con un sistema donde conviven la propiedad estatal y empresas colectivas, y donde la propiedad privada apenas comienza a configurarse con imperfecta nitidez.

La OCDE califica de muy bajos los ingresos públicos de México. El conjunto de los impuestos apenas permite una recaudación de 15% del producto (19% si se incluye al petróleo), frente a 30% en la Unión Europea, 26% en Japón, 25% en Estados Unidos. El aporte del impuesto a la renta de individuos y corporaciones en la recaudación es inferior en 30% al europeo, 43% del americano y 33% del inglés. En contraste, la contribución de los impuestos indirectos a los ingresos fiscales es 70% superior al promedio de la OCDE.

La OCDE desconoce la influencia decisiva de las élites económica y política en bajar las tasas del impuesto a la renta y reducir el número de escalones de progresividad del mismo. La tasa tope del impuesto personal a la renta es de 30%, en comparación con 41% en Estados Unidos, 50% en Japón o 45% de Alemania. En los hechos, la resistencia a tributar de la élite explica la sistemática exacción de recursos a Pemex, institución que registra significativas utilidades antes de impuestos, disueltos o convertidos en pérdidas y descapitalización después de cubrir los tributos.

Pese a la situación descrita -poca imposición relativa directa, mucha indirecta- la principal recomendación de la OCDE se endereza a ensanchar la base del IVA, iniciativa rechazada repetidamente por el Legislativo del país. Pasa desapercibido el requisito político fundamental de toda reforma fiscal de fondo, la equidad en el reparto de las cargas resultantes, como vía insoslayable de ganar el respaldo ciudadano y legislativo.

De otro lado, la OCDE pone de relieve la limitada capacidad de absorción del sector moderno de la economía mexicana y el tamaño mayúsculo del empleo informal (40%). La recomendación esencial de ese organismo está dirigida a la flexibilización de las leyes protectoras del trabajo, aduciendo, sobre todo, que las normas regulatorias hacen difíciles y costosos los despidos y merman las contrataciones.

Se toma partido al no hacer alusión a la precarización de las condiciones laborales que fuerzan a sindicatos y trabajadores a tomar posturas defensivas. Entre 1998 y 2004, los ocupados sin prestaciones subieron en 2 millones de personas (llegan a 60% de la fuerza de trabajo). Las instituciones de seguridad social amparan cuando más a un tercio de las familias trabajadoras; no existe seguro de desempleo; los salarios mínimos han caído en términos reales 70% y los contractuales 20% de 1982 a 2005. Del ingreso nacional disponible, los trabajadores absorbían 41% en 1980 y sólo 30% en 2003.

Ni ética ni políticamente puede verse a la reforma laboral desde una óptica unilateral. Como ocurre en el caso de la tributación, habría que impulsar acuerdos que al conciliar intereses faciliten la genuina modernización democrática del país. Por lo demás, no existiendo un nexo empírico claro entre reformas institucionales predeterminadas y desarrollo, seguir el camino de la OCDE puede llevar a dilapidar en esfuerzos inútiles el escaso capital político del gobierno.

Analista político