Y no es para menos, pues durante más de 20 años de democracia tuvieron en sus manos la posibilidad desde el poder, de buscar soluciones a la crisis económica, responder a las necesidades sociales, ofrecer propuestas creativas al país, pero no lo hicieron pues sus prioridades se centraron en otros intereses. El resultado es que, a partir del 2000 no sólo fueron sobrepasados por la sociedad y sus formas de autorrepresentación y movilización, sino también fue el propio escenario electoral el que se encargó de echarlos a un lado del camino.

Así, los partidos que antes hegemonizaron el ámbito de decisiones se encuentran “como pan que no se vende”, recluidos a determinados espacios institucionales como el Parlamento, los concejos, la Asamblea o los discursos mediáticos, ejerciendo su derecho a sobrevivir como minorías y resistir a los embates de los cambios. Pero la forma partido también fue asumida por otras organizaciones alternativas como el MAS, el MIP o algunas otras recientes opciones.

Más allá de los importantes cambios que se avecinan en el sistema político boliviano, como la incorporación de mecanismos de democracia directa, participativa o comunitaria, las modificaciones en la actual estructura del Estado o bien, nuevas formas de representación política, éstas con seguridad no sustituirán las bases del funcionamiento de la democracia representativa, sino que irán a complementarla. Por tanto, los partidos o instancias de representación política mantendrán su protagonismo en los procesos de elección de autoridades y en la gestión estatal, como se establece en todas las propuestas de la Asamblea Constituyente. No nos referimos a los viejos partidos del sistema y sus antiguos liderazgos, que han sido arrasados por la realidad y por sus propios desaciertos, sino aquellas formas partidarias o representativas que emergen renovadas de la sociedad, para convertirse en los nuevos depositarios de la confianza ciudadana.

Mantener el financiamiento público puede parecer un contrasentido, pero las raíces del comportamiento nefasto de los partidos y su debacle no se deben al financiamiento, que más bien se asumió entre las medidas que intentaron poner orden al sistema partidario. La idea del financiamiento público a los partidos no sólo en Bolivia sino también en otros países, respondió a la necesidad de establecer un criterio de equidad en el acceso a los recursos, en segundo lugar abre la posibilidad de fiscalizar el manejo de recursos de estas entidades que han acudido a fuentes indiscriminadas, y finalmente, los obliga a mejorar el cumplimiento de sus funciones como la capacitación de su militancia, actividades de educación ciudadana, y finalmente responsabilizarse por los recursos utilizados. Con seguridad lo que faltó fue la aplicación rigurosa de estas medidas. Si pretendemos mejorar nuestro sistema de representación tendremos que fortalecer las reglas de juego, los límites al poder y tender a un manejo transparente de los recursos.