A lo largo de sus 2.878 páginas distribuidas en 12 volúmenes rellenos de escuchas telefónicas, informes y documentos incautados, la Policía Federal brasileña y el Ministerio Público Federal describen una organización criminal claramente asociada a la judicatura y dedicada al juego ilegal, lavado de dinero y a pagar coimas en pago de decisiones judiciales favorables a los intereses de propietarios de locales de máquinas de video póquer y casas de bingo. La operación Hurricane (Huracán) detuvo 25 personas, entre jueces, policías, abogados y bicheiros (jefes del juego clandestino) (Estado de Sao Paulo, 18/4). Se destaca en la nómina toda la cúpula del denominado jogo do bicho (lotería ilegal), vinculada al famoso Carnaval de Río: Ailton Capitán Guimaraes, presidente de la Liga de Escolas de Samba (Liesa), Aniz Anisio David --presidente honorario de la escola de samba campeona Beija Flor-- y Antonio Turcao Petrus. Los tres dueños del juego son los verdaderos dueños de los bingos en el Estado de Río y controlan la asociación de empresarios que explotan la actividad, aunque sus nombres no consten en las composiciones societarias, afirmó el Ministerio Público Federal.

El patio de la sede central de la policía en Río quedó pequeño para aparcar los 30 de carros de lujo confiscados. Según el comisario Renato Porciúncula, "la dificultad mayor fue contabilizar y transportar la enorme cantidad de dinero aprehendido", para lo que fue necesario utilizar carros blindados.

El relato de la investigación muestra que la Policía Federal consiguió mapear una red de negociaciones entre intermediarios de bicheiros y de bingos y el abogado Virgilio Medina, hermano del ministro del Superior Tribunal de Justicia (STF), Paulo Medina, además de otros exponentes del Poder Judicial brasileño.

Conforme las escuchas telefónicas, Virgilio llegó a pedir 1 millón de reales, -después reducido para 600 mil reales- para obtener de su hermano ministro una decisión favorable a la empresa Betec Games, dueña de caça-níqueis incautados por decisión judicial en Río. En el interrogatorio, la Policía Federal apunta que Virgilio Medina actuó “con el único propósito de hacer la intermediación y negociación de la decisión a ser proferida por su hermano”. El ministro Medina concedió la decisión favorable para la empresa. 

Por cuenta de los indicios de implicación de Paulo Medina en el caso, el interrogatorio pasó a ser conducido en el STF, encargado de investigar a los ministros de tribunales superiores. Otro brazo en la judicatura apuntada en la articulación con la cuadrilla involucra al magistrado del Tribunal Regional Federal (TRF) de la 2da región, José Eduardo Carrera Alvim, también preso en la operación. Alvim concedió liminares favorables a las empresas de bingo. La Policía Federal afirma que el propio magistrado es “conocedor de la monstruosidad de esas decisiones”, cita.

En las investigaciones, la policía identificó una conexión electoral. Un policía civil –Marcos Bretas- habría sido encargado por “bingueiros” y “bicheiros” para centralizar la negociación de recursos para financiar candidaturas (aparentemente de diputados) a las elecciones de 2006. El viernes Estadao.com informó que en las investigaciones de la policía, los diputados Marina Magessi (PPS-RJ) y Simão Sessim (PP-RJ) fueron citados como supuestos beneficiarios de donaciones de bingos. Ambos lo niegan.

Se sospecha que Marina recibió el año pasado una donación de campaña del grupo del “bicheiro” Aílton Guimarães. En el interrogatorio, la policía sostiene que hay “indicios y pruebas” de la existencia de pagos “rutinarios” de lo que los brasileños denominan propinas a los parlamentarios para que hicieran lobby para liberar la explotación del juego.

Con respecto a este tema tan sensible, el sábado 21, el presidente de la Cámara de Diputados brasileña, Arlindo Chinaglia (PT-SP) sostuvo que “el brazo de la corrupción puede estar en cualquier poder” (Estadao.com, 21/4) (H). Un día antes el ministro de Justicia Tarso Genro, dijo que no se sorprendería con la supuesta participación de parlamentarios en el esquema de corrupción.

La apertura de una investigación se realizó conforme el oficio del procurador general de la República Antônio de Souza, encomendada al STF en 2006 y con inteligencia de la policia para “purificar los crímenes practicados por una organización criminal, compuesta por propietarios de locales de maquinas, ligadas al juego, intermediarios y servidores, dedicada a juegos de azar, intermediación ilegal de componentes electrónicos y practica de crímenes contra la administración pública”.

Además, la policía ya sabe que por lo menos una de las 25 en la operación tiene una cuenta bancaria en el exterior. Existe la sospecha de que otros cuatro sean beneficiarios de recursos depositados en paraísos fiscales. La policía recogió documentos y viene consultando unidades de inteligencia financiera de países con los cuales Brasil mantiene acuerdos de cooperación para convalidar la existencia de valores que pueden llegar a los 10 millones de dólares (Estado do Sao Paulo, 19/4) (I).

El nombre del beneficiario de la cuenta ya identificada es mantenido en silencio para no perjudicar las investigaciones. Pero el diario paulista sostuvo que se trata de uno de los presos que realizaban tráfico de influencia de la mafia en la judicatura. La cuenta fue descubierta con base en documentos recogidos en la operación de búsqueda e incautación desarrollada por el STF. Las incautaciones de casi 2 toneladas de documentos y archivos magnéticos rindieron más frutos para la investigación.

La Operación Têmis desnuda aún más la corrupción El viernes, la policía brasileña incautó una pila de documentos, discos rígidos de computadoras, una notebook y por lo menos cinco vehículos como parte de la Operación Têmis (por Themis, diosa griega de la Justicia, de la ley y del orden y protectora de los oprimidos), que busca combatir la supuesta venta de sentencias judiciales y lavado de dinero en San Pablo (Estado de San Pablo, 21/4). Fueron cumplidos más de 80 mandatos de búsqueda e incautación en casas y oficinas de 43 personas –entre magistrados y jueces federales, empresarios y abogados-, en las ciudades de San Pablo, Río y Campo Grande (MS). Las investigaciones no tienen relación directa con la operación Hurricane, aunque ambas investiguen casas de bingos.

Además de los mandatos de búsqueda, la policía pidió al Superior Tribunal de Justicia la prisión preventiva de los investigados, pero el ministro Félix lo negó. Entre los citados en el interrogatorio están los magistrados Alda Basto, Nery Júnior y Roberto Haddad, del Tribunal Regional Federal de la 3° Región, además de los jueces federales Maria Cristina Barongeno Cukierkon, de la 23°, y Djalma Moreira Gomes, de la 25° (K).

Según la policía, los citados formaron una organización criminal especializada en la compraventa y en la venta de liminares para beneficiar a las casas de bingo y empresas interesadas en obtener créditos tributarios. La investigación comenzó en agosto de 2006, después de una denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) de que empresarios conectados a bingos pagaban mensualidades que variaban de 20 mil a 30 mil reales para magistrados, jueces y una operaria de la Hacienda Federal, además de lobistas involucrados en el esquema. La supuesta cuadrilla contaría con la participación de policías civiles. Por lo menos diez decisiones judiciales que beneficiaron a bingos están bajo sospecha (J).

Los trabajos de la policía fueron interrumpidos hace cerca de un mes, cuando un policía civil avisó a algunos de los investigados sobre las escuchas.

Las averiguaciones indican que había un grupo de lobistas que trataba con la judicatura en nombre de los empresarios y casas de bingo. Los policías darían protección a las empresas además de ayudar en la búsqueda de informaciones para los lobistas. Una operaria de Hacienda quedaría responsable por la facilitación de los créditos tributarios. “Acontecía un pago mensual que era realizado por los interesados en conseguir decisiones favorables”, explicó Araújo.

A pesar del interrogatorio sigiloso, la policía admitió que los dueños de los bingos llegaron a pagar 150 mil reales a magistrados por una liminar que garantizaba el funcionamiento de las casas. Ahora, la policía analizará los documentos incautados y podrá pedir nuevamente la prisión de los investigados. “Tenemos fuertes elementos para inculpar a esas personas”, dijo el delegado Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, del grupo de Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal. Además de pruebas materiales y documentos, la policía tiene videos que refuerzan las acusaciones.

(h) http://www.estadao.com.br/ultimas/cidades/noticias/2007/abr/21/98.htm

(i) http://www.estadao.com.br/ultimas/cidades/noticias/2007/abr/20/281.htm

(K) http://www.opovo.com.br/brasil/688960.html

(J) http://br.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2007-04-20T234351Z_01_N20376332_RTRIDST_0_MANCHETES-CRIME-PF-FURACAO-BINGAO-POL.XML